CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Diputados locales del PRI y sus aliados del PRD presentaron un dictamen con proyecto de decreto para reformar el artículo 14 de la Constitución local, mismo que retoma la iniciativa del gobernador Héctor Astudillo Flores que plantea desarmar a los 20 grupos de autodefensa y guardias comunitarias que operan en la entidad. También propone impedir que las policías comunitarias sigan desempeñando funciones de seguridad como prevenir, investigar y castigar delitos mediante esquemas internos de justicia popular. Un año después de que el mandatario estatal envió su iniciativa al Congreso y a pocos meses de que dejen el cargo, los diputados locales del PRI y sus aliados decidieron retomar la reforma constitucional elaborada por el Ejecutivo para desarmar a los 20 grupos de autodefensa y guardias comunitarias que operan en la entidad y que fueron vinculadas con el narco. Al respecto, la diputada local por Morena, María de Jesús Martínez Cisneros, advirtió que de esta forma “se pretende dar un golpe” al sistema comunitario, a la autonomía y libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas. Por ello, consideró necesario que “la intentona” del gobernador priista y sus aliados del PRD, PAN, MC y PT en el Congreso local no se concrete, y remató: “Que lo piensen bien, a la fecha existe una advertencia popular y no sólo se trata de echar a andar una mayoría mecánica para lograr propósitos cupulares. Apelo a que, por lo menos en el camino que falta, dejen un arrebato de dignidad en este Congreso”, expresó la legisladora. Esta tarde, integrantes de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos de la 61 Legislatura local, que preside el diputado priista Cuauhtémoc Salgado Romero, retomaron la iniciativa del Ejecutivo para reformar el artículo 14 constitucional, relacionado con el tema de derechos y cultura indígena. El dictamen de proyecto de decreto presentado ante el pleno prevé modificar el apartado constitucional para quedar de la siguiente forma: “La ley establecerá las bases para una adecuada armonización entre el sistema jurídico estatal y los sistemas normativos indígenas y afromexicanos en materia de seguridad pública e impartición de justicia; así como para aplicar sus sistemas normativos en la solución de los conflictos internos de sus comunidades; también regulará los procedimientos de validación de sus resoluciones por los jueces y tribunales competentes de conformidad con el orden jurídico estatal y federal”. Y agrega: “Tratándose de delitos que afecten bienes jurídicos propios de un pueblo o comunidad indígena o afromexicana, o bienes personales de alguno de sus miembros, se estará a lo dispuesto por la legislación nacional aplicable”. El proyecto indica que, en tanto se expiden y reforman las leyes secundarias, continuará aplicándose la legislación en materia de derechos y cultura indígenas que se encuentren vigentes en la entidad y deberá ser aprobado la próxima semana durante la sesión legislativa. El 24 de abril de 2017, Astudillo envió al Congreso una iniciativa de decreto para reformar el artículo 14 de la Constitución local, relacionado con el título segundo de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, que pretende desconocer las acciones de seguridad, prevención del delito y reglamentos internos que implementan actualmente las guardias comunitarias. La reforma constitucional enviada por el mandatario estatal en abril de 2017 plantea desarmar e impedir que las guardias comunitarias sigan desempeñando funciones de seguridad, como prevenir, investigar y castigar delitos mediante esquemas internos de justicia popular. Ello después de que la CNDH recomendó al gobernador de Guerrero presentar iniciativas de ley y reformas para asegurar el pleno respeto a la autonomía y determinación de los pueblos y comunidades indígenas. Así como considerar la reforma al artículo 14 de la Constitución estatal, “mediante consulta, para garantizar el principio de autonomía de los pueblos y comunidades indígenas del sistema comunitario de justicia y que sea compatible con el sistema internacional de derechos humanos”, indica la resolución. La recomendación 9/2016 de la CNDH, emitida el 3 de marzo de 2016, por el caso de la actual senadora electa por Morena, Nestora Salgado, líder de un grupo de autodefensa adherido a la CRAC en la región de la Montaña y quien fue detenida en agosto de 2013 y acusada de secuestro, determinó que las violaciones a derechos humanos, tanto de las autoridades comunitarias como de las personas sancionadas por el sistema comunitario de justicia, “fueron motivadas, en buena medida, porque los ámbitos de actuación, procedimientos y atribuciones de las autoridades estatales y de las comunitarias no están claramente delimitados, ya que la fuente normativa es deficiente, ambigua y omisa en muchos aspectos”. Además, señaló el organismo, “no existe vinculación y coordinación entre el sistema estatal y el sistema comunitario indígena, lo que obstaculiza el ejercicio de la libre determinación y autonomía de los sistemas comunitarios, y propicia abusos de las mismas autoridades comunitarias contra las personas sujetas a la jurisdicción indígena”. El ómbudsman concluyó que el derecho a la autonomía y autodeterminación indígenas “no es absoluto y tiene sus límites” en la no contravención de Constitución federal y el pleno respeto a los derechos humanos.