Las huellas del fraude dejadas por el PRI-Gobierno en el Edomex y… la indolencia del INE

La posibilidad de un nuevo fraude electoral, que ha señalado con insistencia el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, tiene base en los análisis de testimonios y cifras oficiales, tanto del desarrollo de votaciones recientes como del manejo de programas sociales en los niveles estatal y federal. Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE, muestra a Proceso las huellas que los operativos del PRI dejaron en los reportes a la autoridad electoral y lamenta que ésta decidiera no actuar para prevenir que se repitan esas conductas.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A las viejas artimañas priistas para ganar elecciones, como la compra masiva de votos y el uso de programas sociales para manipular la voluntad ciudadana, se suma ahora la conducta atípica de representantes de casilla que, expuestos también a la coacción, pueden ser la clave de un fraude electoral.

Las conductas irregulares durante las jornadas de votación son identificables en las estadísticas del Instituto Nacional Electoral (INE), tanto en recientes procesos locales como federales; sin embargo, dicho órgano se ha negado a investigarlas y a implantar medidas preventivas.

“En general la autoridad es omisa, no quiere investigar, no quiere ir al fondo de lo que está sucediendo. El INE, bajo el mandato de Lorenzo Córdova, quiere restringirse a ser un órgano electoral cuentavotos. No le interesa saber cómo llegan los votos, quién los llevó… es la lógica del haiga sido como haiga sido”, denuncia Horacio Duarte, representante de Morena ante el Consejo General.

A eso se refiere Andrés Manuel López Obrador cuando habla de la posibilidad de un fraude y exige a los gobiernos que se abstengan de realizarlo. Desde el pasado 1 de febrero, el candidato de la alianza Juntos Haremos Historia (Morena, PES y PT) habló acerca de esa posibilidad:

“Nos enfrentamos a políticos corruptos y a traficantes de influencias que no van a descartar ninguna estrategia perversa, como la compra masiva de votos. Ya lo han hecho en otras ocasiones: han utilizado dinero de procedencia ilícita, con la complicidad de los organismos electorales que se hacen de la vista gorda.”

Para evitar la eventualidad de un fraude electoral, anunció la designación de Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Julio Scherer Ibarra, Rabindranath Salazar y Bertha Luján como responsables de circunscripciones donde se encargarán de articular una estructura “cazamapaches”.

Sin duda la ocasión en que la advertencia de López Obrador causó más reacciones fue el 16 de marzo, cuando dijo en la Convención Nacional Bancaria:

“Yo tengo dos caminos, ya lo he expresado: Palacio Nacional o Palenque, Chiapas. Entonces, si las elecciones son limpias, son libres, me voy a Palenque, Chiapas, tranquilo. También si se atreven a hacer un fraude electoral, yo me voy a Palenque y a ver quién va a amarrar al tigre. El que suelte el tigre que lo amarre; ya no voy a estar yo deteniendo a la gente luego de un fraude electoral. Así de claro”, dijo.

–¿De qué está hablando López Obrador cuando advierte sobre la posibilidad de un fraude? –se le pregunta a Horacio Duarte.

–Nosotros hemos analizado todos los procesos electorales de los últimos años: 2006, 2012 y 2015, así como las elecciones locales de 2016-17. Encontramos dos cosas fundamentales: comportamientos atípicos en casillas, que van desde ausencia de representantes de casilla acreditados hasta participación ciudadana por arriba de 70%, así como compra masiva de votos a través de tarjetas de depósito. En ambos casos, las instancias electorales son omisas en investigar.

En su posicionamiento de la noche del 29 de marzo en la sesión del Consejo General del INE para aprobar los registros a candidaturas federales, Duarte volvió a llamar la atención hacia el asunto de las tarjetas y la vigilancia contra intromisiones gubernamentales que, a su parecer, deben ser fiscalizadas por el INE. Hasta ahora la autoridad electoral no ha atendido el reclamo.

Representación comprada

Desde 2006, el reclamo de realizar un recuento voto por voto y casilla por casilla reflejaba la desconfianza sobre el llenado de actas, una acción que necesariamente debía ser legitimada por los representantes de casilla y que jamás fue esclarecida.

Proceso y un grupo de ciudadanos pidieron, con fundamento en la Ley de Transparencia, que se les diera acceso a las boletas para realizar un recuento ciudadano de los votos que, aun sin validez jurídica para una impugnación, podría aclarar aspectos relevantes de la elección presidencial que terminó favoreciendo a Felipe Calderón. Pero todas las instancias del Estado mexicano cerraron las puertas al ejercicio del derecho de acceso, lo que mantuvo el asunto en la opacidad.

