Aún persisten damnificados en riesgo y hay indicios de corrupción: CNDH, CDHDF y OSC

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A un año del sismo del 19 de septiembre, organismos públicos y organizaciones sociales de derechos humanos denunciaron la persistencia de damnificados en condiciones precarias, derivada de la falta de coordinación de autoridades responsables de atender la emergencia, así como de indicios de corrupción en la canalización de los fondos de apoyo.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un comunicado en el que refiere que, a un año de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, “no se tiene certeza del avance de la reconstrucción de 209 mil 334 viviendas, 983 unidades médicas y 16 mil 795 escuelas” en Chiapas, Guerrero, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México, solicitantes de la declaratoria federal de desastre.

Para el organismo, no ha habido “transparencia ni rendición de cuentas en la administración y destino de los recursos públicos”.

Y puso como ejemplo de las irregularidades que en la entrega de recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) por parte de Bansefi, pues se reportó “la multiplicidad de tarjetas emitidas a nombre de una sola”, pero cuando la institución bancaria fue cuestionada por la CNDH, argumentó que sólo se había entregado una y que el resto permanecía resguardado, negándose a mostrarlas bajo el pretexto del secreto bancario.

Para la CNDH, la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México es cada vez más resiliente pues también incurre en opacidad, ya que aunque reporta que cuenta con seis mil 855 millones de pesos de aportaciones gubernamentales y donaciones particulares, “no se especifica el monto efectivamente ejercido por rubros y destino”.

Al recordar que, de acuerdo con cifras oficiales, por los sismos 470 personas perdieron la vida y mil 372 tuvieron que ser hospitalizadas, el organismo destacó las inconsistencias entre los informes de las entidades afectadas y el gobierno federal.

Dijo que “reflejan una lamentable falta de coordinación entre las instituciones para depurar, conocer y conciliar cifras acerca de la dimensión real de lo ocurrido, así como el efecto real de la entrega de los fondos de apoyo a personas damnificadas para cumplir con los ofrecimientos de reconstrucción y rehabilitación”.

Así, los estados notificaron “de manera inicial 209 mil 344 lugares habitacionales dañados, de los cuales 60 mil 366 presentaron daño total y 148 mil 978, daño parcial, mientras que la autoridad federal señaló que 172 mil 26 fueron afectados e incorporados en su esquema de reparación de viviendas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)”.

Las diferencias de datos también se advierten en los reportes de escuelas dañadas, pues mientras los estados reportaron 16 mil 795 edificios dañados, de los cuales mil 521 se clasificaron con daño total y el resto con daño parcial, para el gobierno federal la cifra de escuelas afectadas es de 14 mil 976, de las cuales sólo 200 tendría daño total.

CDHDF recibe dos quejas de damnificados al día

Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHDF), una de las entidades más vulneradas por el terremoto del 19 de septiembre, destacó que mientras el organismo continúa en la investigación de 258 quejas, “se siguen recibiendo dos quejas promedio al día de personas damnificadas, frente a la actuación de la autoridad”.

Durante la presentación del “Informe Especial sobre el estado que guarda la garantía de los Derechos Humanos de las personas damnificadas por el sismo de 2017 en la Ciudad de México”, advirtió que “hoy tampoco, como hace 364 días, estamos preparados para esto (el sismo) ni para que ésto no vuelva a ser un desastre”.

Y es que, en la capital el temblor provocó el colapso de 38 inmuebles, la muerte de 228 personas y más de 30 mil damnificados.

La ombudsperson puntualizó que, si bien el temblor reveló la existencia de la solidaridad ciudadana, también evidenció que “a pesar de los significativos esfuerzos desplegados por diversas autoridades de la Ciudad de México, ante el desastre, existe una percepción de que la actuación gubernamental ha sido insuficiente”.

En el evento en el que también encabezó la presentación de las recomendaciones 12/20128 y 13/2018, relacionadas con el sismo, Nashieli Ramírez resaltó que, en sus denuncias, los damnificados hablan de “la falta de respuesta coordinada de las autoridades en diferentes niveles y ámbitos de responsabilidad, y en el lento proceso para la atención y obstaculización hacia el ejercicio de sus derechos”.

En el informe se destaca que, a agosto pasado, la Plataforma CDMX señalaba la existencia de 992 inmuebles que aún tiene alto riesgo, además de otros mil 784 y mil 360 con niveles de peligro bajo y medio en las delegaciones Tláhuac, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Xochimilco.

La Recomendación 12/2018 fue dirigida a los titulares de las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez, Iztapalapa, Tláhuac e Iztacalco, así como al Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC), el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), las secretarías de Protección Civil (PC), Movilidad (Semovi), de Obras y Servicios (Sobse) y de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).

Como autoridades colaboradoras, la Recomendación ubica a la Secretaría de Gobierno (SG)y a la Procuraduría General de Justicia local (PGJ-CDMX), así como a los 16 responsables de las demarcaciones, para responder a las violaciones a derechos humanos contra 25 víctimas directas, tres indirectas y a diversos afectados por violaciones estructurales.

La Recomendación 13/2018 se centra en las violaciones a derechos de los habitantes de la ciudad víctimas del desplazamiento forzado derivado del sismo, en la que se identifica como autoridades responsables a los titulares de las delegaciones Coyoacán, Gustavo A, Madero, Iztapalapa, Tláhuac y Tlapan, y, de nueva cuenta, al ISC y a PC, Sobse, Seduvi y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso).

Miles, aún en inmuebles en riesgo

El colectivo Nosotrxs denunció a que, a un año del sismo, de los mil 70 inmuebles dictaminados por el ISC, 483 se encuentran en grave riesgo de derrumbe y están localizados en las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez y Coyoacán.

La organización denunció que 33% de los inmuebles en peligro de colapsarse aún se encuentran habitados por cerca de ocho mil personas “quienes son las más expuestas al riesgo de perder la vida”, en tanto que, de los 105 inmuebles programados para ser demolidos, 61 siguen en pie.

En cuanto al ámbito rural, activistas de Infra Rural, organización conformada por profesionistas multidisciplinarios que respaldaron a damnificados en la reconstrucción de viviendas, presentaron un informe en el que coincidieron en “la falta de claridad en el ejercicio de recursos económicos” para atender a los damnificados, además de que muchos de los afectados quedaron fuera de los programas de apoyo.

Como muestra de la falta de atención, el presidente de la organización, Walter Ángel, señaló en conferencia de prensa que, en las cuatro comunidades pertenecientes a Puebla, Morelos, Oaxaca y Chiapas, “al menos 300 personas no tuvieron acceso ni fueron beneficiados de recursos del Fonden”.

El activista relató que entre las anomalías que detectaron resalta el condicionamiento de apoyos estatales y municipales con fines electorales, además de que, en Puebla, las tarjetas del Fonden se distribuyeron a través de Antorcha Campesina, organización vinculada al PRI.

Walter Ángel narró que en los cuatro municipios detectaron que, al momento de entregar los fondos, “a los damnificados se les canalizaba con constructores, que les presentaban proyectos de vivienda que superaban el monto de las tarjetas, por lo que les ofrecían un esquema de facilidades de pago”.

Los activistas advirtieron que los retos de la reconstrucción siguen vigentes, no sólo a nivel material, sino también de tejido social, que fue dañado ante la falta de atención oportuna en las comunidades rurales dañadas.

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