CIUDAD DE MÉXICO (apro).- México sufre una crisis de confianza en sus instituciones públicas, la cual ha escalado en la última década, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En su reporte, elaborado de forma conjunta con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (Cepal) y el Banco de Desarrollo de América Latina, en colaboración con la Comisión Europea, y titulado Perspectivas económicas 2018: Repensando las instituciones para el desarrollo, el organismo señala que, mientras en 2006 la proporción de población que expresa confianza en el gobierno nacional fue de 43%, para 2016 dicho porcentaje cayó al 28%. Eso no es todo. La confianza en el sistema judicial y los tribunales del país se situó en 32% en 2016, mientras que hace 10 años el porcentaje ascendió a 35%. Lo peor es que el porcentaje de mexicanos que considera que la corrupción se encuentra extendida a lo largo y ancho del país se elevó de 75 a 85% en el periodo referido. Para ponerlo en perspectiva, esa proporción supera al promedio de los países de América Latina y el Caribe, así como a los miembros de la OCDE. Mientras que la confianza en las instituciones es de las más bajas comparadas con las economías latinoamericanas y las avanzadas adscritas al organismo encabezado por José Ángel Gurría. Es la misma situación en cuanto a la participación y rendición de cuentas, así como en la estabilidad política. De acuerdo con los organismos, tres de cada cuatro ciudadanos de América Latina tienen poca o ninguna confianza en sus gobiernos. Mientras que “alrededor de 80% cree que la corrupción está extendida en las instituciones públicas. Estas cifras se han deteriorado desde niveles de 55 y 67% en 2010, respectivamente. La desconfianza ciudadana crece y está llevando a una desconexión entre sociedad e instituciones públicas, poniendo así en riesgo la cohesión social y debilitando el contrato social”. Las tres organizaciones señalan el papel fundamental que desempeñan las instituciones para superar la trampa del ingreso medio –es decir, la desaceleración del crecimiento que tiene lugar después de alcanzar niveles de renta media– en la que se encuentran actualmente la mayoría de las economías de América Latina y el Caribe. “Los países de otras regiones que lograron superar con éxito esta trampa invirtieron en instituciones sólidas, profundizaron su integración con la economía mundial y, en algunos casos, se beneficiaron de un financiamiento externo significativo para respaldar la inversión pública”, se explica en el informe. En México no es la situación. Durante la última década, una cuarta parte de la población se mantuvo en la clase media, es decir, con ingresos diarios per cápita de 10 a 50 dólares. Para la OCDE, “esto significa que México se ha mantenido relativamente estancado en cuanto a mejoras de las condiciones materiales del bienestar (o de ingresos) y a la movilidad social de la población”. En educación y hospitales, cae satisfacción Dentro de los aspectos positivos, México avanzó en cuanto a la satisfacción de los ciudadanos respecto de los servicios públicos entre 2010 y 2015. La mala noticia es que, en 2015, cerca de 58% de la población dijo estar satisfecha o muy satisfecha con la educación pública, y 46% expresó lo mismo respecto de los hospitales públicos, lo que significa una reducción respecto de 2010. “La influencia de la clase media en la agenda política, impulsada por aspiraciones más altas, expectativas crecientes y demandas cambiantes, puede ser incluso mayor de lo que sugieren las estadísticas y explicar la creciente insatisfacción con la calidad de los servicios públicos”, acotó el informe. La OCDE propuso repensar las instituciones en América Latina y reconstruir un nuevo nexo “Estado-ciudadanos-mercado” basado en tres ejes. En primer lugar, consideró que se requieren instituciones más sólidas para superar la trampa del ingreso medio y aumentar la productividad a través de inversión en infraestructura, habilidades, tecnología e investigación y desarrollo para estimular la innovación, la competencia y mejores empleos. Para ello, sugirió diversificar su estructura de producción e incrementar su valor agregado. “Una mayor integración regional y mundial es clave, especialmente aprovechando el prometedor diálogo entre iniciativas de integración regional, como la Alianza del Pacífico y Mercosur, y entre la región y otros bloques comerciales”, planteó. En segundo lugar, aseguró que renovar el contrato social en América Latina exige reforzar la credibilidad y la capacidad de los Estados para luchar contra la corrupción, prestar mejores servicios y responder a las demandas de los ciudadanos. Finalmente, señaló que el uso de nuevas tecnologías para fomentar la innovación en el sector público puede ayudar a reconectar el Estado con los ciudadanos y a prepararse a los desafíos futuros. Esto implica, por ejemplo, involucrarse más con la sociedad civil a través de nuevas plataformas tecnológicas, promover las políticas de gobierno abierto y utilizar de manera más extensa los análisis de big data en el diseño de políticas públicas.