Incompleta y fragmentada la “versión histórica” del caso Ayotzinapa; CIDH pide desecharla

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), llamó al Estado mexicano a descartar la “versión histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y enderezar la investigación del caso que está “fragmentada, incompleta y sin una directriz clara investigativa”.

En el informe final del Mecanismo Especial de Seguimiento de Ayotzinapa (MESA), la CIDH manifestó su preocupación de que “aún no haya un cambio en la narrativa oficial en relación con la línea de investigación del basurero de Cocula, a pesar de lo señalado por esta Comisión, por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)”.

El MESA fue creado por la CIDH para dar seguimiento al cumplimiento por parte de las autoridades de las recomendaciones hechas por el GIEI en sus dos informes, para lo que revisó 618 tomos de la indagatoria, y se entrevistó en diversas ocasiones con familiares de las víctimas y sus representantes.

Dentro de los hallazgos de la MESA, el informe reveló que integrantes del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, dieron seguimiento a “las actividades de los estudiantes desde el día 25 de septiembre, lo que amerita una indagación exhaustiva”.

De la misma manera, el organismo consideró profundizar en los “tres mecanismos de coordinación -Centro de Operaciones Estratégicas (COE); el Centro de Control, Comando y Cómputo (C-4) y las Bases de Operaciones Mixtas Urbanas (BOMUS)- que por sus características concentran acciones coordinadas con autoridades municipales, estatales y federales, podrían haber sido activados, o tener conocimiento de los hechos ocurridos, días antes a la noche del 26 de septiembre”.

Para el Mecanismo, es indispensable esclarecer los señalamientos de distintas personas, incluidos militares, “por su vínculo con organizaciones criminales”, de ahí que “se recomienda hacer una contrastación que obra en diversas constancias del expediente”.

Investigar a más policías

Por la información recabada, el MESA advirtió que se debe indagar la posible participación de otras policías municipales, además de las de Iguala, Cocula y Huitzuco, identificadas en los informes del GIEI, sino que se debe agregar a las corporaciones de Tepecoacuilco, Pilcaya, Eduardo Neri, Buenavista de Cuéllar y Apaxtla, y lugres cercanos a Iguala.

Abundó que “existen importantes elementos probatorios, como la telefonía y la balística, que permiten establecer la presencia de policías de Huitzuco en escenas de los hechos, por tal razón es importante que se presenten nuevamente los pliegos de consignación por el delito de desaparición forzada en contra de estos policías”.

Sobre la Policía Federal, recomendó contrastar las declaraciones que señalan a elementos en lugares de los hechos con los análisis telefónicos obtenidos por la Procuraduría General de la República (PGR), así como “clarificar la cadena de mando, el traslado del personal de este cuerpo policial hacia Iguala, la remoción de la plantilla de la estación de Iguala el 13 de octubre de 2014, la información que obra en el expediente sobre el seguimiento de las actividades de los estudiantes desde el día 25 de septiembre de 2014, y la posible relación de uno de los mandos de la PF en el estado con integrantes de Guerreros Unidos”.

Para la CIDH es indispensable que la PGR continúe con investigaciones para “presentar consignaciones más sólidas, en relación a la actuación de tres elementos de la Policía Federal y otros de la Policía Ministerial de la Procuraduría Local”.

En cuanto a la participación que podría haber tenido la Policía Estatal, el organismo consideró esclarecer “el presunto resguardo en el Centro Regional de Adiestramiento Policial (CRAPOL)”, ante declaraciones que “mencionan la presencia de esta policía en varios escenarios donde ocurrieron los hechos de violencia”, lo que pondría en duda “las razones del resguardo de dichas instalaciones en la noche de los hechos y la instrucción dada por las autoridades superiores estatales”.

Ante la identificación por parte de la PGR de que nueve celulares de los estudiantes estuvieron activos después de los ataques y que dos de los aparatos estuvieron en manos de autoridades municipales y estatales, la CIDH insistió en continuar con esa línea de investigación “para determinar de manera objetiva el paradero de los estudiantes en las horas posteriores a los hechos”.

En materia balística, puntualizó en la necesidad de determinar “la responsabilidad respecto a la destrucción de 16 fusiles de la policía municipal de Iguala y se profundice la investigación de nueve fusiles adicionales relacionados con los hechos del caso, que se encontrarían resguardados por la PGR”.

Más pendientes

Sobre las actuaciones del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, en el Río San Juan, la CIDH lamentó en su informe que siga sin resolverse el amparo interpuesto por los familiares de los estudiantes por la conclusión de la Visitaduría sobre las irregularidades cometidas.

Asimismo, “está pendiente el avance de las investigaciones sobre el supuesto ocultamiento de la libreta de Sidronio Casarrubias al GIEI, así como sobre la actuación de los funcionarios de la PGR que, conforme a lo expresado por uno de los supuestos líderes de Guerreros Unidos, estaría vinculado con grupos criminales”.

Otro pendiente por esclarecer es “el espionaje al GIEI y a los abogados de las familias, y lo relacionado con las denuncias de tortura a personas detenidas”.

En cuanto a la atención a las víctimas, la CIDH valora las acciones brindadas a Edgar Vargas y a Aldo Gutiérrez Solano, “y exhorta al Estado mexicano para implementar las recomendaciones del informe ‘Yo sólo quería que amaneciera’, así como seguir dando atención médica permanente y las medidas de asistencia requeridas”.

La CIDH se pronunció sobre la Ley General en materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y la Ley General sobre Tortura, como medidas de no repetición. De la primera consideró que “sigue presentando varios retos en relación con su funcionamiento”, y de la segunda recomendó aplicar el Protocolo de Estambul.

El organismo informó que continuará dando seguimiento al cumplimiento de los informes del GIEI y de los del MESA, como parte de la medida cautelar MC 409/14, emitida con el objetivo de “encontrar a los estudiantes y se conozca la verdad de los hechos ocurridos en Iguala”.

La CIDH conminó al Estado mexicano “a redoblar los esfuerzos para determinar el paradero de los estudiantes normalistas, conocer la verdad de lo ocurrido la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, brindar una atención integral a las familias y asegurar que estos hechos atroces no vuelvan a ocurrir”.

 

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