19S: La funesta herencia de Graco Ramírez

martes, 18 de septiembre de 2018 · 10:30
Desde el 19 de septiembre de 2017 los morelenses quedaron marcados por la tragedia: 74 personas perdieron la vida en la entidad a causa del sismo que dañó el patrimonio de miles de personas, 41 escuelas se derrumbaron y otras 400 sufrieron daños estructurales severos. Y aun cuando el gobierno del perredista Graco Ramírez se ufana de que “Morelos está de pie”, la realidad es que muchos de los damnificados llevan 12 meses viviendo en carpas donadas por organismos nacionales y extranjeros.  JOJUTLA, Mor. (Proceso).- Un año después del sismo, el panorama sigue siendo desolador para los morelenses: la reconstrucción ha sido un fiasco, pues ha habido favoritismo en la entrega de viviendas. Hoy, innumerables familias pernoctan en las calles y en medio de los escombros, según observó el reportero en un recorrido por los municipios de Tetela del Volcán, Tepalcingo y Jojutla. En este último, numerosas escuelas siguen maltrechas, como la primaria Juan Jacobo Rousseau, lo que obliga a los niños a tomar clases en el auditorio municipal de la comunidad de Panchimalco. Las autoridades arguyen que los trabajos no concluyen por falta de recursos. Días después del sacudimiento telúrico comenzó la rapiña. El gobernador Graco Ramírez y su esposa, Elena Cepeda, intentaron acaparar en bodegas las despensas que otros ciudadanos y organizaciones solidarias enviaron a Morelos. Una nueva movilización de morelenses indignados lo impidió: rescató la ayuda humanitaria y acudió a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) para que la institución la distribuyera entre los afectados. Desde el principio, como en 1985, la sociedad civil salió a las calles ante el pasmo de las autoridades. Fueron los ciudadanos de a pie los que comenzaron a remover los escombros y auxiliar a los damnificados, aun los que perdieron algún familiar o sus pertenencias De las 41 escuelas demolidas, sólo una ha sido entregada por las autoridades: la primaria Tlahuilli, en el municipio de Axochiapan, al sureste de la entidad, según información consultada en el sitio web del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed).  Las demás se encuentran en proceso de rehabilitación o incluso de demolición; hay algunas aún en obra negra que ya han sido ocupadas por sus estudiantes. En el poblado de Xoxocotla, 412 alumnos reciben sus lecciones desde diciembre último en un “salón de fiestas” rentado donde la mitad del piso es de tierra. Ahí, en condiciones higiénicas precarias, en medio de las lluvias, concluyeron su ciclo escolar. Y al iniciarse el actual ciclo, cuando los padres de familia llevaron a sus hijos al plantel, observaron que éste carecía de barda perimetral. Las aulas eran insuficientes, faltaban pupitres y bancos; tampoco había luz ni agua, pues la cisterna no funcionaba, comenta uno de los entrevistados. La mayor parte de las 52 escuelas con daño severo o moderado se encuentran en Cuernavaca; de ellas sólo cinco fueron reparadas al ciento por ciento; en Ayala sólo cinco de las 38; en Cuautla, 12 de las 33, y en Jojutla, dos de las 22. De las 904 que tuvieron daños menores, sólo 101 están funcionando ya al ciento por ciento, de acuerdo con los reportes del Inifed. Los eufemismos de Graco Durante el recorrido del reportero por los municipios más afectados se observan algunas viviendas nuevas construidas con recursos privados; así lo indican rótulos en los cuales se consigna la proveniencia de los fondos de apoyo.  En cambio, miles de damnificados se albergan en las tiendas de campaña donadas por fundaciones de México, Israel, China y por organismos internacionales, como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en espera de recibir su nueva vivienda. En los últimos 12 meses han tenido innumerables problemas: falta de ayuda, exclusión en los censos, robos, inseguridad y cambios climáticos. Todo eso contrasta con el discurso triunfalista del gobernador saliente, Graco Ramírez, quien no deja de repetir: “Jojutla está de pie, Morelos está de pie”, En La Mezquitera, comunidad ubicada entre Jojutla y Chinameca, decenas de familias perdieron su patrimonio y también viven en tiendas de campaña. Y ahí continuarán por tiempo indefinido, ya que nunca fueron registradas como damnificadas. En Jojutla, medio centenar de familias se instaló en la unidad deportiva La Perseverancia; otro tanto lo hizo en La Alameda, en el viejo centro del municipio. Al principio ambos refugios fueron custodiados por el Ejército, pero el 14 de noviembre por la noche los soldados desalojaron La Perseverancia. En enero repitieron la operación en La Alameda.  