Caso Ayotzinapa: Rectificación, pide la CIDH al Estado mexicano

El miércoles 6, dos días después de que el Primer Tribunal Colegiado con sede en Tamaulipas dio a conocer su resolutivo sobre el caso Ayotzinapa –que echa por tierra la “verdad histórica de la PGR–, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó en Washington el informe del “Mecanismo de Especial de Seguimiento del Asunto Ayotzinapa”, documento que enumera las múltiples inconsistencias en las investigaciones y exhibe las insostenibles versiones del Estado mexicano. A juzgar por el desaseo de las indagatorias, el Mecanismo recomienda corregirlas e impulsar nuevas hipótesis.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Con un contenido apegado a estándares internacionales de derechos humanos, la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, confirma las irregularidades y deficiencias de la investigación detectadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en sus informes de septiembre de 2015 y abril de 2016.

Hasta ahora, la Oficina para el Caso Iguala de la Procuraduría General de la República (PGR) no ha subsanado esas irregularidades, según corrobora el informe del Mecanismo de Especial de Seguimiento del Asunto Ayotzinapa (MESA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El documento fue presentado el miércoles 6 en la sede de la CIDH en Washington. El evento lo encabezó la presidenta del organismo regional, Margaret May Macaulay, a quien acompañaron los comisionados responsables del MESA, Esmeralda Arosamena y Luis Ernesto Vargas, así como el secretario ejecutivo de la Comisión, Paulo Abrâo.

Para entonces ya era del conocimiento de los comisionados el contenido sustancial del resolutivo judicial del Tribunal Colegiado, con sede en Tamaulipas, dado a conocer el lunes 4, que aplaudieron y consideraron como fundamental para deshacerse de la “verdad histórica”, según la cual los estudiantes fueron calcinados en el basurero de Cocula y sus cenizas vertidas en el río San Juan.

Al respecto, “el Tribunal la ha señalado como una verdad insostenible”, apuntó Arosamena en su intervención.

La sentencia judicial da la razón a los señalamientos del Mecanismo, que durante un año revisó 400 de los 540 tomos del expediente del caso Iguala hasta noviembre de 2017, y que realizó cinco visitas técnicas y otras tantas de los comisionados, con el propósito de monitorear el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los dos informes del GIEI en materia de investigación, búsqueda, atención a víctimas y medidas estructurales para evitar la repetición.

El documento fue presentado previamente a las partes –el Estado mexicano y los representantes de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, así como a los centros de derechos humanos Tlachinollan, Agustín Pro Juárez, José Morelos y Pavón y la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos–, quienes hicieron aportaciones antes de la publicación.

“La CIDH nota que, en una declaración de un policía estatal, éste indica que la policía estatal custodiaba el basurero de Cocula desde el 5 de octubre de 2014”, dato que “no habría sido contrastado ni investigado a profundidad por las autoridades, a pesar que desde la noche del 26 de septiembre de 2014, la PGR y la Fiscalía del estado de Guerrero contaban con carpetas de investigación abiertas”, indica al informe del MESA.

(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2171, ya en circulación)

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