ONG piden a AMLO brindar garantías a ambientalistas

Participantes en la presentación del “Informe Anual sobre defensores de derechos humanos 2017: ¿A qué precio?”. Foto: Tomada de Twitter @ProjectPODER Participantes en la presentación del “Informe Anual sobre defensores de derechos humanos 2017: ¿A qué precio?”. Foto: Tomada de Twitter @ProjectPODER

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización no gubernamental Global Witness, al igual que organizaciones pro defensa de derechos humanos en México, hicieron un llamado al virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador para que priorice durante su gobierno la defensa de la vida de los activistas defensores de la tierra, territorio y medio ambiente.

Esto porque según se dio a conocer hoy en la presentación del “Informe Anual sobre defensores de derechos humanos 2017: ¿A qué precio?”, que elabora Global Witness, durante el último año se registró un incremento de 3 asesinatos registrados en 2016, a 15 en 2017 de activistas defensores de la tierra, colocando a México como el cuarto país más peligroso para los activistas.

Ben Richard Leather, encargo de incidencia de la organización no gubernamental pidió en un videomensaje a López Obrador que se comprometa a que durante su gobierno se implementará de manera “eficaz y cabal” la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como que se garantizará la participación de las comunidades en la toma de decisiones de mega proyectos.

En la misma pauta, el encargado de incidencia de Global Witness pidió terminar con impunidad que permea en los casos de los activistas asesinados, y que sus actividades pro  defensa de los derechos de la tierra se conviertan en la principal línea de investigación a seguir por las instancias de justicia.

“Sabemos que (López Obrador) ha dicho que su gobierno será de derechos humanos y sin corrupción, pero va a ser imposible si quienes los defienden están en situaciones de riesgo, si quienes denuncian están sufriendo agresiones y asesinatos y si no los incluyen en su toma de decisiones sobre el futuro”, señaló Leather.

Por su parte, Alejandra Leyva del colectivo Espacio OSC explicó que existe un aumento de las personas, organizaciones y colectivos que han pedido la protección al mecanismo federal de protección para Periodistas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, sin que a la par existan políticas públicas adecuadas que garanticen la labor de estas personalidades.

La petición de las organizaciones que conforman el Espacio OSC consiste en que los tres órdenes del nuevo gobierno cumplan con las 58 recomendaciones que las organizaciones de este colectivo entregaron al gobierno federal en 2017, con el objetivo de defender a periodistas y activistas, destacando como aspecto primordial la capacitación al personal del mecanismo de protección.

Durante su intervención, Alberto Solís, integrante de Serapaz, también pidió a López Obrador reunirse con las organizaciones sociales que llevan el tema.

El informe

De acuerdo con el informe 2017 de Global Witness, ese año fue el “más violento y sangriento” para los defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente al registrar 207 asesinatos de activistas a nivel mundial.

La frecuencia de asesinatos de ese año fue de cuatro activistas asesinados cada semana; los enfrentamientos con la agroindustria fue la principal causa de muerte de estos defensores, después de la minería, la tala de árboles, las empresas hidroeléctricas y la caza ilegal de animales.

En contraste, el 60% de los asesinatos ocurrieron en América Latina, porcentaje que lo posicionó como la región más violenta para los defensores de la tierra. Dentro de este porcentaje, 15 casos ocurrieron en México.

Ben Richard Leather, integrante de Global Witness, refirió que, si bien México ya había ocupado reflectores por sus altas agresiones, este año la organización le dedicó un apartado especial en su informe anual por la tendencia “bastante fuerte” de los asesinatos en el último año.

Las causas que la organización logró registrar para este incremento fueron la propagación del crimen organizado en las comunidades con recursos naturales, la impunidad persistente, la falta de protección del gobierno, y la falta de garantías de las comunidades en la toma de decisión sobre el uso de su tierra y sus recursos naturales.

“Es un deber del estado proteger a sus ciudadanos, sus derechos y que los defensores pueden llevar a cabo sus labores sin miedo”.

Comentarios

Load More