Ahora, con datos desagregados del INE, Duarte muestra conductas atípicas, particularmente en casillas localizadas en municipios rurales. Por ejemplo, el año pasado se identificaron en el Estado de México casillas en las que llegó a registrarse hasta 85% de participación ciudadana, cuando la media estatal es de 53%. La diferencia favoreció al PRI.

Otros datos extraños se encontraron en las elecciones locales y federales concurrentes de Chiapas en 2015. Como en todas las jornadas electorales, el INE registra la asistencia de representantes de casilla a las 12:00 y a las 18:00 horas, pero esa vez se encontró que, al mediodía, de 116 municipios 55 tenían menos de 5% de representantes en las casillas; en 11 municipios las casillas tenían entre 5 y 10% de representación, mientras que otros 50 municipios tenían entre 10 y 20%.

Sin embargo, a las 18:00 horas la representación en casillas había aumentado: sólo 46 municipios tenían menos de 5% de representantes y 10 municipios tenían en sus casillas representación de entre 5 y 10%. Pero a esa hora sólo quedaban siete con representación menor de 20% y otros siete con representación menor de 30%, pues para el cierre 20 municipios reportaron cerca de 50% de representantes y 26 más estaban casi al 100% de asistencia.

Al contrastar la baja representación en casillas y la conducta anómala con el promedio de participación ciudadana y el resultado electoral, hay un resultado simétrico. Esto puede observarse claramente en Zinacantán:

En las dos revisiones que el INE hizo de los registros de asistencia de representantes el día de las elecciones, prácticamente no hubo nadie en toda la jornada. Pese a ello, la participación ciudadana fue cercana al 100%, es decir, casi todos los electores acudieron a las urnas y votaron masivamente por el PRI, que ganó en todas las casillas de Zinacantán.

En ese municipio de Los Altos de Chiapas hay 23 mil 826 electores empadronados y en esa jornada electoral se colocaron 44 casillas. En promedio les tocó votar a 541.5 personas en cada una. Para alcanzar la participación ciudadana cercana al 100% esas personas tendrían que haber votado de manera ininterrumpida desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde, en el supuesto de que cada elector se demorara un minuto con 10 segundos, cuando el promedio de estancia en casilla de un votante es tres veces superior.

Duarte explica: “Encontramos que, en general, el comportamiento atípico de mucha participación y, en consecuencia, muchos votos para el PRI, tiene como lógica poca presencia de partidos distintos al PRI en las casillas. Para nosotros es un tema fundamental, pues se alteran los resultados en las casillas, derivado de la nula vigilancia electoral de los partidos, aun cuando han acreditado representantes.

“Digámoslo así: el PRI se despacha con la cuchara grande, y eso puede incluir que la gente no llegue a votar, que se falsifiquen las actas, que se inventen los resultados, para que con ello el PRI garantice la victoria en un territorio. Es la constante que encontramos.”

Los datos ofrecidos a Proceso muestran que las elecciones federales de 2015 siguieron la misma dinámica en Guanajuato, Oaxaca, Veracruz y Yucatán, sin que –a decir de Duarte– Lorenzo Córdova y otros consejeros electorales tomen medidas para corregir esa situación.

Testimonios desde el Edomex

La noche del 3 de junio de 2017 Yeni Santiago recibió la visita de activistas del PRI que le ofrecieron la llamada Tarjeta Rosa. Por la calle de su barrio, en Temascalcingo, el grupo había repartido despensas con listados en los que recogían datos de las credenciales de elector.

Yeni se negó a entregar la suya y sólo obtuvo una promesa de cartón. Le entregaron una tarjeta para que en el futuro la activara y recibiera el famoso Salario Rosa con poco más de mil pesos bimestrales.

Al siguiente día, junto con su hija y unos vecinos observó el conteo de votos en la casilla céntrica de la localidad. Delfina Gómez llevaba una ventaja irreversible. Sin embargo, todavía está sorprendida de que, al volver un día después, encontró que el resultado se había invertido.

El testimonio de Yeni Santiago está videograbado, igual que el de decenas de personas que en otros municipios recibieron la visita nocturna de priistas con tarjetas de cartón y cargados de despensas. Los relatos, grabados hacia finales del año pasado, coinciden en sus detalles y en que hasta la fecha ninguno ha recibido los recursos que le prometieron.

De acuerdo con el representante de Morena ante el INE y dirigente del partido en el Estado de México, la compra del voto y el uso de programas sociales en los días previos a las elecciones es una realidad, aunque el candidato del PRI, José Antonio Meade, haya asegurado el pasado 28 de marzo: “Aquí jugamos limpio”.

La estrategia descrita por Duarte consiste en la entrega de numerosas tarjetas monedero electrónico a usuarios de programas sociales. Esa distribución, dice, impacta en los resultados de la elección.

