Otálora descarta renunciar a la presidencia del TEPJF; “tengo el respaldo de mis colegas”, dice

Janine M. Otálora Malassis, presidenta del TEPJF. Foto: Benjamin Flores Janine M. Otálora Malassis, presidenta del TEPJF. Foto: Benjamin Flores

MADRID (apro).- La presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malassis, reaccionó este lunes, vía Twitter, a la exigencia de que renuncie a la titularidad de este órgano jurisdiccional, que planteó el magistrado José Luis Vargas Valdez, quien la señala de producir una división al interior a raíz de la resolución por el caso Puebla.

Una de las acusaciones más graves hechas por Vargas, en entrevista con Proceso (número 2198), es que tanto él como otros magistrados sufrieron presiones políticas para que resolvieran el caso de la gubernatura de Puebla a favor de la candidata Martha Erika Alonso, la esposa del anterior gobernador, Rafael Moreno Valle.

En respuesta, en uno de sus tuits, la presidenta Otálora asegura que “la confianza es uno de los activos más importantes por los que debe velar un juez. Si se acusa la existencia de presiones y cabildeos de distintos actores debe presentarse, como acto de elemental congruencia, una denuncia y acompañarse de las pruebas que se tengan”.

Sobre la exigencia de que renuncie, la magistrada presidenta expresó también: “la integración actual de la Sala Superior me eligió por unanimidad Presidenta con un mandato de cuatro años. Tengo el respaldo de mis colegas para cumplir ese periodo”.

Vargas Valdez hizo hincapié en que, bajo la presidencia de la magistrada señalada, el TEPJF se encuentra fracturado al interior, porque no ha logrado un liderazgo y, tras sus señalamientos críticos durante la sesión de la Sala Superior del día 8, Otálora inició una serie de entrevistas donde trató de justificar su voto y lanzar críticas sobre el proyecto de sentencia que él elaboró, lo que le dejaba en una posición de indefensión.

No obstante, la presidenta escribió un tercer tuit en el que apunta que “la función jurisdiccional en materia electoral exige un liderazgo cimentado en estricto derecho. La interlocución con actores políticos es parte del trabajo, pero no puede ser su motivación esencial”.

También apuntó que la protección de la confianza y el profesionalismo del TEPJF es su responsabilidad.

Señaló que, si alguien no está conforme con su labor al frente de ese órgano jurisdiccional en materia electoral, debe exponer su molestia para que sea analizada y esclarecida.

El magistrado Vargas Valdez fue el ponente del caso Puebla, impugnado por Morena, en el cual concluyó que la elección debía ser anulada por las irregularidades detectadas, uno de ellos, quizá el principal, es que se rompió la cadena de custodia de los paquetes electorales y hubo personas que ingresaron, sin ningún control, en la bodega donde se custodiaban y los movilizaron, lo que dejaba la duda sobre el resultado electoral.

Sin embargo, gracias al voto decisivo de la presidenta Otálora, la votación de la resolución desechó este proyecto de sentencia y ratificó el triunfo de la candidata del PAN, Martha Erika Alonso.

Respaldo a Otálora

No fue la única reacción a la entrevista que Vargas Valdez ofreció a Proceso durante su paso por Madrid, en un intervalo de una visita de trabajo, ya que la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana emitió un comunicado para respaldar la labor de la presidenta del TEPJF, luego de la petición de renuncia formulada por el magistrado Vargas.

El comunicado que firma el presidente de la asociación, el magistrado Lorenzo Wong Meraz, apunta que reiteran su “respaldo a la magistrada Janine Otálora Malassis como presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien tanto hoy como siempre se ha conducido con apego a los principios rectores que conducen a la materia electoral, siendo conscientes de que la adopción de cualquier criterio en la resolución de los asuntos que se ventilan en el desempeño de su cargo, constituyen un mero ejercicio de deliberación e interpretación legal, propio de los órganos de impartición de justicia, por ningún motivo pueden ser objeto de acusaciones, ni señalamientos que pretendan tener como consecuencia la remoción del cargo”.

Añade que “considerar lo contrario atentaría en contra de la autonomía y la imparcialidad del máximo órgano jurídico electoral de la nación, y en consecuencia, del libre ejercicio de la función jurisdiccional”.

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