Observatorio Nacional Ciudadano denuncia negativa de Conavim para emitir declaratoria de AVG en Tlaxcala

Una protesta en contra de la trata de personas en Tlaxcala. Foto: Fernando Camacho Una protesta en contra de la trata de personas en Tlaxcala. Foto: Fernando Camacho

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio (OCNF) denunció la negativa de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) para emitir la declaratoria de Alerta por Violencia de Género (AVG) en Tlaxcala, pese a que ha sido solicitada en dos ocasiones por organizaciones de la sociedad civil, “ante la prevalencia de la violencia sexual, femicidios y trata con fines de explotación sexual”.

La red conformada por 43 organizaciones en 23 estados del país reprochó que la Conavim, que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob), no haya atendido las solicitudes de las organizaciones Todos para Todos, Colectivo Mujer y Utopía y Justicia Pro Persona, que en 2016 y 2017 formularon las peticiones de la declaratoria de AVG para Tlaxcala.

De acuerdo con el informe realizado por el OCNF bajo el título: “Implementación del tipo penal del feminicidio: Desafíos para la acreditación de las razones de género 2014-2017”, el gobierno de la entidad no proporcionó datos ni información para la realización de un diagnóstico real de la violencia contra las mujeres.

“La Procuraduría de Justicia de Tlaxcala no informó al OCNF sobre la situación de los feminicidios en la entidad en los años 2014 y 2017, sólo proporcionó información sobre los asesinatos cometidos en 2015 y de enero a junio de 2016”, acusó la red de organizaciones.

El documento da cuenta de inconsistencias en la información proporcionada, pues mientras el gobierno del estado aseguró que en 18 meses se registraron 13 asesinatos de mujeres, “de los cuales ninguno fue investigado como feminicidio y tampoco proporcionó información sobre las características de estos”, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) notificó que “tan solo en 2017 se cometieron 19 homicidios dolosos de mujeres y dos feminicidios”.

Para la organización resulta grave que no se tengan registrados feminicidios, pese a que la entidad tipificó el delito en marzo de 2012 y se ha reformado en tres ocasiones.

El ONCF destacó que el 8 de agosto de 2016 la organización Todos para Todos hizo la primera solicitud de Declaratoria de AVG a la Conavim, instancia que se negó a atender la demanda, pese a que en el informe del Grupo de Trabajo de la AVG se tenían registradas –de 2010 a 2016– 22 averiguaciones previas por homicidios dolosos de mujeres y niñas, ninguno clasificado como feminicidio.

El 16 de agosto de 2017, el Colectivo Mujer y Utopía, y Justicia Por Persona, solicitaron por segunda ocasión la AVG “en todo el territorio del estado de Tlaxcala, específicamente en el denominado ‘corredor de la trata’, sin embargo, tampoco fue decretada, a pesar de que prevalece la ausencia de mecanismos que ataquen los patrones sistemáticos que perpetúan la violencia contra las mujeres en el estado”.

En esta ocasión, apuntó el OCNF, el Grupo de trabajo de la AVG “advirtió que hay errores en los procedimientos para iniciar una investigación por feminicidio, y si bien la autoridad manifestó contar con protocolos para la investigación de este delito (por lo que el Grupo de trabajo recomendó que se actualizaran los estándares más altos de debida diligencia, perspectiva de género y derechos humanos), a la fecha no se encontró ningún protocolo, ni anterior ni actualizado”.

Ante las omisiones institucionales, la red de organizaciones de defensa de las mujeres recordó que en el reciente informe del Comité para la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), los expertos de Naciones Unidas recomendaron al Estado mexicano “adoptar medidas de carácter urgente para prevenir todas las muertes violentas, los asesinatos y desapariciones forzadas de mujeres, en particular combatiendo las causas profundas de estos actos”.

El CEDAW urgió a eliminar “la violencia armada, la delincuencia organizada, el tráfico de estupefacientes, los estereotipos discriminatorios, la pobreza y la marginación de mujeres, así como simplificar y armonizar en los estados los procedimientos del Programa Alerta Amber y Protocolo Alba; agilice la búsqueda de las mujeres y niñas desaparecidas; adopte políticas y protocolos específicamente orientados a mitigar los riesgos asociados con la desaparición de mujeres y niñas, como el feminicidio y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y trabajo forzoso, y vele porque la Comisión Ejecutiva dé Atención a Víctimas”.

Siguiendo esos lineamientos, el OCNF recomendó al gobierno y a la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala realizar las “acciones necesarias para la prevención de todos los tipos de violencia contra las mujeres, particularmente contra la trata, desaparición y el feminicidio”; iniciar la investigación de toda muerte violenta como feminicidio, “incluyendo los suicidios, accidentes y los que se cometan en contextos relacionados con el crimen organizado”; realizar con perspectiva de género las indagatorias de las muertes violentas de las mujeres, e “identificar los diversos modus operandi, patrones y situación de criminalidad en los que están inmersos los feminicidios en el estado”.

Asimismo, recomendó incorporar “los criterios de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso Mariana Lima Buendía, con objeto de acreditar las razones de género”; dar protección a las mujeres víctimas de violencia, para prevenir feminicidios; “garantizar la reparación integral del daño que incorpore las medidas de atención y rehabilitación a niñas, niños y adolescentes en orfandad”, sin que se someta a procesos judiciales, y que se cuente con un banco de datos actualizado para generar políticas públicas de atención, prevención y sanción para erradicar el delito de feminicidio, la trata y la desaparición de mujeres y niñas.

El ONCF también pidió a los legisladores del Congreso de Tlaxcala realizar las “reformas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia feminicida” en la entidad, así como “etiquetar y evaluar el presupuesto necesario para la implementación de políticas públicas en la materia”.

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