Imperativo, que el Estado cumpla de buena fe con las órdenes del tribunal sobre caso Ayotzinapa: AI

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), lamentó que el gobierno de Enrique Peña Nieto no haya comprendido el alcance de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en Tamaulipas sobre el caso Ayotzinapa.

En un comunicado, la organización resaltó que el ordenamiento de crear una comisión de la verdad y la justicia para el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas en Iguala “es un precedente importante que podría, sujeto a ciertas condiciones, iniciar un cambio sustancial en la forma de investigar graves violaciones a los derechos humanos”.

Guevara Rosas puntualizó que con la sentencia “parece quedar demostrada que la teoría del caso de la Procuraduría (General de la República), referida al supuesto asesinato e incineración de los estudiantes en un basurero en Cocula, es poco creíble y es mantenida solamente a costa de ignorar las pruebas y alterar la evidencia”.

Sin embargo, lamentó que la primera reacción de la PGR haya sido “manifestar públicamente su desacuerdo con la sentencia, en vez de establecer una ruta clara para su cumplimiento”, lo que puede significar “que el gobierno de México no ha entendido su responsabilidad en la investigación y sanción en este caso de graves violaciones a los derechos humanos”.

Aplaudió que la decisión judicial “representa un avance importante en la búsqueda de verdad, justicia y reparación para los 43 estudiantes que fueron desaparecidos forzosamente la noche del 26 de septiembre”.

Para la defensora, entre las cualidades de la sentencia es que “asume correctamente que las víctimas son un actor central en los procesos de verdad, justica y reparación, y que su participación constante enriquece y facilita la investigación de los casos y el acceso a la justicia”, por lo que “es imperativo que el Estado cumpla de buena fe con las órdenes del tribunal”.

Amnistía Internacional advirtió que la importancia de la resolución va más allá del caso Ayotzinapa, ya que el análisis de los magistrados confirmó que “en México no hay una Fiscalía independiente, y que la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes ha sido profundamente defectuosa y no ha tomado en consideración las líneas de investigación adecuadas”.

De igual manera, precisó que entre las fallas más graves de la investigación realizada por la PGR y detectadas por el Tribunal resaltan las “coincidentes y reiteradas alegaciones de tortura, la sustentación de la acusación casi exclusivamente a través de confesiones incriminatorias, y la omisión de investigar los hechos y a autoridades relevantes para el caso, incluyendo a miembros de la Policía Federal, el Ejército y la Marina”.

Falencias como las descritas fueron elementos considerados por los magistrados para ordenar una “comisión indagatoria especial”, que es “un mecanismo que se utiliza algunas veces para garantizar investigaciones adecuadas de delitos de derecho internacional cuando hay sospechas de que los mismos podrían haber sido cometidos por agentes del Estado, o cuando los órganos tradicionales de investigación se han mostrado incapaces para cumplir su función de manera adecuada”, apuntó.

Según Amnistía, el fallo judicial estuvo sustentado en el Protocolo modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias (Protocolo de Minnesota), la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y el derecho constitucional mexicano.

Asimismo, resaltó que el Tribunal tomó en consideración los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y coincide con los informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) sobre el caso.

Recordó que, de acuerdo al ordenamiento judicial, la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia estará conformada por representantes de las víctimas, el Ministerio Público y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), además de que podrán incorporarse otras organizaciones internacionales de derechos humanos.

La sentencia también instruyó que sean los representantes de las víctimas y la CNDH quienes determinen las líneas de investigación a seguir y las pruebas a practicarse, además de que serán quienes validen las investigaciones.

Otras medidas de relevancia para Amnistía Internacional son las ordenadas para garantizar los derechos de acusados y víctimas, entre ellas “la investigación pronta e imparcial de las alegaciones de tortura, la correcta valoración de las confesiones, el estudio de la legalidad de las detenciones y de la tardanza injustificada en poner a los detenidos ante una autoridad competentes, y la evaluación del cumplimiento del derecho a contar con representación letrada efectiva”.

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