COLIMA, Col. (apro).- La diputada panista Martha Leticia Sosa presentó ante el Congreso local una iniciativa de reformas legales con el propósito de regular la asignación de la publicidad oficial en esta entidad. La propuesta plantea establecer la prohibición de asignaciones directas o invitaciones restringidas para la contratación de publicidad oficial, que en todos los casos tendría que determinarse con base en licitaciones públicas. Con ese objetivo, la legisladora expuso la necesidad de modificar la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, así como la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima. Igual argumentó que una de las deficiencias más trascendentales es la falta de regulación de la difusión que realizan los entes públicos en los tres niveles de gobierno, lo que se requiere para garantizar que la publicidad y propaganda gubernamental conserven un carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, así como evitar su uso para la promoción personalizada de servidores públicos. Sosa Govea fundamentó su propuesta en diversas disposiciones en ese sentido establecidas en el párrafo octavo del artículo 134 de la Carta Magna, y en los párrafos segundo y tercero del artículo 136 de la Constitución Política de Colima. De estos ordenamientos, dijo, se deriva la necesidad legal de contar con reglas claras sobre la manera de ejercer el gasto en comunicación y difusión para preservar los principios de imparcialidad y equidad en la competencia política y garantizar el respeto de la libertad de expresión y el ejercicio del derecho a la información. “Lo anterior es destacable —añadió la legisladora— debido a que, como sucede a nivel nacional, en el estado de Colima se han dado a conocer casos que reflejan el uso intencionado de los recursos públicos de comunicación gubernamental para favorecer a ciertos medios y plataformas de comunicación y asfixiar a los que no son del agrado de los gobernantes en turno”. Enseguida mencionó como el caso más emblemático el de la queja presentada el 10 de octubre de 2012 por el director general del diario Avanzada, Juan Gabriel Moctezuma Castellanos, ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), en la que se expone que, desde su perspectiva, el gobierno del estado discriminó en reiteradas ocasiones a su editorial por las críticas a la gestión en turno, queja que acompañó con pruebas de que el Ejecutivo del estado otorgaba “premios” o “castigos” a los medios, dependiendo de su orientación editorial. Cuatro años después, en diciembre de 2016, la CDHEC emitió la recomendación 08/2016 en la que solicitó al gobierno estatal emitir lineamientos claros y criterios objetivos, imparciales y transparentes, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades en el otorgamiento y distribución de publicidad oficial a favor de los distintos medios de comunicación. De acuerdo con Sosa Govea, con esto se comprobó que el Ejecutivo estatal hacía uso de los recursos públicos “de manera intencionada para coartar la libertad de expresión y el derecho a la información, al favorecer económicamente a ciertos medios y plataformas, así como castigar y debilitar a otros”. También indicó que, tras una revisión exhaustiva a la legislación de Colima, se concluyó que no existe precepto legal o disposición que regule o aclare los mecanismos de contratación de propagada gubernamental, ni el contenido de éstos, lo que afecta principalmente a los medios de comunicación. En consecuencia, las empresas de comunicación más pequeñas o de reciente creación que realicen críticas al gobierno sufren “un aislamiento y menosprecio por parte de los servidores públicos, que no las toman en cuenta a lo hora de la asignación y contratación de publicidad, lo cual genera, desde la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una restricción indirecta, ya que la supresión de los ingresos que reciben por publicidad oficial puede implicar que ya no tengan los recursos económicos necesarios para seguir funcionando”. Así también, sostuvo la diputada, la ausencia de la regulación de la publicidad oficial “propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en materia de comunicación social, lo cual constituye un mecanismo de restricción o limitación indirecta de la libertad de expresión, lo que sin lugar a dudas violenta los derechos humanos de los medios de comunicación locales”. Martha Leticia Sosa señaló que, frente a la censura que en las actuales circunstancias sufren muchos medios de comunicación, resulta urgente regular la asignación de la publicidad oficial mediante diversas adecuaciones a la normatividad estatal. Por lo tanto, en su iniciativa la legisladora panista propuso obligar al Ejecutivo estatal a crear una partida especial y desglosada para cada una de las dependencias de la administración estatal, en donde se especifique el presupuesto que se utilizará en la publicidad oficial, lo que otorgará seguridad jurídica y transparencia que servirá para que la población colimense conozca las cifras exactas que se gastan en ese rubro. También planteó definir y plasmar el procedimiento de licitación pública para la asignación de presupuesto a empresas de comunicación del estado, respetando los principios de transparencia, legalidad, austeridad e imparcialidad en la asignación y distribución del erario, lo cual otorgará oportunidad de participar y ser seleccionados a todos los medios de comunicación estatal.