Al barco Aquarius –dedicado a rescatar migrantes en el mar Mediterráneo– se le castiga en lugar de premiarlo: a mediados de agosto Gibraltar canceló repentinamente su matrícula y a finales de septiembre Panamá le retiró el permiso para navegar con su bandera luego de que el ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, “chantajeó” con no dejar entrar a puertos italianos barcos con pabellón del país centroamericano. Abandonada por el resto de los países de Europa, a la embarcación le queda una esperanza: que el Papa Francisco le otorgue la bandera del Vaticano para reiniciar su labor humanitaria. PARÍS (Proceso).- ¿Aceptará el Papa Francisco salvar al Aquarius? ¿Será la bandera del Vaticano la que le permitirá seguir rescatando a refugiados e inmigrantes que han naufragado en el ­Mediterráneo? Hace sólo dos semanas estas preguntas eran insólitas. Hoy el Vaticano aparece como una de las pocas esperanzas que le quedan al barco de ayuda humanitaria. Fletado en febrero de 2016 por SOS Mediterráneo y Médicos sin Fronteras, el Aquarius ha salvado de la muerte a 29 mil 523 personas, la cuarta parte de las cuales son menores de edad. Sus operativos de auxilio y su papel de testigo del destino trágico de quienes huyen de las guerras y de la miseria exhiben cada vez con más fuerza la falta de humanidad de la política antimigratoria de la Unión Europea. El Aquarius llevaba meses aguantando sordas presiones políticas, pero todo se agudizó el pasado junio, cuando Matteo Salvini, ultraderechista ministro del Interior de Italia, le impidió atracar en los puertos italianos para desembarcar a sus pasajeros. Siguió de inmediato su ejemplo Joseph Muscat, primer ministro liberal de Malta, quien a su vez prohibió al barco anclar en el puerto de La Valette. El Aquarius navegó sin rumbo siete días –del 10 al 17 de junio– con 629 refugiados extenuados a bordo antes de ser acogido en Valencia. Dos meses después, el 13 de agosto, Gibraltar empeoró su situación al cancelar repentinamente la matrícula del barco humanitario, que hasta esa fecha no había tenido nunca el mínimo problema con las autoridades marítimas de la isla británica. Y Panamá le asesto otro golpe a finales de septiembre pasado al anunciar súbitamente su decisión de revocar el registro que le acababa de otorgar. “Estado delincuente” Entrevistados al margen de una conferencia de prensa que dieron el 24 de septiembre, Francis Vallat, presidente de SOS Mediterráneo Francia, y Frédéric Penard, director de operaciones de esta organización no gubernamental (ONG), detallan a la corresponsal las múltiples maniobras que buscan inmovilizar al Aquarius, el último barco humanitario activo en el Mediterráneo central. Explica Penard: “El pasado 21 de septiembre las autoridades marítimas panameñas le anunciaron por correo electrónico a la compañía Jasmund Shipping, armadora del Aquarius, que después de intercambiar comunicaciones con Roma habían optado por quitarle su pabellón a nuestro barco. “Dice textualmente uno de los párrafos de ese correo electrónico: ‘Desafortunadamente es preciso excluir al Aquarius de nuestro registro porque mantener esa bandera implicaría serias dificultades para el gobierno panameño y para la flota panameña que trabaja en los puertos italianos y europeos’.” Toma la palabra Vallat: “Eso se llama chantaje. Ni más ni menos. Panamá tiene el mayor registro de barcos en el mundo y estos pabellones de conveniencia juegan un papel importante en su economía. Al amenazar con cerrar los puertos italianos y europeos que navegan con bandera panameña, Italia deja de actuar dentro del estado de derecho y se comporta como un Estado delincuente”. Insiste: “Vivimos una situación sin precedente en los anales de la navegación internacional. Mis tres décadas de experiencia marítima me permiten afirmar que es la primera vez, desde la Segunda Guerra Mundial, que se le quita dos veces consecutivas la bandera a un barco que respeta escrupulosamente todas las normas de registro y todas las reglas marítimas internacionales. Se trata de una violación flagrante del derecho marítimo internacional con implicaciones humanitarias de suma gravedad”. Vallat conoce de sobra el mundo marítimo. Durante 27 años el presidente de SOS Mediterráneo Francia fue armador y acabó su carrera siendo presidente de Van Ommeren Tankers, importante grupo holandés de transporte marítimo de petróleo. También representó durante 10 años a Francia ante la Agencia Europea de Seguridad