PUEBLA, Pue. (proceso.com.mx). - Al defender su resolutivo por la anulación de los comicios de Puebla, el magistrado ponente, José Luis Vargas Valdez puso al descubierto presiones, cabildeos y tácticas dilatorias que se dieron al interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en torno a este caso. En la sesión que duró más de cuatro horas, el TEPJF determinó, por cuatro votos a favor y tres en contra, convalidar el triunfo de Martha Erika Alonso Hidalgo, esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle, en las elecciones por la gubernatura celebradas el 1 de julio. Los magistrados que votaron a favor de confirmar el acta de mayoría de Alonso Hidalgo fueron Reyes Rodríguez Mondragón, Indalfer Infante Gonzales, Felipe de la Mata Pizaña y la presidenta del tribunal, Janine Otálora Malassis, mientras que Mónica Arali Soto, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y el propio Vargas Valdez se pronunciaron por la anulación de los comicios. Antes de que la magistrada presidenta emitiera su voto, que fue el que definió el veredicto a favor de Alonso Hidalgo, el magistrado ponente, Vargas Valdez, denunció que el proyecto que hizo público el 2 de diciembre, en un trámite ordinario, debió someterse a votación el miércoles cuando estaban ausentes dos magistrados, pero había cuórum con cinco de ellos. Sin embargo, dio a entender que no se hizo en ese momento por el cálculo de que la votación de cinco magistrados favorecería la anulación de los comicios y se pidió esperar hasta el regreso de dos de ellos, con los cuales se conformó la mayoría para validar la elección. “Queda la sospecha de ciertas tácticas dilatorias, que se han dado aquí, que tienen que ver con atrasar las resoluciones”, expresó Vargas Valdez al defender su postura sobre la resolución de los expedientes por los juicios SUP-JRC 2014/2018, SUP-JDC 517/2018 y acumulados, interpuestos por Morena y el ex candidato a la gubernatura Luis Miguel Barbosa Huerta. “Me preocupa que estemos haciendo cálculos para ganar votaciones, me preocupa esa transparencia de que tanto hablamos se quede sólo en discurso, donde el justiciable simplemente esté a las expensas de los cabildeos que existen para influir en la votación de este pleno”, manifestó. Luego, aclaró que lo que exponía sobre esto no era “mera sospecha” porque desde hace dos días sabía de la existencia de un proyecto de englose que rebatía su propuesta de anular las elecciones. “A mí que me expliquen cómo, si los magistrados ausentes llegaron ayer a las cuatro de la madrugada, cómo es que ya tenían un proyecto de englose”, dijo al hacer hincapié en que una de las razones que se dieron para dar más tiempo a la resolución del caso fue por la extensión de 450 hojas del resolutivo que presentó. Luego de exponer en la sesión sus “sospechas”, Vargas Valdez confió en que “la verdad” de lo que ocurre en el tribunal con este tipo de prácticas, “saldrá a la luz pública tarde que temprano”. Previo a esto, en la última parte de la presentación de su ponencia, el magistrado Vargas Valdez denunció que luego de que hizo público en las redes sociales su proyecto que proponía la anulación de la elección de Puebla y la revocación del a constancia de mayoría para Alonso Hidalgo, él y otros magistrados fueron sujeto a presiones, amenazas e intimidación. “Las presiones que han sido suscitadas con la publicación del proyecto de sentencia que hice pública a través de la red institucional de un servidor, así como las amenazas en medios de comunicación y prensa y otros medios de intimidación de los cuales un servidor y varios de los aquí presentes fueron sujetos en los últimos días”, mencionó. Luego se refirió a su convicción de que el tribunal electoral debería resolver las sentencias con plena autonomía sin “influencias, factores externos o intereses que intentan aminorarla y sojuzgar”. Previo a la sesión del TEPJF, el Senador por Morena, Alejandro Armenta, acusó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alberto Pérez Dayán, que, en conjunto con el expresidente del Tribunal Electoral, Constancio Carrasco Daza, de ser los encargados de presionar a los magistrados. De hecho, mencionó que fueron estos ministros los encargados de elaborar la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Remuneraciones que fue presentada por Senadores encabezados por Rafael Moreno Valle, esposo de Alonso Hidalgo, y por Miguel Ángel Osorio Chong, del PRI. “Los ministros se han coludido con el PRI y con el PAN a cambio de presionar que no se anule la elección en Puebla”, acusó. LOS VIDEOS En la sentencia de Vargas Valdez, que no obtuvo la mayoría de los votos, el magistrado planteó que en los comicios de Puebla se rompió el principio constitucional de certeza por haberse vulnerado la cadena de custodia de los paquetes electorales. Para sustentar su tesis, el ponente presentó al pleno tres dos de las cámaras de vigilancia que le entregó el Instituto Electoral de Puebla provenientes de las cámaras de vigilancia instaladas en la bodega en la que se resguardaron los paquetes. En las grabaciones se puede ver cuando grupos de personas ingresan de uno por uno al área, incluso con una camioneta, sin registro, ni control alguno y es evidente la sustracción de documentos. En una de las grabaciones, del 17 de agosto, se puede observar que ingresan nueve personas a la bodega, cuya puerta solo está emparejada y no cuenta con ningún sello ni cerradura, ni siquiera guardia de seguridad que tenga a su cargo el registro de los accesos. Las personas entran con mochilas vacías y a su salida se observa que van llenas, sin que alguien verifique su contenido. Igual ocurre el 21 de agosto, a la misma bodega ingresan 14 personas en las mismas circunstancias, y luego introducen una camioneta, cuya batea llenan con paquetes electorales sin que se observe algún proceso de registro del material que se extrae. Vargas Valdez mencionó que estas imágenes las pudo encontrar en los videos que envió el OPLE poblano, sin embargo, las grabaciones sólo abarcaban 12 de 53 días que los paquetes estuvieron en