En materia de justicia, AMLO no ofrece soluciones de fondo: el ministro Cossío

El Ministro José Ramón Cossío Díaz. Foto: Octavio Gómez El Ministro José Ramón Cossío Díaz. Foto: Octavio Gómez

El presente es desastroso, pero el futuro no se ve mejor: sin una verdadera política de justicia no habrá comisiones de la verdad ni amnistías que valgan frente a la polarización social y el abandono de las instituciones judiciales. Esta es la opinión del ministro de la SCJN José Ramón Cossío, a pocos días de su retiro, acerca de los planteamientos del equipo del presidente electo en ese ámbito. Sobre el estilo lopezobradorista de hacer política, advierte: “Si el discurso va a ser que los 30 millones de votos autorizan hacer casi cualquier cosa, me parece que las instituciones no van a resistir…”

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Ramón Cossío Díaz afirma que el saliente gobierno de Enrique Peña Nieto se desentendió de la política de justicia, mientras que el equipo de Andrés Manuel López Obrador no ha perfilado lo que hará en esta materia, salvo propuestas que no apuntan hacia soluciones de fondo.

En entrevista con Proceso en vísperas de su retiro, luego de 15 años como ministro del máximo tribunal del país, subraya la urgencia de que México empiece un proceso de pacificación, no sólo por la violencia criminal, sino porque ha entrado en un proceso de polarización social que someterá a fuertes presiones a la libertad de expresión.

Hace falta un liderazgo político que se comprometa a tomar en serio el tema de la justicia en el país. “Hay un derrumbe institucional” en esa área, asegura. El caso de los tráileres deambulando con cadáveres en Jalisco es apenas una muestra de ello. Asimismo, anticipa: Si el tema de los miles de desaparecidos queda irresuelto, se convertirá en “una bomba de tiempo” que tarde o temprano estallará con la radicalización de los familiares de las víctimas.

Llegado desde la academia a la Suprema Corte en 2013, Cossío Díaz favorece la presencia de una comisión internacional para México. No para que reemplace a las autoridades encargadas de investigar los delitos y se encamine la justicia en el país, sino para capacitarlas, dado que muchas de sus acciones, por incompetencia, carecen de validez jurídica.

El próximo gobierno va a tener una gran presión en el tema, con el añadido de que podría hacer modificaciones al Poder Judicial bajo el argumento de la legitimidad de los 30 millones de votos.

“Si el discurso va a ser que los 30 millones de votos autorizan hacer casi cualquier cosa, me parece que las instituciones no van a resistir. No sé para qué tanto se va a utilizar ese discurso. Vamos a ver qué tanto las personas en esas instituciones resisten la narrativa de una persona que viene a resolver los problemas históricos del país, la del carro completo, la de los 30 millones, la del mandato popular. Eso se va a saber en el primer año del gobierno”, considera.

En el ambiente de polarización del país asegura que la libertad de expresión también estará bajo muchas presiones. Explica: La elección manifestó que hay diferencias mucho más hondas de lo que habíamos pensado. Esa heterogeneidad es la que se está manifestando. Lo peligroso es que uno trate de acallar al otro porque se es chairo o fifí.

Para los medios, dice, es una posición delicada porque se hacen y los hacen partícipes de estos grupos. “En términos de libertad de expresión, vamos a entrar, más allá de quién ocupe la presidencia, es un fenómeno social muy difícil”.

A veces simplificamos en que había un antes y un después con López Obrador. No, él es causa de algunas cosas buenas y malas, y es producto de una situación social mucho más compleja, dice el constitucionalista.

Considera que la cancelación del aeropuerto en Texcoco fue un acto profundamente simbólico: Se fue construyendo una disputa que fue una extensión de la elección del 1 de julio. Llegamos a la elección en una sociedad enormemente tensada entre quienes pensaron que simplemente había que seguir con lo que había o los que estaban a favor de un cambio radical.

En el caso del aeropuerto se llegó al punto de que era un asunto de perdedores y ganadores. La cancelación fue un acto de poder, pero también en el mantenimiento de lo otro llevaba la implicación de un acto de poder. Es un ejemplo de la deformación a la que estamos llegando en el país, asegura.

(Fragmento de la entrevista publicada en Proceso 2193, ya en circulación)

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