En Guanajuato existe preocupación porque el gobernador electo, el panista Diego Sinhué Rodríguez, no ha definido sus políticas respecto de los problemas prioritarios del estado, como la inseguridad, el combate a la corrupción y la relación con la administración federal de López Obrador. Y mientras su equipo se niega a dar aunque sea líneas generales de su proyecto, Rodríguez recorre Singapur y China en busca de “modelos exitosos”…  LEÓN, Gto. (Proceso).- Con el estado hundido en una ola criminal “como nunca nos hubiéramos imaginado” –en palabras del presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos–, el arribo del sexto gobierno consecutivo del PAN al estado se lleva a cabo en el peor escenario de sus 27 años de hegemonía. Para Sánchez Castellanos, el próximo gobernador, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, quien fuera integrante del gabinete del gobernador saliente Miguel Márquez Márquez, tiene claro que su principal reto es enfrentar la inseguridad que tiene a la entidad a la cabeza de delitos de alto impacto, como homicidios dolosos. Otras prioridades, dice el dirigente empresarial, son el fortalecimiento de los mecanismos anticorrupción “porque en el gobierno que se va nos quedaron a deber y se dieron sanciones hasta ridículas”, y tejer con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador una relación conveniente para todos los habitantes del estado. Mientras Rodríguez Vallejo viaja por Singapur y China “para conocer de cerca los modelos exitosos de estos países”, como dice el boletín de prensa de su equipo, en Guanajuato se cree que el gobernador electo podría ratificar al actual procurador de justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, y al titular de la Secretaría de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca, a quienes sectores de la oposición responsabilizan en gran medida del repunte delictivo. Un cártel local encabezado por José Antonio Yepez Ortiz, El Marro, aparentemente ha resistido las incursiones armadas del Cártel Jalisco Nueva Generación para controlar el huachicoleo y la venta de drogas. En León, el grupo local La Unión ha provocado que se cometa al menos un homicidio diario en esa ciudad desde hace meses. La entidad ya entró en la dinámica de otras del país, con personas descuartizadas en plazas públicas y carreteras; balaceras en las calles; irrupción de comandos en viviendas particulares para asesinar adultos, niños y ancianos; emboscadas y ejecuciones de policías, agentes ministeriales y políticos; incremento en los feminicidios; incendios en ductos por el robo de combustible, así como homicidios y amenazas contra periodistas. En el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNS) correspondiente a junio, Guanajuato es el tercer estado en incidencia delictiva (número de delitos cometidos-denunciados) con 10 mil 564, sólo por debajo del Estado de México (21 mil 903) y la Ciudad de México (18 mil 857). De los presuntos delitos cometidos de enero a junio en el país (913 mil 223), en Guanajuato se cometieron 65 mil 860, lo que lo coloca en el tercer lugar, después de las mismas entidades. Las autoridades guanajuatenses reportaron 13 homicidios con armas de fuego en enero del 2015, 44 en el mismo mes de 2016 y 69 al año siguiente. En enero del 2018 se denunciaron 148. Con datos del SESNSP, la organización civil Semáforo delictivo difundió que en junio pasado se denunciaron en la entidad 198 homicidios, 782 incidentes de narcomenudeo, 496 robos a negocios, mil 95 lesiones y 53 violaciones. Sobran promesas, falta proyecto En vista de los inéditos niveles de violencia en la entidad, se le pregunta al dirigente del CCE leonés si ya se veía que el sexenio de Márquez Márquez terminaría hundido en la inseguridad. “No –responde Sánchez Castellanos–, yo creo que nadie se lo imaginó. Estamos convencidos de que es robo de combustible y tráfico de estupefacientes. Había un tesoro enterrado en el subsuelo de Guanajuato y nadie lo sabía hasta que alguien lo descubrió”. –Pero las autoridades sostienen que el robo de combustible existe desde hace años, aunque no con esta magnitud. –A lo mejor ha existido siempre, pero era algo marginal, no era tema ni de medios; a las escalas de ahorita era inimaginable. Hay muchos factores, como la corrupción en Pemex y hay quien dice que la incapacidad del gobierno estatal para combatir crimen. Ahí siempre hay deslinde de responsabilidades que ha permitido llegar a los extremos de ahora. Añade que incluso los próximos gobiernos estatal y federal deberán definir el destino de la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, operada por Petróleos Mexicanos en Salamanca: “La refinería está trabajando al 30% de su capacidad y, según dicen, infiltrada de corrupción. Debe tomarse una decisión radical: cerrarla, rescatarla, generar una mayor capacidad de producción y limpiarla de corrupción…”. En cuanto a la inseguridad, advierte que un cambio de oficina como los que se han realizado en los últimos dos sexenios panistas no servirá de nada, pues se necesita fortalecer la Secretaría de Gobierno como instrumento principal de la gobernabilidad, lo que no ocurrió en la administración saliente. Durante su campaña, Rodríguez Vallejo prometió “dar un golpe de timón” en el combate a la delincuencia, pero a poco más de un mes de que asuma la gubernatura (el 26 de septiembre), no se sabe en qué consiste tal giro en la política de seguridad. El pasado 7 de agosto la reportera solicitó una entrevista con Rodríguez Vallejo. Pasaron dos días y la respuesta fue que sería posible hasta que regresara de viaje, aunque salió el día 12. Cuando se pidió que un integrante del equipo