esas bodegas, pues la autoridad no envió los videos de todos los días pese a que el magistrado se los solicitó. “De esos 12 días son las imágenes que les he mostrado… yo me pregunto qué será de los otros días que no fueron entregados aun siendo requeridos”, cuestionó. Además, el juzgador hizo mención que las bitácoras de control de accesos a las bodegas que envió el IEEP, es evidente que fueron hechas de manera posterior a que le fueron solicitadas por el tribunal, pues incluso estaba escritas con impresora las horas de ingreso y acceso de los funcionarios electorales al lugar. Aparte, señaló que en el caso de los videos que presentó, no había coincidencia con la bitácora, pues esos días se reporta el ingreso sólo de cuatro a cinco personas, cuando en las imágenes se confirma que fueron más. En total, mencionó que la autoridad electoral reconoció 50 ingresos a las bodegas supuestamente para buscar paquetes que le fue solicitado por el Tribunal Electoral del Estado y que en ninguno de los casos se invitó a los representantes de los partidos políticos a atestiguar el hecho, con lo que fueron violadas sus garantías. Asimismo, confirmó que la bodega no reunía las condiciones que señala la ley pues había más de una puerta de ingreso y no había constancia de que hubieran sido selladas o clausuradas para garantizar que no se usaran. También mencionó que fueron abiertos paquetes que ya habían sido aperturados en recuentos distritales. Recordó que todo esto ocurrió previo al recuento que ordenó en septiembre la misma Sala del Tribunal Electoral, por lo que consideró que el haber revisado voto por voto y casilla por casilla de la elección para gobernador de Puebla, no puede considerarse “certero ni confiable” pues antes de eso no se aseguró la integridad de los paquetes electorales. “Es decir a ningún fin práctico conllevó el esfuerzo institucional y humano realizado por este tribunal para garantizar el principio de certeza de la elección y eso tiene una razón muy básica y elemental y es que la finalidad con la que ordenamos ese recuento fue viciado, toda vez que, previo a eso, fue la violación a la cadena de custodia”, explicó. El magistrado refirió que ese mismo tribunal había invalidado los cómputos distritales de la elección por un cúmulo de inconsistencias que se detectaron en las actas, por lo que ni esos resultados, ni los del recuento que se hizo en septiembre podían considerarse reflejo de la voluntad popular debido a las evidencias de que “la totalidad de la paquetería estuvo expuesta a manipulación y alteración”. El magistrado también mencionó que en el análisis de las pruebas aportadas por Morena y el ex candidato Luis Miguel Barbosa, se acreditó el uso de un vehículo oficial para el traslado de paquetería, la violencia que hubo en 59 casillas, hechos que mencionó como “graves” pero no suficientes para anular las elecciones. La postura de anular las elecciones fue respaldada por los magistrados, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Mónica Aralí Soto Fregoso, quienes igual consideraron que ni el cómputo distrital que fue invalidado, ni el recuento que se llevó a cabo en septiembre, puede dar certeza del sentido de la votación que emitieron los poblanos. Fuentes Barrera recordó que incluso en el recuento de los votos, se encontraron paquetes que no contenían el listado nominal, con muestras físicas de haber sido abiertos, cerrados con cinta canela, sin la firma de representantes partidistas, boletas que no estaban dobladas o que estaban marcadas con características similares, presumiblemente hechos por la misma persona. La magistrada Soto Fregoso dijo que incluso que los videos presentados por Vargas Valdez le resultaron “impactantes” pues las bodegas en las que se resguardaron los paquetes de la elección de Puebla no reunían condiciones mínimas de seguridad que se prevén en la legislación. Sin embargo, los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón, Indalfer Infante Gonzales, Felipe de la Mata Pizaña y la presidenta del tribunal, Otálora Malassis, basaron su voto en contra en los hechos de que la participación ciudadana en Puebla fue de más de 67 por ciento del electorado y que los conteos siempre marcaron una ventaja para Alonso Hidalgo de más de 100 mil votos. Rodríguez Mondragón dijo que las pruebas presentadas no bastaban en sí solas para demostrar que los paquetes que fueron extraídos de las bodegas hubieran sido manipulados o alterados. Además, los magistrados que votaron a favor de ratificar la elección se pronunciaron por la validez del recuento de voto por voto y casilla por casilla que se llevó a cabo en septiembre y que fue consistente con los resultados de los cómputos distritales y otras etapas de la elección. Al final, el magistrado Vargas Valdez aún intentó insistir en la procedencia de la nulidad de la elección, pues dijo que el tribunal sentaría un precedente de que “todo en las elecciones se vale una vez que se acabó la jornada electoral” “Es decir que las autoridades administrativas pueden hacer todo, ya que nada es de la determinancia suficiente para declarar inválido un proceso electoral, contrario, por cierto, a lo que resolvimos hace unas semanas en el caso de la elección de Monterrey”, sostuvo. Dijo que la “autopsia del proceso electoral” no se pudo hacer del todo porque la autoridad electoral poblana les negó la totalidad de los videos, y aun así había pruebas del grado de manipulación que hubo. “Obviamente hay que decirlo, quienes hacen las trampas electorales no son tontos, lo saben hacer perfectamente y cada vez con más sofisticación, con profesionalismo para saber ocultar la ilicitud, pero no me pueden decir que esos videos son cosas normales en un proceso electoral, si convalidamos esas cuestiones, no podremos volver a hablar de integridad electoral”, sentenció. Cuando la votación estaba empatada tres a tres, la presidenta emitió su voto en contra del proyecto con lo inclinó la balanza por la no anulación de los comicios y la confirmación del triunfo de Alonso Hidalgo, quien tomará posesión este 14 de diciembre.