“Algo que demostramos en el Estado de México es que se entregan tarjetas sin nominación, se depositan millones a las cuentas concentradoras y no puedes rastrear el dinero; no puedes saber si llegó a una familia que lo requería o si lo usaron para pagar la estructura del PRI.”

Estos datos coinciden con los de algunos programas sociales. Mediante el de apoyo a la mujer se pagó a 6 mil beneficiarios, y con el federal Prospera se depositaron recursos a 11 mil personas: suman 17 mil beneficiarios no identificados con tarjetas bancarias innominadas en una entidad donde se colocaron 17 mil casillas electorales.

Para Duarte, los testimonios, los registros del propio INE y los datos de los programas en el Estado de México indican la presencia de tres conductas anómalas: casillas de comportamiento y resultados atípicos, uso de programas sociales y el pago de la estructura del PRI dentro de esos programas sociales.

–¿Qué ha hecho el órgano electoral con esos datos? –se le pregunta.

–Muy poco. La autoridad electoral siempre exige que demuestres, casi con foto, quién entregó el dinero, a qué ciudadano y cómo votó, que te muestre su boleta. Es un asunto imposible de probar de esa forma.

En vista de ello, Morena consiguió que, al encontrar evidencia de que numerosos beneficiarios de programas sociales fueron representantes de casilla del PRI, la autoridad electoral le diera vista a la Fiscalía Especializada Para la Atención a Delitos Electorales, pero sin resultados.

“Nos parece un retroceso porque, por facultad legal y constitucional, el INE debe garantizar la equidad en la contienda y que los gobiernos no intervengan en la elección, que no usen recursos públicos. Pero con Córdova no hay ganas, no quieren. Su visión es que el INE sólo debe contar votos, es un cuentavotos exclusivamente.”

Y se extiende: “El INE se viene desgastando en su credibilidad de manera estrepitosa. Sostengo que no se convierte en un verdadero árbitro, que sólo está viendo cómo los partidos entran en debate y se destrozan, cómo los candidatos lo utilizan… y el árbitro no entra a hacer nada, simplemente los deja hacer”.

Añade que Morena ha resentido esas conductas concatenadas (anomalía en representantes, padrón de programas sociales empatado con estructura del PRI, compra de voto) particularmente en el Estado de México, pero observa que también se aplicó en contra del PAN en Coahuila, donde a decir de Duarte el partido del presidente Enrique Peña Nieto jugó al filo de la legalidad.

Sin embargo, expone que en Zacatecas la actuación de los priistas fue especialmente violenta, pues usaron armas de fuego y guerra sucia contra el candidato de Morena:

“Coahuila nos sirve para ejemplificar cómo este acuerdo que tenía Ricardo Anaya con Peña Nieto se empezaba a romper, a resquebrajar por la disputa de esa gubernatura. Entonces creo que el PRI ensayó con los dos casos, con dos métodos distintos, que en su lógica fueron exitosos.”

–¿Hay elementos legales para combatir la compra de voto y de representantes?

–Es mandato constitucional. El INE debe velar por algo abstracto que debe materializarse en temas concretos. La Constitución dice que debe haber elecciones periódicas, libres, con voto informado y razonado. Esa es la principal herramienta, que parece teórica, pero cuando revisas la ley (el INE) tiene una serie de facultades para intervenir, para sancionar. El INE lo sabe, pero no las quiere usar.

Por ejemplo, dice Duarte, hay un precedente con el pronunciamiento del INE sobre los videos de la PGR que afectaban a Ricardo Anaya, porque es la primera vez que el órgano electoral pone en debate la acción de un gobierno o dependencia para decir que se afecta la equidad de la contienda.

“Lo mismo ocurre con otros intervencionismos, intromisiones en el proceso, pero lo raro es que el INE no quiera actuar parejo (cuando hay intromisión oficial) contra todos los actores.”

En eso funda la insistencia de Morena y de López Obrador:

“Lo que no queremos que ocurra es que Peña Nieto apachurre el botón rojo y active toda la maquinaria. Es claro que el PRI no modifica los resultados en todos los millones de votos, le basta mover unos cuantos puntos porcentuales y obtener el resultado que desea.”

Finalmente, Duarte lamenta:

“Tenemos tres autoridades: el INE, el Tribunal Electoral y la FEPADE. El caso del tribunal es patético: está al
servicio del PRI, con magistrados que estuvieron a su servicio en procesos electorales recientes. Tenemos una FEPADE lastimada en su independencia por la remoción de Santiago Nieto y que carece de autoridad moral o política para imponerse en la persecución de delitos. Y, en el caso del INE, se está debatiendo en decidir si aprovecha la posibilidad de pasar a la historia como una institución que recobre la confianza ciudadana o una autoridad autista. Con ese escenario, la posibilidad del fraude está latente”.

Este reportaje se publicó el 1 de abril de 2018 en la edición 2161 de la revista Proceso.

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