SFP investiga a funcionarios de Pemex que avalaron contratos con empresas vinculadas a Altos Hornos

lunes, 10 de septiembre de 2018 · 11:20
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de la Función Pública (SFP) inició procedimientos de responsabilidades a servidores públicos de Petróleos Mexicanos (Pemex) por presuntas irregularidades en operaciones de compra y venta que habrían causado daño a la empresa productiva del Estado. En uno de los casos, la SFP, a través de la Unidad de Responsabilidades en Pemex, inició procedimiento administrativo disciplinario contra servidores públicos que presuntamente generaron un daño a Pemex, en relación con la compra de activos de la planta Agro Nitrogenados. El procedimiento deriva de la investigación que la Unidad inició, en noviembre de 2016, tras denuncias ciudadanas, de medios de comunicación, así como de determinaciones de la ASF y del Congreso de la Unión. De acuerdo con la información disponible, en diciembre de 2013, los servidores públicos avalaron un contrato de compraventa por un precio de 273 millones de dólares, con diversas empresas que fueron parte de Altos Hornos de México. Además, Pemex ha invertido más de 480 millones de dólares en la rehabilitación de la planta. Al respecto, la SFP indicó que continuarán los procedimientos iniciados, a fin de deslindar responsabilidades y determinar los perjuicios que estas operaciones han causado a Pemex Fertilizantes, empresa productiva subsidiaria del Estado, y a Petróleos Mexicanos. El otro caso se refiere a un exservidor público de Pemex, quien participó en la adquisición presuntamente irregular de una planta de Grupo Fertinal, SA de CV, en 2015. Al exempleado, de quien no se proporcionó su identidad, la SFP le inició procedimiento de responsabilidades. La Unidad de Responsabilidades en Pemex abrió una investigación a raíz de una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como de información de otras fuentes. El presunto responsable fue citado a procedimiento, mediante emplazamiento a la audiencia de ley, en el que le harán saber las conductas que se le imputan y, “en defensa de sus derechos constitucionales, le darán el debido acceso a su legítima defensa”, señaló la SFP.

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