CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Red Solidaria de Derechos Humanos exigió a los gobiernos federal y de Michoacán su actuación inmediata frente a las denuncias públicas que han presentado miembros de la comunidad jornalera del albergue de Tanhuato en relación con actos de intimidación, hostigamiento y amenazas por parte de la administración de ese refugio. En una carta dirigida al titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Luis Miranda Nava; al gobernador de esa entidad, Silvano Aureoles Cornejo, y al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl González Pérez, la organización detalló los hechos ocurridos el pasado 31 de julio. Ese día, puntualizó, siendo las 7:30, llegaron cuatro policías municipales a exigir a las familias jornaleras que habitan el albergue de Tanhuato, “una cuota excesiva y arbitraria por concepto de renta de los cuartos que ahí se encuentran dispuestos, señalando que, de lo contrario, tendrían que abandonar las instalaciones”. Ante esta injusta situación, abundó, más de la mitad de las familias que viven en el albergue interpusieron dos amparos y cuentan con una suspensión provisional que previene a las autoridades de continuar con el cobro de dicha cuota o de expulsar a los habitantes del albergue por cualquier motivo relacionado con la misma. “Manifestamos con gran preocupación que el municipio de Tanhuato no tenga en cuenta lo anterior, toda vez que el cobro de dicha cuota y aún más el impedimento del uso de las instalaciones del albergue es violatorio del derecho humano a la vivienda, lo que se traduce en el riesgo de que las y los trabajadores jornaleros y sus familias, quienes son migrantes y dependen del ingreso diario que obtienen a partir del trabajo agrícola, queden en situación de calle, con precarias condiciones económicas que los dejan en un estado de grave vulnerabilidad”, recalcó. Por ello, solicitó la actuación inmediata de las autoridades y de los organismos defensores de derechos humanos, porque esos incidentes ponen en riesgo la seguridad de las familias que habitan el albergue, originarias de comunidades purépechas, con hijas e hijos con una edad promedio de cinco años, y algunas con adultos mayores. De igual manera, demandó se investigue y se tomen las medidas correspondientes ante la actuación de la administradora del albergue, Juana Jalomo, porque, apuntó, “ha amenazado a las familias con cortar el suministro de agua y luz, ambos elementos vitales para garantizar las condiciones mínimas de funcionamiento del albergue”. La Red hizo un llamado a las autoridades federales y estatales, así como jurisprudenciales, para que conforme al debido proceso actúen de manera pronta ante las distintas denuncias públicas realizadas por las y los jornaleros en relación al injusto cobro de cuotas, “haciendo valer su derecho a organizarse, defenderse y expresar sus ideas”. Ante los nuevos incidentes y la denuncia colectiva por parte de la población del albergue de Tanhuato, subrayó, “hacemos un enérgico llamado a la CNDH para que se pronuncie en relación con las quejas de las que ha tenido conocimiento y que han sido presentadas por la comunidad jornalera señalando como responsables a las autoridades municipales y federales encargadas de la administración y operación del albergue”. También pidió a las organizaciones civiles del país adherirse a su comunicado, y exigió que las autoridades municipales, estatales y federales actúen conforme a derecho y garanticen la seguridad de las familias jornaleras agrícolas migrantes en Tanhuato. Finalmente, lanzó un llamado al ayuntamiento de Tanhuato para que cese al hostigamiento policiaco contra las familias jornaleras agrícolas migrantes.