de transición hablara del tema, la respuesta fue que éste no existe porque la transición inicia el próximo día 26. Sin embargo, el equipo ya fue designado por el gobernador electo y ya participa en los preparativos para el Foro para la Pacificación y la Reconciliación convocado por López Obrador para octubre en León. Al respecto, Sánchez Castellanos indica que “los nombramientos son decisión del gobernador”, pero en el tema de la procuraduría, que por decisión de la bancada mayoritaria del PAN no ha transitado a la figura de Fiscalía General, “debe abrirse una baraja de opciones, no podemos casarnos con una sola, y menos con una figura que esté ya desgastada”. Más contundente, la diputada federal electa del PVEM Beatriz Manrique Guevara rechaza de plano la posibilidad de que el sexenio de Rodríguez Vallejo arranque con un “fiscal carnal” –que sería el procurador Carlos Zamarripa, quien lleva dos periodos en el cargo– y con la eventual ratificación de Cabeza de Vaca en Seguridad Pública. De entrada, argumenta la legisladora, el programa Escudo, que ambos funcionarios impulsaron, incrementó la deuda del estado y fracasó en su objetivo principal: “Escudo se presentó como un programa que garantizaba blindar a Guanajuato de la inseguridad que padecía el resto del país, para monitorear todo el territorio a través de tecnologías compartidas y que garantizaran la disminución de los índices delictivos. Y estoy repitiendo parte de lo que viene en el contrato”, asignado en forma directa a la empresa Seguritech por Márquez Márquez. No obstante, a decir de la legisladora “ni se blinda a Guanajuato ni se reducen los índices delictivos, y sí nos fuimos al top en muertes violentas, homicidios de policías. Aquí y en China, si tú prometes algo y no lo cumples te quitan esa responsabilidad”; lo cual no ha ocurrido con Seguritech, que tampoco ha podido homologar la tecnología en los 46 municipios, como se comprometió. Por eso, dice la diputada del PVEM, “como partido nos hemos pronunciado por que no debe repetir ninguno de los funcionarios que están actualmente al frente en materia de seguridad. No hay los resultados y el desastre es evidente”. Fracasos compartidos El empresario Sánchez Castellanos dice que otra consecuencia del fracaso en las políticas de seguridad es la desconfianza de los ciudadanos hacia los tres niveles de gobierno: “Hay una falta de tino para poder con los sistemas de inteligencia, o tal vez no hay inteligencia, más bien no hay un sistema de inteligencia tan certero o confiable para prevenir y combatir la delincuencia. Por eso varias organizaciones empresariales le han expresado al próximo gobierno que mientras exista ese clima de estar a la defensiva y desconfiar, no compartir los sistemas de información o bases de datos para esa coordinación (entre los niveles de gobierno), no se podrá dar la batalla. “No puede ser que la autoridad estatal no confíe en la Plataforma México, o el gobierno federal no confíe en los datos del estado, o un municipio, ante la desconfianza o la falta de información, genere sus propios cuerpos de inteligencia y datos. Y a eso le agregamos que el Ejército está incorporado a las tareas, porque tampoco es fácil que comparta. Tenemos a una serie de corporaciones actuando en el mejor de los casos independientes unos de otros, y en el peor, dando palos de ciego.” En esto coincide el exprocurador de justicia estatal y exsubprocurador de la PGR Juan Miguel Alcántara Soria: “Todos desconfían de todos y, por lo tanto, nadie se comparte nada”. –¿Entonces para qué sirve el Grupo de Coordinación? –se le pregunta. –Prácticamente es nula su eficiencia porque son la respuesta que Miguel Ángel Osorio Chong quiso implementar desde la Secretaría de Gobernación para desmantelar la Secretaría de Seguridad Pública y redimensionar el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en una supuesta mayor coordinación, estado por estado, entre las fuerzas federales y las locales. En los hechos, apunta Alcántara Soria, este esquema “acabó siendo un diálogo entre sordos, muy unilateralmente definido por Gobernación, sin realizar entre todos labor de inteligencia y la diseminación de la información. Nunca se dio un verdadero nivel de confiabilidad”. En cuanto al perfil de quienes deberían encabezar el gabinete de seguridad estatal, afirma que sería una “señal desastrosa” si Rodríguez Vallejo mantiene, aunque fuera provisional o temporalmente, a Zamarripa y a Cabeza de Vaca, “no sólo porque sus resultados los reprueban contundentemente, sino porque nos parece a los guanajuatenses que la expresión ‘golpe de timón’ que usó Rodríguez en su campaña quería decir que habría una corrección en las cartas de navegación por las que habíamos transitado, particularmente en los últimos tres años”. Sin embargo, Alcántara dice que conversó con el gobernador electo y se enteró de que “ha comenzado un tramo de control y responsabilidad”, al allegarse de diagnósticos y de colaboradores con aptitudes “para hacerse responsables de la gobernanza del estado”. Sin embargo, añade que el nuevo escenario federal es otro factor que complica la situación para el gobernador panista: “Se está en medio de una implementación del sistema de justicia penal que no se ha acabado de desarrollar en el estado ni en el país; en medio de una modificación a nivel nacional de la política, según lo que anuncian López Obrador, Alfonso Durazo y Olga Sánchez Cordero. “Pienso que eso tendrá también un impacto en Guanajuato. Si nos van a amnistiar a huachicoleros, ya nos podremos imaginar cómo se van a poner las cosas.” Este reportaje se publicó el 19 de agosto de 2018 en la edición 2181 de la revista Proceso.