CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras la denuncia que hizo El Barzón por las amenazas de muerte contra dos de sus integrantes en Chihuahua, diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos exigieron a los gobiernos federal y estatal que tomen las medidas necesarias para garantizar la vida de los afectados. La semana pasada los barzonistas dieron a conocer que integrantes de la familia LeBarón “pusieron precio a la cabeza” de Martín Solís Bustamante, actual director de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural en el gobierno estatal, y de Eraclio Rodríguez, candidato a diputado de Morena por el Distrito VII. El problema entre los barzonistas y los LeBarón es por la disputa del agua en la región noroeste, específicamente por el líquido de la cuenca del Río del Carmen, que surte a pozos de los municipios de Namiquipa, Riva Palacio, Buenaventura y Ahumada, en Chihuahua. En el caso del rancho La Mojina, propiedad de cinco integrantes de la familia de mormones liderada por José Francisco LeBarón Soto, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha reconocido que tiene por lo menos nueve pozos que operan de manera ilegal. “El Barzón ha denunciado reiteradamente a la familia LeBarón de estar relacionada con la explotación ilegal de pozos de agua en la cuenca del Río del Carmen, formada por los acuíferos Flores Magón y Santa Clara, en los municipios mencionados, que están llevando a los límites de sobre explotación el acuífero de la zona”, destacaron las organizaciones en un comunicado de prensa. Sin embargo, añadieron, las omisiones de la Conagua, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), organismos desconcentrados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, “cuyo deber es inspeccionar y vigilar estas obras hidráulicas, así como aplicar las sanciones correspondientes, han empeorado la conflictividad en la región, acrecentando el clima de inseguridad, persecución, hostigamiento e intimidación en contra de algunos miembros de El Barzón”. Los activistas exigieron al gobernador Javier Corral y al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rafael Adrián Avante Juárez, entre otros, que garanticen la vida e integridad física de Solís y Rodríguez. A Roberto Ramírez de la Parra, director general de la Conagua, y a Guillermo Haro Bélchez, titular de la Profepa, les pidieron ejercer con prontitud y efectividad su deber de inspeccionar y vigilar esas obras hidráulicas, así como aplicar las sanciones correspondientes.