GUANAJUATO, Gto., (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a diversas autoridades por violaciones cometidas contra un joven migrante centroamericano de 23 años, quien en 2013 quedó paralítico tras recibir un disparo de arma de fuego a manos de un agente del Servicio de Protección Federal, mientras viajaba en un ferrocarril en Apaseo el Grande. En marzo de 2014, un agente del Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado V de Distrito en esta ciudad ordenó la detención del agresor, pero la medida no se cumplimentó. Tres años después el juez de Distrito dictó “sentencia absolutoria”, debido a que el delito prescribió. Al dar a conocer la recomendación 84/2018, la CNDH detalló que el agente de la corporación, que entonces dependía de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), “empleó arbitrariamente la fuerza pública en contra de una persona migrante… a quien disparó por la espalda dejándolo paralítico, además de que se omitió proporcionarle la atención médica y psicológica que como víctima de un delito debió recibir”. El organismo dirigió la recomendación a la CNS, pero también al gobernador Diego Sinhue Rodríguez --por omisiones en los peritajes y la integración de la carpeta de investigación por parte de la Procuraduría General de Justicia (PGJ)-- y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), por la tardanza y negligencia para incorporar a la víctima al registro y otorgarle los apoyos necesarios. La CNDH concluyó que fueron afectados los derechos humanos del joven migrante a la seguridad jurídica, a la integridad personal y a recibir atención derivada de su condición de víctima, y también fue violentado su derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración. La queja fue presentada el 28 de junio ante la Procuraduría de Derechos Humanos del estado, que la remitió al organismo nacional por razón de competencia. En ella se narra que un grupo de 10 centroamericanos subió al tren en Querétaro con el objetivo de llegar al norte y cruzar hacia Estados Unidos. Al arribar a Apaseo el Grande vieron a elementos de Protección Federal Ferroviaria de la CNS (uniformados y armados), y en cuanto el tren se detuvo saltaron y se echaron a correr para evitar ser detenidos. Los agentes corrieron tras ellos y, según la narración contenida en el expediente, los centroamericanos escucharon varios disparos. Uno de ellos cayó herido. “El elemento del SPF, al observar al agraviado con una herida en el pecho, le dijo: ‘no quería darte amigo’, posteriormente fue trasladado al Hospital General de Celaya, Guanajuato, donde recibió atención médica”, citó la CNDH. Pero, además del uso excesivo de la fuerza pública en contra de una persona que no se encontraba en flagrancia de delito, lo agentes del Ministerio Público del fuero común y federal no actuaron con diligencia en la integración de las investigaciones, lo mismo que el perito en criminalística de la PGJ, los cuales “no realizaron acciones pertinentes para la adecuada integración de las indagatorias, o de manera insuficiente, tales como la cadena de custodia, dilación en la elaboración del dictamen de balística, así como la falta de realización de otras pruebas científicas de mayor precisión al arma de fuego del elemento responsable”. Junto con las irregularidades en el seguimiento penal del delito en contra de la persona migrante, la víctima no fue inscrita en el Registro Nacional de Víctimas, sino hasta julio de 2016 –tres años después de los hechos—y, con todo eso, al día de hoy no ha recibido el apoyo que corresponde en su calidad de víctima, pero tampoco ha podido acceder al Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral que prevé la ley. En consecuencia, la CNDH señaló que presentará una queja en contra del elemento responsable. También pidió al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dado que presentará queja en contra del personal de la PGJ que intervino en la averiguación previa, lo mismo que contra la Procuraduría General de la República (PGR) por la actuación del Ministerio Público Federal en el caso. La CEAV, que de manera integral deberá reparar el daño causado al migrante, también será objeto de una queja por parte de la CNDH.