CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones de la sociedad civil solicitantes de dos declaratorias de Alerta de Violencia de Género (AVG) exigieron al gobierno mexiquense de Alfredo del Mazo realizar una investigación a fondo sobre el presunto asesino serial, Juan Carlos “N”, así como la creación de una comisión investigadora con asistencia técnica internacional; además, censuraron la filtraron del video de la autoinculpación del indiciado. En comunicados por separado, organizaciones y colectivos de familiares de mujeres desaparecidas urgieron a que participe en la investigación la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía General del Estado de México, al considerar que no se trata de un hecho aislado, pues en la entidad se cometen un promedio de 400 homicidios de mujeres al año, sin que sean, en su totalidad, clasificados como feminicidios. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) solicitó al Congreso del Estado de México crear una Comisión Especial para la Investigación del presunto asesino serial, detenido junto con su pareja el pasado 4 de octubre, cuando transportaban restos humanos en una carriola. Para la organización, el caso “devela la existencia de estructuras criminales que no pueden considerarse como hechos realizados por individuos aislados, sino como acciones operados a través de redes criminales que hoy por hoy, atentan contra la seguridad, integridad y vida de las mujeres mexiquenses”. El OCNF consideró indispensable que en la investigación “a fondo” del caso se cuente con la asistencia de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “a fin de garantizar la efectividad de sus acciones”. Agregó que es indispensable la participación en la indagatoria de la Unidad de Análisis y Contexto, que tiene entre sus funciones la identificación de patrones delictivos y que fue creada a partir de la primera declaratoria de AVG, emitida en 2015. Al recordar que la AVG fue solicitada desde 2010 por el OCNF y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Observatorio destacó que hasta ahora la  Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) “se ha negado a elaborar un dictamen que permita evaluar qué impacto han tenido las medidas, qué medidas se han implementado y cuáles siguen pendientes”. El OCNF documentó mil 420 asesinatos de mujeres en el Estado de México entre 2014 y 2017, de los cuales sólo 243 casos fueron investigados como feminicidio. En tanto, informó que de enero a octubre de este año “las autoridades estatales han reconocido únicamente 64 feminicidios, lo que se contrapone con las 400 mujeres que en promedio son asesinadas por año” en la entidad. Al señalar que las autoridades mexiquenses se han negado a proporcionar el número total de mujeres asesinadas en este año, el OCNF manifestó su preocupación de que con el caso de Juan Carlos “N” se busque “reducir a una acción individual, y que incluso las autoridades pretendan justificar el actuar del feminicida”. La organización agregó que resulta preocupante que no se tome en cuenta información que el OCNF ha entregado a las autoridades como “los patrones documentados en los feminicidios, los posibles nexos con otros delitos como la desaparición de personas, trata de personas, adopciones ilegales, etc., así como la brutalidad y agudización de la violencia con la que las mujeres son asesinadas”. Por ello, anunció que estará pendiente de la resolución judicial del caso. Reprueban filtración de video En tanto, organizaciones y colectivos de víctimas que solicitaron una segunda declaratoria de AVG en el Estado de México por la desaparición de mujeres y niñas el 25 de junio, afirmaron que el caso del supuesto asesino serial, “es un ejemplo paradigmático que evidencia la magnitud de la desaparición de mujeres en la entidad y la ineficiencia en la prevención, búsqueda, investigación y sanción por parte de las autoridades estatales”. El comunicado es firmado por IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, y los colectivos de víctimas del Estado de México Uniendo Esperanzas, Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos, Alondras Unidas por la Dignidad y la Justicia de Nuestros Desaparecidos, Asamblea Vecinal Nos queremos Vivas Neza y Colectivo Feminista de Ecatepec. Esas organizaciones y colectivos, condenaron las filtraciones en torno al hallazgo de restos humanos en la colonia Jardines de Morelos de Ecatepec y del video autoinculpatorio de Juan Carlos “N”, que fueron dadas a conocer en días pasados. “Reprobamos la forma en que este caso se ha filtrado a la opinión pública, incluyendo la difusión de un video en donde se entrevista al imputado, el cual debería encontrarse en completo resguardo por parte de la Fiscalía del Estado de México”, señalaron las organizaciones y colectivos al exigir a las autoridades que se abstengan “de hacer uso de datos de la investigación de manera sensacionalista”. De la misma manera, exigieron a los funcionarios encargado de la indagatoria “evitar acciones que puedan afectar la investigación, la cadena de custodia y los elementos de prueba hallados en el lugar de los hechos”. Recordaron que “deben ser en extremo cuidadosas para evitar violaciones procesales que favorezcan la impunidad y nieguen el derecho de las familias a la verdad y la justicia”. Para las organizaciones y colectivos, “la ausencia de un análisis de contexto en las investigaciones de este caso invisibiliza la problemática estructural y generalizada de violencia en contra de las mujeres en Ecatepec y perpetúa estereotipos que justifican dichas violencias”. Además de exigir el esclarecimiento del caso con perspectiva de género y respetar la intimidad y dignidad de las víctimas, pidieron a la Fiscalía General del Edomex “investigar las filtraciones de información con la finalidad de fincar responsabilidades a los servidores públicos implicados”. Los solicitantes de la segunda declaratoria AVG pidieron al Grupo de Trabajo responsable de analizar la petición presentar las conclusiones que debió haber emitido el pasado 28 de septiembre y emitir recomendaciones de implementación urgente para evitar la repetición de hechos como los de Jardines de Morelos de Ecatepec.