MONTERREY, N. L. (apro).- Tres mandos penitenciarios de Nuevo León, acusados de homicidio calificado tras la masacre de 49 personas perpetrada el 10 de febrero del 2016 al interior del Penal del Topo Chico, fueron absueltos hoy por un Tribunal Colegiado que no encontró elementos para responsabilizarlos del hecho. Los procesados laboraban en el mismo sitio del incidente y son: el excomisario de Administración Penitenciaria, Jesús Fernando Domínguez Jaramillo; la exdirectora de la penitenciaría, Gregoria Salazar; y el exsubdirector, Arturo Bernal; todos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, instancia que administra los centros de readaptación social en la entidad. Al ser dictada la sentencia, los dos sujetos se encontraban en la misma penitenciaría y al momento de ser notificados del fallo, quedaron libres. La mujer asistió por videoconferencia a la audiencia desde el penal femenil de Cuernavaca, a donde fue enviada. Se esperaba que, en las próximas horas, tras cumplir con trámites administrativos, fuera excarcelada. Una fuente cerca al caso señaló que al recibir sentencia absolutoria por el delito por el que era imputado, Domínguez Jaramillo presentará una demanda de reinstalación contra el gobierno de Nuevo León y pedirá el pago de los salarios caídos desde el 12 de febrero de ese año, cuando fue, según dijo, “arbitrariamente apresado” por presuntamente haber participado en los hechos violentos. La masacre al interior de la más antigua de las tres penitenciarías administradas por el estado de Nuevo León inició por una riña interna entre miembros del cártel de los Zetas que se quisieron apoderar del control del reclusorio. La administración estatal explicó que Juan Pedro Farías, El Z-27, pretendió arrebatarle el liderazgo a Jorge Iván Hernández Cantú, El Creo, lo que desató una matanza de internos, que fueron ultimados con armas contundentes y punzantes, principalmente. Tras el hecho, los tres mandos fueron detenidos y acusados de homicidio calificado, por permitir que ocurriera el hecho sangriento, el primero de su tipo en la administración de Jaime Rodríguez Calderón, quien tomó posesión como gobernador en octubre del 2015. Luego del arresto, Domínguez y Bernal fueron trasladados al Penal Federal de Tepic, pero se ampararon. Entonces, el primero regresó al penal de Topo Chico en noviembre del año pasado y el segundo, en este 2018. En tanto, Salazar permanecía en la penitenciaría de Morelos. El juicio contra estas personas inició el lunes pasado y el desahogo concluyó ayer jueves con los alegatos de clausura. Este viernes, el Tribunal Colegiado dictó la sentencia de libertad.