CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por violar los derechos a la libertad y seguridad personales, al debido proceso y al acceso a la justicia de personas indígenas -hechos por los que 12 víctimas están en prisión-, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la Recomendación 03/2018 contra la Procuraduría General de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales capitalinas. Este jueves, en el contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el organismo dijo que, a partir de 12 expedientes de queja -el más antiguo es de 2011-, constató que dichas autoridades omitieron garantizar la asistencia de un intérprete durante la realización de las diligencias relacionadas con 12 hombres y dos mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas Chuj, Mazateco, Otomí, Tojolabal, Náhuatl, Mixe y Totonaco. Tales omisiones impidieron a las víctimas “expresar de forma plena todo aquello que les permitiera defenderse y comprender a cabalidad lo que ocurría en el desarrollo del proceso penal al que fueron sujetas y también se les imposibilitó que se tomara en cuenta su identidad cultural”, según un comunicado del organismo. Tras el diagnóstico, la CDHDF solicitó a las autoridades recomendadas realizar diversos actos para reparar el daño causado, ya que difícilmente se podrán obviar “los sentimientos de dolor, tristeza, angustia, soledad y frustración que han vivido desde su primer contacto con estas autoridades, al reconocer las afectaciones que padecieron por la deficiencia de sus actuaciones”. La Recomendación 03/2018 contiene ocho puntos que, en términos generales, contemplan la realización de un acto de reconocimiento de responsabilidad con enfoque pluricultural y lingüístico; indemnizar por daño material e inmaterial, incluyendo daño al proyecto de vida; así como prestar tratamiento médico y psicológico especializado. En especial, la Comisión solicitó elaborar un Protocolo Interinstitucional para la atención de personas indígenas que son parte en un procedimiento penal, en el que se asegure la libre auto-adscripción de las personas indígenas y/o hablantes de lenguas indígenas, y que no limite el ejercicio de este derecho, a las personas indígenas hablantes de lenguas indígenas en los casos en los que tengan conocimiento de la lengua española. La Recomendación también destacó la creación de un padrón de intérpretes y la asignación de presupuesto para el pago por estos servicios, pues normalmente se prestan de manera gratuita.