OAXACA, Oax. (apro).- El polémico presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Oaxaca, Raúl Bolaños Cacho Guzmán, enfrenta una nueva acusación de los propios magistrados que le exigen transparentar alrededor de 70 millones de pesos que retiró, sin su consentimiento, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público correspondiente al Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenidos a los trabajadores correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014. El padre del senador electo del PRI como primera minoría, Raúl Bolaños Cacho Cué, también enfrenta un litigio con el doctor en derecho, Rafael García Zavaleta, quien ganó un amparo del Poder Judicial Federal donde lo acusa del delito de “ejercicio indebido de funciones” y contra el pleno del Tribunal Superior de Justicia por “abuso de autoridad”. García Zavaleta advirtió que podría solicitar la desaparición de poderes en Oaxaca dado que el Judicial que preside Bolaños Cacho está constituido de manera ilegal porque al jubilarse dejó de ser magistrado y no se sometió a examen de oposición, ni estuvo integrado a una sala al menos tres años como marca la ley. Según el oficio TJAO/P/119/2018, fechado el 25 de abril de 2018 y firmado por la magistrada María Elena Villa de Jarquín, encargada del despacho de la presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa, se solicita la devolución del ISR de tres años -2012 a 2014- cantidad que supera los 70 millones de pesos y que el presidente del TSJ se niega a transparentar. La magistrada hizo hincapié en que los magistrados y base trabajadora se enteraron de este retiro de dinero cuando Bolaños Cacho Guzmán rindió su informe anual de actividades en 2017, mismo que indica en la página 55: “Recursos no presupuestales. Se analizó e implementó la aplicación del beneficio contenido en el decreto publicado el 5 de diciembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, consistente en generar saldos a favor mediante la presentación de declaraciones complementarias del pago del Impuesto sobre la Renta, retenido en cada uno de los meses de los ejercicios 2012, 2013 y 2014, conforme al procedimiento del decreto, generando en forma paulatina un estímulo mensual…” Los magistrados del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Oaxaca, Alfredo Lagunas Rivera, Rogelio Morales Cervantes y Leandra Jaquelina Ortega Ramírez, se deslindaron de tal situación porque “en ningún momento se autorizó la contratación de los servicios de algún despacho para la asesoría e implementación en la determinación y compensación de saldos a favor del ISR” en consecuencia “se les instruye suspender cualquier pago o gasto con cargo a los recursos recuperados”. Esto provocó que el presidente del Tribunal Superior de Justicia solicitara la renuncia de los magistrados y enviará una presunta iniciativa del ley para desaparecer el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Oaxaca. Sin embargo, un documento en poder de Apro con firmas de magistrados exige al presidente del Tribunal Superior de Justicia explique en qué aplicó los alrededor de 70 millones de pesos que el gobierno regresó a través de la secretaria de finanzas al poder judicial. De igual forma, piden que explique por qué lo hizo a través de la empresa Monitor Administrativo Logístico Sociedad Civil a la que presuntamente le pagaron 16 millones de pesos para que hiciera la recuperación de los 70 millones de pesos. Aclararon que “desde luego es un pago que no autorizó el pleno del consejo de la judicatura por ser un gasto excesivo en estado pobre y porque esa empresa ‘se dedica más al tema de sistemas de agua potable y de alcantarillado que a la búsqueda fiscal de recursos de entidades federativas. Nunca ha hecho alguna’”. El magistrado Rogelio Morales explicó que a los trabajadores se les debería regresar ese dinero, pero al no ser devuelto se entiende que están haciendo mal uso de ese Impuesto Sobre la Renta. “Ahora quienes exigen dónde está ese dinero es todo el pleno del magistrados porque no fue autorizado por los trabajadores y hasta podría constituirse en un delito”. Precisó que todavía no hay ninguna acusación formal contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia y “ya se están espantando con el petate del muerto. Solo hacen un llamamiento a transparentar qué se hizo con ese dinero o en qué cuenta bancaria o campaña fue a parar”. En respuesta, Bolaños Cacho Guzmán pretende desaparecer el Consejo de la Judicatura con el argumento que cuesta 660 millones de pesos cuando en realidad solo tiene dos plazas, una del poder Legislativo y otra del Ejecutivo. Solo se quedó con la parte administrativa, lo que significa que la Judicatura ejerce alrededor de 5 millones de pesos como ejercicio anual. Por lo pronto, los inconformes adelantaron “estamos examinando presentar la denuncia porque los directores de cada área tardaron en entregar la información, mientras el consejo de la judicatura suscribimos un escrito para que no se haga uso de ese dinero. Que se detenga, se congele hasta que se termine de revisar cuentas”.