Marítima, al tiempo que asumió la vicepresidencia de esa institución y destacó como miembro del Lloyd’s Register (Gran Bretaña) y de Veritas (Noruega), consideradas las dos sociedades de clasificación de buques más importantes del mundo. Resalta: “En su comunicado oficial, las autoridades panameñas manejan extraños argumentos para justificar su decisión. Pretenden haber ‘descubierto’ que engañamos a sus homólogas de Gibraltar al registrarnos como ‘barco oceanográfico’ y no como ‘barco de rescate’. Es una mentira descarada. Basta echar una mirada a los registros de la Organización Marítima Internacional (OMI) para constatar que Gibraltar mismo nos matriculó como barco de rescate”. Interviene Penard: “Ese comunicado oficial también dice textualmente: ‘Las autoridades italianas señalaron que el capitán de la nave había rehusado devolver los inmigrantes y los refugiados auxiliados a su lugar de origen’”. Y concluye: “Constituye causal de cancelación de oficio del registro de las naves la ejecución de actos que afectan los intereses nacionales”. Penard pronuncia con fuerza estas últimas palabras. “¿Se da cuenta a qué extremos se llega?”, exclama Vallat. “¡El hecho de salvar a migrantes que se ahogan en el Mediterráneo afecta los intereses nacionales panameños!” Los dos responsables de la ONG explican que el Aquarius quedó inmovilizado 19 días en Marsella, sede de SOS Mediterráneo, después de haber perdido el pabellón de Gibraltar. Y fue, por lo tanto, en ese puerto donde el barco humanitario se sometió a finales de agosto a los controles rigurosos exigidos para obtener el registro panameño. “Panamá constató que el Aquarius llenaba todas las normas marítimas en vigor y que respetaba todas las especificaciones técnicas requeridas, por lo cual el 11 de septiembre la nave pudo ondear oficialmente la bandera panameña. El día 15 zarpó de nuevo hacia las costas libias para seguir cumpliendo su misión de auxilio”, señala Vallat. Cinco días después, el 20 de septiembre, la tripulación vislumbró una embarcación en dificultades en aguas internacionales. “El capitán del Aquarius avisó al Centro de Coordinación de Rescate Libio, por teléfono y por e-mail”, cuenta Penard. “Nadie contestó. Casi siempre pasa lo mismo con los libios. Nick Romaniuk, coordinador de operativos a bordo del Aquarius, se comunicó entonces con el Centro de Coordinación de Rescate Marítimo de Roma, mientras nuestro equipo de rescate auxiliaba a los 11 pasajeros de una frágil embarcación de fibra de vidrio que estaba a punto de volcarse. “Varias horas después de ese operativo los guardacostas libios contactaron al Aquarius. Lo citaron frente a la costa de Zawijah exigiéndole la entrega de los rescatados. Pretendían devolverlos a Libia. El capitán se negó y no acudió al lugar de la cita.” Reitera Vallat: “Su deber de marino era no obedecer una orden injusta. Nuestra misión consiste en salvar vidas y proteger a los sobrevivientes llevándolos a un puerto seguro. Es lo que estipulan la Convención de las Naciones Unidas de 1982 sobre el derecho del mar, los convenios internacionales para la Seguridad Humana en el Mar (1974), sobre Búsqueda y Rescate Marítimo (1979), sobre Salvamiento Marítimo (1989) y las Directivas del Comité Marítimo de Seguridad de la OMI, de 2006. “No hay un solo puerto seguro en Libia. Peor aún, desde mediados de septiembre Trípoli está sacudido por violentos enfrentamientos que cobraron ya un centenar de víctimas y amenazan aún más la seguridad de los refugiados.” Agrega Penard: “Es obvio que nuestra negativa no fue del agrado de Salvini, quien optó por chantajear a Panamá”. Frenarlos “a como dé lugar” El 23 de septiembre un grave incidente enfrentó al barco humanitario con guardacostas de Libia en aguas internacionales. Ocurrió cuando su equipo de rescate salvaba a 47 pasajeros de otra embarcación en peligro. “Los libios se mostraron más agresivos que nunca”, confía Penard. “Enfrentamos una situación gravísima”, destaca Vallat. “La zona de intervención de los guardacostas libios en el Mediterráneo central, definida casi en secreto en febrero de 2017 por la Declaración de Malta del Consejo Europeo, es cada vez más amplia y hoy llega casi hasta las costas de Italia y Malta. La Unión Europea ya delegó a Libia la responsabilidad de impedir, a como dé lugar (subrayo: a como dé lugar), que inmigrantes y refugiados crucen el Mediterráneo”. El 23 de septiembre el Aquarius no pudo rescatar a los pasajeros de otra