Por lo que atañe a las viviendas reconstruidas, el investigador Rafael Martín del Campo, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente de Guadalajara (Iteso), sostiene que no hay certeza de que las nuevas construcciones garanticen seguridad a sus moradores ante otra eventual tragedia. Y pone como ejemplo la colonia Emiliano Zapata, de Jojutla, donde, según los estudios realizados en octubre y noviembre del año pasado, el terreno de la zona ha sido utilizado por siglos para el cultivo de arroz y caña de azúcar; además está rodeada de apantles, los viejos acueductos que desfogaban las corrientes de agua provenientes de ríos o de los propios regadíos. “Esto hace que el suelo en la zona tenga un alto nivel de humedad, lo que a su vez provoca reblandecimientos”, comenta el investigador, quien proporcionó asesoría por invitación de los afectados. Explica que el suelo de la parte más afectada está compuesto de capas de arcilla de mínima resistencia, seguidas de una capa de mayor rigidez y firmeza. De la segunda capa se desconoce su espesor pero, según el experto, debido a esas condiciones el suelo se convirtió “en una gelatina”, lo que produjo que esa zona fuera una de las más afectadas por el sismo. El constructor favorito En cada municipio se observan daños en templos y edificios públicos. En Cuernavaca la historia de la reconstrucción se repite, aunque con oprobiosas variantes. En la calle Degollado, donde se vino abajo una parte de la llamada Torre Latinoamericana, aún continúa el bloqueo. Existe el riesgo de que la parte del inmueble que quedó en pie también se desmorone. En Tepalcingo, uno de los municipios morelenses más golpeados por el sismo, los pobladores se adaptan de manera paulatina a su nueva vida. Lamentan sin embargo que su santuario, uno de los más visitados de la entidad, haya perdido una de las torres de campanario. Eso obligó a las autoridades a realizar este año la feria tradicional, la más grande de la región y probablemente del estado, en el atrio de la iglesia. En Jojutla, varias colonias son intransitables y en el centro de la ciudad continúan las demoliciones. La Plaza de Armas se halla en plena remodelación, que presuntamente está a cargo de la Fundación Hogares del Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda para los Trabajadores. Si bien hoy luce adoquines nuevos y postes metálicos color ocre, ya no tendrá kiosco, aunque sí “banquetas falsas”, lo que hace decir al cronista local, Jesús Zavaleta Castro: “Ya nos quitaron la tradición, pues los que somos de aquí caminamos debajo de la banqueta”… Según Zavaleta, la plaza tendrá una serie de arcos “porque a alguien se le ocurrió”. Lo grave, insiste, es que no se consultó a los lugareños antes de iniciar los trabajos. Más aún, circulan insistentes versiones en el sentido de que la obra fue entregada a una de las empresas de Anuar Atala Campos, uno de los constructores favoritos de Graco Ramírez.  Ese empresario construyó también la Ecozona, que abarca dos calles del centro histórico de Cuernavaca y la propia Plaza de Armas capitalina. En la actualidad, es un “muladar”, dice uno de los comerciantes afectados entre 2015 y 2017 por los trabajos de la Ecozona, que le costaron al erario casi 700 millones de pesos. Las obras incluyeron la colocación de macetones –ahora convertidos en botes de basura–, adoquín y postes metálicos –de los cuales la mitad ya se cayó– y una placa dedicada al Escuadrón 201 que participó en la Segunda Guerra Mundial; entre los nombres que figuran en la inscripción figura el de Graco Ramírez Garrido Alvarado, padre del gobernador, quien, se dice, fue piloto aviador en aquella contienda. Por medio de sus empresas Retrat y Kurse, Atala Campos ha competido en prácticamente todas las licitaciones de obra pública durante la gestión de Ramírez, de las cuales ganó la remodelación de la Ecozona y de la Plaza de Armas, y al parecer también le fue asignada la plaza de Jojutla, comenta el cronista local. Atala Campos, ligado al gobernador Ramírez y a su hijastro Rodrigo Gayosso Cepeda, ha utilizado sus múltiples empresas en las licitaciones de obra pública durante la gestión del perredista, comenta Gerardo Becerra Chávez de Ita, vocero de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos, quien formará parte del gabinete de Cuauhtémoc Blanco. Ese constructor, asegura, participó en la remodelación del Puente Porfirio Díaz, en la calle Ricardo Linares.  “Tenemos la información de que él fue el responsable de la obra de la famosa Ecozona, que hoy es un basurero; pero también de la remodelación de la Plaza de Armas, obra que costó más de 100 millones de pesos y a la que sólo le colocó adoquines”, dice. Y añade: “Tenemos pruebas de todo lo que han hecho. Puedes estar seguro de que las investigaremos hasta llegar a las últimas consecuencias”, asegura Becerra Chávez de Ita, quien, al igual que el obispo Ramón Castro Castro, el exrector de la UAEM Jesús Alejandro Vera Jiménez y el líder transportista Dagoberto Rivera Jaimes, formaba parte de la lista de perseguidos del gobernador saliente. La empresa Retrat fue constituida el 30 de julio de 2003 en la notaría del exgobernador Melquiades Morales Flores, ubicada en Puebla. Es una Sociedad Anónima de Capital Variable denominada “Desarrollador en Grupo Retrat”, a nombre de Anuar Atala Campos y de José Antonio Abad González.  En contraste, muchas familias que perdieron sus viviendas recibieron su tarjeta de Bansefi con 30 mil pesos sólo para la compra de material, pero no tienen recursos para pagar la mano de obra. Es el caso de don Artemio, quien lleva un año alojado en una tienda de campaña. “Pero, ¿a ver, qué le hacemos?”, dice mientras mueve la cabeza.  Este reportaje se publicó el 16 de septiembre de 2018 en la edición 2185 de la revista Proceso.

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