Comité Ciudadano llama a “vigilar estrictamente” el desempeño de la Sala Superior del TEPJF

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Comité Conciudadano para la Observación Electoral llamó a “vigilar estrictamente” el desempeño de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y denunciar cualquier acto o decisión que aleje a este órgano “de la recta conducta que todo órgano de justicia debe tener”.

El Comité hizo el llamado a todos los mexicanos, organismos internacionales, asociaciones de abogados, organizaciones de la sociedad civil, observadores electorales y expertos en derecho electoral, tomando en cuenta que la Sala Superior del TEPJF “se encuentra históricamente en deuda” con el desarrollo del estado de derecho democrático del país, porque no ha contribuido a generar confianza ni hacia su trabajo ni hacia el proceso electoral.

En un comunicado precisó que, desde su puesta en marcha para arbitrar las elecciones de 1997, la Sala Superior no ha cumplido con su obligación principal: evitar la falta de certeza y garantizar la absoluta libertad de sufragio. “Hoy existe una fuerte desconfianza entre la población con relación a la libertad electoral, así como a la pulcritud y corrección con la que se llevan a cabo las elecciones en el país”.

De acuerdo con el Comité, existen algunas “señales ominosas” sobre la actuación de la Sala Superior en funciones que ponen en tela de duda su imparcialidad e independencia.

Por ejemplo, subrayó, poco después de haber sido designados y mediante un acuerdo político poco transparente y de dudosa legitimidad constitucional, el nombramiento de algunos de sus integrantes se amplió de tres a siete y de seis a ocho años, pasando por alto las reglas constitucionales que fundaron el procedimiento por el que fueron convocados a participar en el proceso de selección

“Esta maniobra legislativa sirvió de marco para que la Sala Superior resolviera que las elecciones celebradas en los estados de México y Coahuila en 2017 fueron impecables, pasando por alto todas las evidencias de compra y coacción del voto que se acumularon a lo largo de esos procesos”.

La nueva Sala Superior del TEPJF se inauguró “avalando las peores prácticas de nuestra tradición electoral y que significaron un retroceso de por lo menos 30 años”, abundó.

Además, echó para atrás las medidas aprobadas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), conocidas como “piso parejo”, que no tenían otro objetivo que buscar una mayor equidad en la contienda, desincentivando y obstaculizando la compra y coacción del voto, lo que genera serias dudas sobre la voluntad o el propósito de su actuación.

De igual manera, prohibió que cualquier otra autoridad electoral del país, incluido el INE, maximice la protección de los derechos humanos (jurisprudencia 14/2018). Para la Sala Superior, el acceso a la protección de los derechos humanos debe restringirse y no ampliarse, lo que significa “una violación a la obligación que la Constitución les impone”.

Según el Comité –integrado, entre muchos otros por Miguel Concha, José Antonio Crespo y Clara Jusidman–, la Sala Superior también se otorgó facultades inmensas para anular las elecciones en el país, al ordenar que, en el caso de que la diferencia entre el primero y el segundo lugar en una elección sea menor de 5% de los votos y alguien alegue la causal de nulidad por rebase de más del 5% de los gastos de campaña autorizados, corresponde a quien va a la delantera probar que no ha rebasado los topes de campaña (jurisprudencia 2/2018).

En ese sentido, apuntó, “resulta preocupante que la Sala Superior renuncie a sus obligaciones de ordenar las investigaciones más exhaustivas y completas en materia de fiscalización”.

Sobre la candidatura independiente de Jaime Rodríguez, destacó que la Sala Superior la aprobó a pesar de la gran cantidad de irregularidades que el INE detectó en la recolección de firmas.

Peor aún, se trata de un aspirante a la presidencia de la República “que expone en forma impune posturas, puntos de vista y criterios abiertamente contrarios al régimen constitucional de derechos que caracteriza a México y que la propia Constitución prohíbe”.

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