Democracia sin demócratas

Iniciada la campaña electoral oficialmente, el 30 de marzo, quisiera despejar un poco el ruido y el tufo de mugre que ha prevalecido hasta ahora, para hacer unas breves reflexiones acerca de las virtudes, limitaciones y riesgos de la democracia de cara a los comicios del 1 de julio.

Sigue siendo cierta la frase de Churchill, “la democracia es el peor sistema de gobierno inventado por el hombre a excepción de todos los demás”. En efecto, la democracia representativa liberal es el único sistema de gobierno capaz de conciliar la búsqueda del bien común con la defensa de las libertades individuales. Al mismo tiempo, existe el peligro de que la democracia se convierta en una “superstición basada en la estadística”, como lo espetó Borges; o bien que la democracia degenere en demagogia, como lo advirtió Aristóteles. En tiempos recientes hemos sido testigos de cómo algunas supuestas democracias se han transformado en autocracias (Venezuela, Nicaragua, Perú, Rusia, etcétera). ¿Y México?

Con o sin comillas, la democracia mexicana siempre ha vivido en la paradoja de la aspiración incumplida, la simulación o la regresión autoritaria. Así ha ocurrido desde la democracia descrita en el artículo tercero de la Constitución, seguida por la democracia de fachada, vigente durante las siete décadas del partido hegemónico; hasta el actual régimen con instituciones democráticas jurídicamente sólidas, pero sujetas a los constantes embates regresivos de partidos y candidatos, funcionarios públicos y grupos de presión.

Somos una democracia sin demócratas. Nuestro sistema de gobierno está sustentado en una estructura jurídica e institucional robusta, pero carece de una cultura democrática arraigada en los actores políticos y en la sociedad. Las leyes, instituciones y presupuestos que soportan el andamiaje de la democracia mexicana podrían compararse en tamaño y firmeza al Coloso de Rodas, pero con pies de barro. La falta de un soporte normativo enraizado en la idiosincrasia de la clase política y de la mayoría de los ciudadanos explica la baja calidad y fragilidad de la democracia nacional.

A partir de la efímera transición democrática, hasta el oscuro presente, existe amplia evidencia del desdén por los valores fundamentales de la democracia, sin los cuales dicho sistema de gobierno se convierte en una entelequia o en una máscara. Es deplorable que los candidatos de las tres coaliciones en contienda y los “independientes” hayan confirmado de manera fehaciente su falta de compromiso con los principios democráticos. La tolerancia, la honestidad y el imperio de la ley son conceptos que sólo sirven para adornar la vacuidad de sus discursos. En la vorágine de la ambición de poder, la trampa se vuelve norma, la simulación se convierte en estrategia y el cinismo se eleva a imperativo categórico.

Reducida a la aritmética y la mercadotecnia electoral, la democracia no sólo se denigra sino muere de asfixia al faltarle el oxígeno de su esencia normativa. Además, sabemos que la democracia representativa liberal está sustentada en la realización de elecciones libres y equitativas para la formación de gobiernos responsables que rindan cuentas ante los ciudadanos. Asimismo el cabal funcionamiento del estado de derecho es condición ineludible de la auténtica democracia.

En México, la organización de las elecciones, el conteo de votos y la información oportuna y precisa de los resultados es una labor titánica que el INE realiza con eficacia. Sin embargo, los delitos electorales suelen quedar impunes, al igual que los delitos penales cometidos por funcionarios públicos. La carencia de un auténtico estado de derecho es el hoyo negro de la democracia mexicana. Ello se agrava día a día con el aumento de la violencia política contra candidatos a puestos de elección popular: 70 asesinatos en lo que va del proceso electoral revelan un aumento de la infiltración del crimen organizado en los comicios de este año (Proceso 2159).

Hasta ahora, ninguno de los candidatos en contienda ha presentado ninguna propuesta seria y viable para combatir la violencia ni la corrupción, tampoco para reestructurar el sistema de impartición y procuración de justicia. ¿Qué han ofrecido para fortalecer la vulnerada legitimidad democrática, que pone en peligro la gobernabilidad del país?

Erigido en autócrata, Enrique Peña Nieto y su partido han puesto en marcha una estrategia para eliminar de la boleta a Ricardo Anaya, mediante el uso arbitrario de las instituciones del Estado. Por lo pronto, su idea es que José Antonio Meade ascienda al segundo lugar en las encuestas. De logarlo, no está claro si también pretendería evitar la probable victoria de López Obrador, “haiga sido como haiga sido”.

El candidato de la coalición Por México al Frente se ha defendido con determinación de la acometida presidencial, aunque no ha transparentado del todo el origen de su fortuna. Ha ofrecido crear una Fiscalía General autónoma para investigar y, en su caso, sancionar al actual mandatario por delitos de corrupción. También se ha comprometido a acabar con el “pacto de impunidad” y transformar el régimen político. No ha dicho cómo lo lograría. La forma en que evitó que Margarita Zavala contendiera por la candidatura del PAN a la Presidencia no acredita su vocación democrática.

La trayectoria e idiosincrasia del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia tampoco lo muestra como un demócrata. López Obrador ha practicado la “democracia a mano alzada” y utiliza la noción del “pueblo” para apoyar sus decisiones y voluntad, tal como suelen hacerlo los líderes populistas. Asimismo es proclive a la política de masas del cardenismo que consolidó el presidencialismo y el corporativismo, propios del autoritarismo priista. Todo ello hace dudar de su compromiso con la democracia representativa liberal.

Insisto: la sombra del caudillo-presidente no se ha disipado. Sin demócratas verdaderos, la democracia mexicana está en grave riesgo.

Este análisis se publicó el 25 de marzo de 2018 en la edición 2160 de la revista Proceso.

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