CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Diputados locales del PRI y sus aliados del PRD, MC, PAN, PT y Verde aprobaron una iniciativa promovida por el gobierno estatal para eliminar de la Constitución estatal el reconocimiento del sistema de seguridad e impartición de justicia indígena que imparte la organización denominada Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (PC-CRAC), surgida en los pueblos originarios desde 1995 y con presencia en 34 municipios de las regiones Costa Chica y la Montaña guerrerense. Además, delegaron a los próximos diputados locales que entran en funciones en septiembre y donde la fracción de Morena será mayoría, la responsabilidad de elaborar las leyes secundarias para “delimitar la competencia” de los usos y costumbres de los pueblos indígenas y afromexicanos con “el sistema jurídico estatal”, argumentando que las acciones de la PC-CRAC “se contraponen” con las normas jurídicas actuales, indica el dictamen oficial. En contraste, la modificación constitucional deja intacta la estructura paramilitar de los 19 grupos de autodefensa que operan en el 50% del territorio de la entidad y que han sido vinculados por Astudillo como brazos armados del narco. Estas organizaciones armadas mantienen retenes en vías de comunicación federales y controlan territorios completos en poblaciones mestizas y urbanas donde el narco disputa el control de las ganancias de la industria minera y las zonas de producción, tráfico y venta de estupefacientes en la entidad, indica un análisis del gobierno estatal. El texto del dictamen oficial indica que la reforma al artículo 14 de la Constitución estatal fue enviada desde el año pasado por el ejecutivo y aprobada este fin de semana por la mayoría legislativa, excepto Morena. Se enfoca en desconocer el sistema de seguridad y justicia de la PC-CRAC y deja firme la permanencia de los grupos de autodefensa vinculados por Astudillo con el narco. “La ley establecerá las bases para una adecuada delimitación de competencia entre los usos y costumbres con el sistema jurídico estatal”, indica la reforma constitucional. Al respecto, Astudillo defendió su reforma constitucional avalada por la mayoría de la actual legislatura, argumentando que en las leyes secundarias se “deberá establecer las bases para delimitar la competencia entre los usos y costumbres con el sistema jurídico estatal para que los pueblos indígenas y afromexicanos apliquen sus propios sistemas normativos”, y soltó: “Quién diga que el gobierno o algún partido quiere desaparecer al sistema de policía comunitaria en Guerrero, está loco. ¿Quién se dispararía ese balazo en las piernas?”, expresó públicamente el mandatario ante las críticas que generó la modificación del texto constitucional. Mientras, el representante del Congreso local, el diputado priista Héctor Vicario Castrejón contradijo al gobernador, al señalar que los legisladores simplemente acataron la recomendación 09/2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que determinó que “no existe vinculación y coordinación entre el sistema estatal y el sistema comunitario indígena”. Esta situación, “obstaculiza el ejercicio de la libre determinación y autonomía de los sistemas comunitarios, y propicia abusos de las mismas autoridades comunitarias contra las personas sujetas a la jurisdicción indígena”, indica la recomendación emitida por el organismo federal. Se trata de la recomendación 9/2016 emitida por la CNDH por el caso de la detención de la líder del grupo de autodefensa de Olinalá y actual senadora por Morena, Nestora Salgado García, donde se comprobó que las autoridades estatales y federales violaron los derechos humanos de los guardias comunitarios de la misma forma como ellos (comunitarios) lo hicieron al retener de manera ilegal a presuntos delincuentes. La CNDH determinó que las violaciones a Derechos Humanos, tanto de las autoridades comunitarias como de las personas sancionadas por el Sistema Comunitario de Justicia, “fueron motivadas, en buena medida, porque los ámbitos de actuación, procedimientos y atribuciones, de las autoridades estatales y de las comunitarias no están claramente delimitados, ya que la fuente normativa es deficiente, ambigua y omisa en muchos aspectos”. La CNDH concluyó que el derecho a la autonomía y autodeterminación indígena “no es absoluto y tiene sus límites” en la no contravención de Constitución federal y el pleno respeto a los derechos humanos y recomendó al gobernador de Guerrero presentar iniciativas de Ley y reformas para “asegurar el pleno respeto a la autonomía y determinación de los pueblos y comunidades indígenas”. Así como considerar la reforma al artículo 14 de la Constitución estatal, “mediante consulta, para garantizar el principio de autonomía de los pueblos y comunidades indígenas del Sistema Comunitario de Justicia y que sea compatible con el sistema internacional de derechos humanos”, indica la resolución. En respuesta, en mayo de 2017, Astudillo envío al Congreso una iniciativa de reforma al artículo 14 constitucional donde se planteó de origen el desconocimiento del sistema de seguridad comunitaria y la supeditación de las policías comunitarias a las leyes estatales y federales. No obstante, la nueva redacción del artículo de la Constitución local, solo eliminó el párrafo original donde se indica que “el Estado reconoce y garantiza” la aplicación del sistema de seguridad y justicia de los pueblos indígenas y afromexicanos, “a través de sus policías comunitarios electos por usos y costumbres” para quedar de la siguiente manera: “La ley establecerá las bases para una adecuada delimitación de competencia en las materias de seguridad pública de impartición de justicia y de los mecanismos legales de vinculación y coordinación entre los sistemas normativos indígenas y el sistema jurídico estatal, para que los pueblos indígenas y afromexicanos apliquen sus propios sistemas normativos”. Anteriormente, el artículo 14 de la Constitución local establecía lo siguiente: “El Estado reconoce y garantiza las acciones de seguridad pública y prevención del delito; de su sistema de faltas, sujetas a su reglamento interno, que no constituyan ilícitos tipificados en el Código Penal del Estado, y que implementen los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, dentro de sus localidades, de acuerdo a sus prácticas tradicionales, cuyo seguimiento de acción se dará a través de su Policía Comunitaria o Rural, integradas por los miembros de cada comunidad y designados en Asamblea Popular o General, y con sujeción a la Ley de Seguridad Publica y su reglamento interno de esta entidad. “Dichas policías tendrán una estrecha vinculación, colaboración y coordinación con el Sistema Estatal de Seguridad Pública, en lo que hace a su registro, control, supervisión, asesoría, capacitación y evaluación”. De esta forma, la reforma constitucional de Astudillo y los diputados de la LXI legislatura local sólo se limita a desconocer a la PC-CRAC y mantiene la presencia de los grupos de autodefensa vinculados con el narco por el propio mandatario.