CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Chihuahua solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que sean notificadas todas las entidades federativas de la controversia constitucional presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, quien busca blindarse de investigaciones de corrupción en su contra. El consejero jurídico del gobierno estatal, Jorge Espinoza Cortés, presentó esta tarde una promoción ante la Corte para que dentro de la controversia constitucional 183/2018, sean llamados todos los poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los estados del país bajo el criterio de que pueden resultar afectados con la resolución que se emita. “En caso de que resulte procedente la controversia constitucional presentada por el presidente Peña Nieto, tendrá repercusiones legales en todo el territorio nacional, ya que lo que se pretende es extender el fuero a los funcionarios federales del actual gobierno, es por eso que se debe llamar como terceros interesados a todos los poderes de los estados en el país”, explicó el funcionario. En la promoción de la controversia constitucional, el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Mixha Leonel Granados Fernández, solicitó el recurso contra las investigaciones, averiguaciones previas, carpetas de investigación, solicitudes de información, órdenes de investigación, solicitudes de colaboración que refieran, mencionen o relacionen a actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que tengan relación directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones. De acuerdo la resolución, se decidió admitir la controversia ya que es procedente porque hay antecedentes en el Tribunal del Pleno, porque plantea la invasión del gobierno de Chihuahua a la esfera del gobierno federal, por lo que explica, la admisión no prejuzga si lo demandado es o no inconstitucional. Detalla que no se conoce que funcionarios podrían ser investigados; esa información, aclaró, podría conocerse cuando la SCJN reciba las constancias. La medida cautelar otorgada por el ministro suspende las investigaciones y procesos hasta que se determine por la SCJN si las conductas delictivas que buscan investigar deben ser conocidas por las autoridades federales o locales.