LIMA (apro).- El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry Vallejos, renunció a su cargo este martes. Su suplente interina, la fiscal Zoraida Ávalos Rivera, declaró en emergencia al Ministerio Público. En rueda de prensa, Ávalos dio a conocer esta tarde que permanecerá en el puesto hasta que se instale una Junta Nacional de Justicia, y la autorización de la emergencia, señaló, la resolverá el Congreso de la República. Chávarry Vallejos renunció al cargo tras una serie de marchas masivas en todo el país para exigir su dimisión. A esa petición se sumaron congresistas, fiscales y el propio presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, a raíz del presunto encubrimiento del fiscal a funcionarios y exfuncionarios relacionados con el caso Odebrecht, y por el desvío de recursos a la campaña política de Keiko Sofía Fujimori Higuchi, quien desde octubre pasado enfrenta prisión preventiva por 36 años. En su cuenta de Twitter, Chávarry anunció anoche su renuncia y esta mañana la hizo oficial ante la Junta de Fiscales Supremos. En ella justificó que tomó la decisión “por respeto a mi institución, el amor a Dios y a mi familia”. Este martes circuló en medios de comunicación y redes sociales el oficio de su dimisión, donde mencionó que lo hacía para evitar que otros entes autónomos se vean vulnerados. Pedro Chávarry dejó el cargo de fiscal de la Nación, pero aún forma parte de la Junta de Fiscales Supremos. Eso motivó que un grupo de ciudadanos protestara afuera de las instalaciones del Ministerio Público para exigir su renuncia, ahora como fiscal supremo, para que no tenga más injerencia en las investigaciones. Sin embargo, Ávalos dijo a los medios que esa decisión corresponde al Poder Legislativo. Ayer también renunciaron Juan Manuel Duarte, uno de los principales asesores del exfiscal de la Nación --luego de ser vinculado a las investigaciones que se siguen contra la red de corrupción liderada por el fujimorismo--; el secretario general del Ministerio Público, Aldo León Patiño, y la congresista asesora Rosa María Venegas. El pasado 31 de diciembre, alrededor de las 8 de la noche, Pedro Chávarry retiró de sus cargos a los dos fiscales que en Perú lideran la investigación del caso Odebrecht: el coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela Banda, y el fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez. Esa noche los peruanos salieron a las calles para exigir la renuncia del fiscal de la Nación, así como la reinstalación de Vela Banda y Pérez Gómez en sus respectivos cargos. Horas después, Chávarry los restituyó en sus puestos. Posteriormente, tres de los cinco fiscales supremos le pidieron que renunciara, pero se negó, con el argumento de que "defendía" la autonomía e independencia del Ministerio Público. Justificó que su decisión de quedarse en el cargo era por amor Dios, a su familia y a la institución. La noche del pasado viernes 4, el fiscal José Domingo Pérez realizó un allanamiento en las oficinas de quien en ese momento aún era asesor de Chávarry, Juan Manuel Duarte, quien está acusado de encubrir a Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular. Pérez Gómez informó a los medios peruanos que había encontrado evidencia de la relación entre Keiko Fujimori y Duarte, por lo que allanaron sus oficinas. El pasado domingo 6, el fiscal regresó para continuar la diligencia, pero encontró violados los sellos de seguridad que habían sido colocados dos días antes, por lo que solicitó la intervención de peritos policiales para que con los videos de las cámaras del Ministerio Público comprobaran quién o quiénes son los responsables. Esa misma noche el fiscal Rafael Vela Barba informó a Canal N que tres personas violaron los sellos de seguridad. Se trata de escoltas del fiscal Pedro Chávarry, cuyos apellidos son Robles, Arias y Rodríguez Zavaleta. Según Vela Banda, ahora cuentan con un documento que "posiciona al doctor Chávarry y a su secretario general en estas circunstancias, muy penosas para nosotros". De igual manera, anunció que este martes denunciarían los hechos ante las autoridades correspondientes, ya que se trata de algo muy grave que pudo tener como consecuencia la pérdida de material sustraído. "Hoy tenemos información completa: no sólo se determina la violación, sino el ingreso de personas que, desde el punto de vista de información policial, pertenecen al resguardo de Chávarry (...) tenemos que hacer del conocimiento de las personas que resulten competentes para poder investigar de manera prioritaria, dada la naturaleza y especial relevancia de estos casos", agregó el fiscal del equipo especial. Durante la madrugada, la Policía Nacional de Perú (PNP) informó en su cuenta de Twitter: “Los efectos policiales presuntamente involucrados pertenecen a la Dirección de Seguridad del Estado y han sido identificados como el suboficial superior Juan Víctor Arias Contreras y los técnicos de 2ª, James Durán Rodríguez Zavaleta y Hugo Gerardo Robles Chiong, asignados a la seguridad personal del fiscal de la Nación desde el año 2011, en el primer caso, y desde julio del año 2018 en los dos restantes. “Dichos efectivos policiales, quienes fueron identificados por la División de Investigación de Alta Complejidad (DIVIAC), se encuentran sujetos a investigación administrativa disciplinaria a cargo de la Inspectoría General PNP y se les aplicará la media preventiva que el caso amerita, sin perjuicio de ser denunciados ante la autoridad competente por tales hechos. “Las labores que cumplen los efectivos de la Dirección de Seguridad del Estado de la Policía Nacional se limitan al resguardo de las autoridades que tienen asignadas y no contemplan bajo ninguna circunstancia, incurrir en acciones como las que han sido denunciadas”. En el video obtenido por los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez sobre el momento en que se violaron los sellos de las oficinas resguardadas, aparece otra asesora de Chávarry, la congresista Rosa María Venegas, quien retiró cajas del interior de una de las oficinas. En declaraciones a medios peruanos, Venegas dijo que retiró tres cajas de objetos personales, porque le aseguraron que aún no había orden de un juez para realizar el allanamiento y debía proteger su privacidad. En entrevista con ATV, el coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, señaló que “con la violación de la oficina lacrada y la sustracción de documentos se habrían cometido los delitos de obstrucción a la justicia, encubrimiento real y hurto”.