embarcación en dificultades que fue interceptada en aguas internacionales por guardacostas libios. Algunas horas después el barco humanitario no alcanzó a salvar a otros refugiados. Su tripulación sólo se topó con un barco volcado y no vio la mínima huella humana. El 24 de septiembre SOS Mediterráneo y Médicos sin Fronteras pidieron al presidente francés, Emmanuel Macron, autorización para desembarcar a sus 58 pasajeros en Marsella, ya que Italia y Malta los rechazaban. Macron no les contestó, pero negoció con Muscat. El premier maltés finalmente aceptó recibir a los sobrevivientes que Francia, Portugal, España y Alemania se comprometieron a “repartirse a la brevedad”. En vano SOS Mediterráneo y Médicos sin Fronteras pidieron a Panamá que reconsideré su decisión. Solicitaron la ayuda de la Unión Europea para conseguir una nueva bandera. No recibieron propuesta alguna. Ampliaron su solicitud a los demás países del mundo. En balde, por lo menos hasta el cierre de esta edición. Pero después del antecedente de Panamá es difícil imaginar que Liberia u otros países conocidos por otorgar pabellones de complacencia se arriesguen a desafiar a Salvini. El pasado 28 de septiembre 100 destacados políticos, artistas e intelectuales galos firmaron un llamado público a Macron en el que piden que se le conceda la bandera francesa al barco humanitario. “No matricular en Francia al Aquarius es aceptar que los náufragos mueran ante nuestros ojos, es violar las convenciones internacionales, es traicionar a nuestros antepasados que lucharon para el reconocimiento de los derechos humanos y la protección de los más vulnerables”, advierten. Su iniciativa no tuvo eco en el Palacio del Elíseo. El tema de los inmigrantes, ­caballo de batalla de la derecha y la ultraderecha francesas, es explosivo para Macron, cuya popularidad está más baja que nunca. Aun así, el Aquarius pudo atracar en Marsella el jueves 4. Es en ese contexto que el Papa se va perfilando como eventual salvador del barco humanitario. La bandera del Vaticano Desde su entronización, Francisco no ha dejado de exigir de la Iglesia católica un compromiso cada vez más fuerte con los refugiados y los inmigrantes. Cabe recordar que para su primer viaje oficial, el 8 de julio de 2013, eligió la isla siciliana de Lampedusa, que albergaba a centenares de náufragos. “La Iglesia los acompaña en su búsqueda de una vida digna”, les aseguró, al tiempo que fustigó “la mundialización de la indiferencia”. Cinco años más tarde y pocos días después de la crisis del Aquarius, el 6 de julio de 2018, Francisco celebró en la Basílica de San Pedro una misa para los inmigrantes y los refugiados, en la que criticó en términos apenas velados la política migratoria de Salvini. Hace más de un siglo que el Papa León XIII vendió la última nave de la flota vaticana; pero eso no impide que la Santa Sede tenga una bandera marítima ni que pueda otorgarla. Por el contrario, un convenio internacional firmado en 1965 por Italia, y al que se sumó el Vaticano, establece que “los Estados ubicados entre el mar y otro Estado desprovisto de litoral otorgarán a los barcos que enarbolan la bandera de ese Estado un trato igual al que dan a sus propios navíos”. Un decreto de 1951 del Estado de la Ciudad del Vaticano detalla con suma precisión las modalidades de atribución del pabellón marítimo pontificio. Ese decreto estipula además que “los nombres de los barcos matriculados en la Santa Sede tendrán que ser aprobados por la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano” y que deberán ser pintados en la parte delantera y trasera del barco, arriba de la mención “Ciudad de Vaticano”. También determina que “la bandera adornada por el blasón oficial del Estado del Vaticano será alzada en el mástil más alto”. La Santa Sede exige además la presencia de un sacerdote a bordo de cada barco, que “asumirá la función de capellán y cuyo grado jerárquico será el segundo en importancia después del capitán de la nave”. El Vaticano se reserva “el derecho de aprobar la composición de la tripulación” y podrá rechazar “sin justificación a uno o varios de sus miembros”. Vallat precisa que SOS Mediterráneo y Médicos sin Fronteras no han tocado aún la puerta del Vaticano. Penard enfatiza que ambas organizaciones “aceptarán con gusto” la bandera de la Santa Sede. Los voceros del Vaticano no han comentado esa eventualidad. Este reportaje se publicó el 7 de octubre de 2018 en la edición 2188 de la revista Proceso.