CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hizo un llamado al gobierno de México para que destine los fondos necesarios para el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. En el mismo sentido se pronunció el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, quien destacó que hay un riesgo inminente de que el Mecanismo quede sin fondos en octubre próximo y se incumpla la ley. En un comunicado, la ONU-DH calificó de “preocupante” la información sobre la insuficiencia de recursos financieros en el fideicomiso del "Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas” que, subrayó, podría llevar al agotamiento de dichos recursos en las próximas semanas. Dicho fondo, agregó, financia algunas de las medidas otorgadas por el Mecanismo y, por tanto, que se termine supondría un riesgo para las 959 personas actualmente beneficiarias, pero también ocasionaría que nuevas personas en riesgo no pudieran recibir protección. Tras destacar que en los últimos años México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, resaltó que la insuficiencia presupuestal en el Mecanismo de Protección “resulta contraria al esfuerzo institucional que ha desplegado el Estado para hacer frente a la gravedad de la situación de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el país”. “No podemos olvidar la importancia de este Mecanismo. Su existencia ha salvado las vidas de personas que, a través del ejercicio del periodismo o la defensa de los derechos humanos, se destacan como un elemento fundamental para el goce de derechos de todas las personas que vivimos en México. La falta de recursos implicaría exponerlos a un nivel de riesgo inaceptable”, sostuvo Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer que mañana enviará un oficio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que dote de recursos presupuestales suficientes al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ante el riesgo inminente de que quede sin fondos en octubre próximo y se incumpla la ley. Además, hizo extensivo ese llamado a los gobiernos federal y estatales para que muestren voluntad política en la atención de dichas problemáticas. Señaló que la falta de fondos en el Mecanismo pondría en peligro la integridad de las personas beneficiarias del mismo, y se incumpliría el compromiso de la Federación y de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) de atender las recomendaciones generales 24 y 25 de la CNDH, que asumieron como política pública. Así lo expresó el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, al participar en la inauguración del seminario “La Agenda de protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Coahuila. Retos y Desafíos Actuales”, acto en el que explicó que los derechos humanos en México enfrentan, desde hace varios lustros, un contexto que plantea grandes desafíos. Subrayó que si bien cada delito y agresión contra cualquier persona merece toda la atención y el trabajo decidido de quienes realizan labores de prevención, seguridad, protección e investigación, cuando se trata de personas defensoras y periodistas existe un deber reforzado del Estado en sus tres niveles de gobierno para prevenir los delitos y procurar justicia. Las agresiones contra esos grupos tienen implicaciones colectivas al enviar un mensaje a todos los que ven como una noble vocación defender o representar a los otros, o hablar y reseñar la vida cotidiana y sus problemas a través del ejercicio periodístico, abundó. Acompañado en el presídium, entre otros, por Jan Jarab y Luis Efrén Ríos Vega, director general de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, González Pérez expresó su certeza de que la mejor manera de resolver los grandes problemas es el diálogo permanente entre instituciones, academia, organizaciones de la sociedad civil y grupos sociales afectados. Refirió que el trabajo de las personas defensoras es una aportación para la consolidación de nuestro sistema democrático, que en muchas ocasiones se pretende obstaculizar mediante falsos señalamientos de lucrar con las víctimas o defender delincuentes, mientras que las y los periodistas enfrentan agresiones ya sea de manera velada por algún servidor público, insultos y amenazas por redes sociales, comentarios sexistas contra comunicadoras o estereotipos de género, publicidad oficial para premiar o castigar la línea editorial hasta privación de la vida.