CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Pleno del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) manifestó su preocupación por el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 presentado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que considera la creación de la Guardia Nacional. El consejo consideró que la propuesta es contraria a la Constitución y no es opción “para recuperar la paz, seguridad y respeto de derechos humanos que la sociedad reclama, ni será la respuesta a los problemas de impunidad, corrupción y desigualdad” que enfrenta México. En un comunicado, en el que se reconoce “la contribución y sacrificios de las Fuerzas Armadas para hacer frente a la grave situación de violencia e inseguridad en diversas regiones del país”, los integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH hicieron un llamado a López Obrador para rectificar su plan de seguridad pública y “que se fortalezcan las instituciones civiles en la materia, reduciendo la participación de elementos de nuestras Fuerzas Armadas en cuanto sea posible”. El consejo hizo “un respetuoso llamado para que, en un ejercicio de coherencia y compromiso con el respeto a los derechos y libertades básicas de las personas, y de cumplimiento a los estándares internacionales, se revise el apartado correspondiente al ‘Plan de Seguridad Pública”. Pide estrategia “integral y razonada” El órgano recomendó “que se contemple una estrategia integral y razonada que, sin desconocer el trascendente papel de nuestras Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, prevea una ruta para corregir las deficiencias, así como para el desarrollo y fortalecimiento de las policías e instituciones civiles, federales, locales y municipales, para que asuman la seguridad pública y haya un plan para el retorno gradual y verificable de las Fuerzas Armadas a las tareas que les son propias”. Los integrantes del Consejo Consultivo destacaron que la militarización como estrategia de seguridad pública seguida en las dos últimas administraciones, “no ha podido por sí misma, prevenir o atender los miles de casos de homicidios y personas desaparecidas, además de que han ocurrido muchos casos de violaciones a derechos humanos”. En el posicionamiento del órgano colegiado se expresa la preocupación por el plan de “asignar tareas de seguridad pública en el país a una institución de carácter militar como lo será la Guardia Nacional cuya creación se propone en contravención de la Constitución General, principios, recomendaciones y criterios de instancias internacionales, y declaraciones previas del propio presidente electo y miembros de su equipo”. Para los integrantes del Consejo Consultivo, presidido por el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, “pretender desvincular la Guardia Nacional de las Fuerzas Armadas no cambia en los hechos la realidad de que estará integrada mayoritariamente por personal del Ejército y de la Marina, y actuará conforme a esquemas propios del orden y disciplina castrense, bajo un modelo de división territorial y facultades amplias que es ajeno al que rige a las autoridades civiles”. Autoridad civil subordinada Del análisis del Plan, los consejeros advirtieron que se busca que quede “la coordinación y mando operativo a cargo del personal militar, con lo que implícitamente se subordina a las autoridades civiles a los mandatos y órdenes de autoridades militares, con independencia de la denominación que se pretenda dar a las mismas”. Alertaron que la “eventual reforma constitucional para quitar a las autoridades civiles la responsabilidad de asumir la seguridad pública y otorgarla a un cuerpo de franco corte militar no subsanaría los vicios y lo improcedente que, desde la perspectiva de los derechos humanos, resultaría implementar una política pública como la que se contempla en dicho Plan”. Recordaron que la presencia de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, “no debe verse, bajo ningún concepto, como opción permanente y esencial para recuperar la paz, seguridad y respeto a los derechos humanos que la sociedad reclama, ni será la respuesta a los problemas de impunidad, corrupción, exclusión y desigualdad que enfrentamos”. Al señalar que la estrategia de militarización de la seguridad pública de los últimos dos sexenios “ha demostrado lo limitado de sus alcances y efectos”, el Consejo Consultivo de la CNDH destacó que durante meses “los organismos nacionales e internacionales de defensa de derechos humanos, organizaciones civiles, académicos y expertos de seguridad se pronunciaron en contra de la Ley de Seguridad Interior (LSI), recientemente declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. El órgano colegiado agregó que los opositores a la LSI “evidenciaron la necesidad de un planteamiento general e integral de las políticas públicas en materia de seguridad y justicia, restringiendo lo más posible la participación de las Fuerzas Armadas y buscando fortalecer y desarrollar a las instituciones civiles como encargadas de la seguridad pública, lo que pasa por la creación de fiscalías verdaderamente autónomas e independientes, que va más allá de la forma de cuerpos reactivos que sustenten su actuación en el uso de la fuerza principalmente”. Avala fortalecimiento de DH El Consejo Consultivo de la CNDH ofreció su respaldo al Plan Nacional de Paz y Seguridad en lo que se refiere al “fortalecimiento de una cultura de derechos humanos, la divulgación y formación ética de la sociedad, la generación de insumos que enriquezcan el replanteamiento desde una perspectiva de derechos humanos de las políticas de producción y consumo de drogas, y la construcción de una cultura de paz, con apoyo en modelos de justicia transicional que garanticen los derechos de las víctimas”. Asimismo, respaldó la propuesta de “la recuperación y dignificación de las cárceles; el combate a la corrupción e impunidad, y la revisión de la problemática del país en materia de seguridad y justicia, incluida una reflexión sobre las relaciones entre militares y población civil en la que, bajo una óptica de derechos humanos, se propongan opciones para la coyuntura crítica que se enfrenta en la materia”. Los integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH son Mariclaire Acosta Urquidi, María Ampudia González, Alberto Athié Gallo, Michael Chamberlin Ruiz, Angélica Cuéllar Vázquez, Mónica González Contró, David Kershenobich Stalnikowitz, Carmen Moreno Toscano, Olga Noriega Sáenz y Jesús Orozco Henríquez.