BOGOTÁ (apro).- Este lunes quedó plenamente establecido que el autor del atentado del pasado jueves en la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá, que dejó 21 muertos y decenas de heridos, fue el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la única guerrilla que queda activa en Colombia. El mismo ELN, en un comunicado divulgado esta mañana, se atribuyó ese ataque, que ha sido catalogado por toda la comunidad internacional, incluso el propio Consejo de Seguridad de la ONU –del que forman parte China y Rusia— como un “atentado terrorista” que merece ser condenado “con la mayor firmeza posible”. Las evidencias de la autoría del ataque ya eran abrumadoras. Poco minutos después de que a las 9:32 horas del jueves 17 explotara en la escuela el carro bomba cargado con 80 kilos de pentolita, la Policía Nacional colombiana inició una investigación en la que participaron hasta agentes estadounidenses expertos en terrorismo que daban clases en el plantel. En la primera hora que siguió al ataque, los investigadores colombianos ya habían establecido cinco amenazas de seguridad que podrían estar detrás del atentado. “La primera de ellas era el ELN. El contexto (los fallidos intentos para iniciar un diálogo de paz con el actual gobierno) y los antecedentes (actos terroristas urbanos cometidos desde 2017 por esa guerrilla) nos indicaban que el ELN era una prioridad en la investigación”, dice un oficial de la Policía Nacional consultado por Apro. De acuerdo con la fuente, otra las de las “amenazas de seguridad” que tomaron en cuenta los investigadores en esos primeros minutos que siguieron a la explosión fue “la del crimen trasnacional”, que es como se llama genéricamente en Colombia en los organismos de seguridad a los cárteles mexicanos de la droga. Estas organizaciones, entre las que figuran el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los Zetas, controlan más de la mitad de las 171 mil hectáreas de hoja de coca que, según la ONU, hay sembradas en Colombia y, además, son los compradores de “al menos, las dos terceras partes” de la pasta base y la cocaína que se produce en ese país. Ese hecho convierte a los cárteles mexicanos en “una nueva amenaza de seguridad para Colombia”, según fuentes gubernamentales y de organismos de inteligencia de este país (Proceso 2190). Según diferentes estimaciones de organismos de seguridad nacionales y extranjeros sólo esas tres organizaciones criminales pueden tener ejércitos de entre mil y tres mil 500 hombres armados a su servicio en territorio colombiano. El oficial de la Policía Nacional consultado por Apro tras el atentado del jueves 17 señala que “la hipótesis de que organizaciones trasnacionales como los cárteles mexicanos pudieran estar involucradas en ese hecho se tomó en cuenta en esos primeros minutos” de investigación. Aclara que esa hipótesis no figuraba entre las tres principales sobre la autoría: el ELN; las disidencias de las FARC –aquellos grupos de esa exguerrilla que decidieron no acogerse al proceso de paz y se convirtieron en bandas criminales--, y el Clan del Golfo, la mayor narcoestructura de Colombia. “Nos parecía muy difícil de creer que los cárteles mexicanos pudieran desafiar de esa manera al Estado colombiano, pero era una tesis que no podíamos descartar”, señala la fuente. Esta hipótesis incluso fue mencionada, entre varias otras, en algunos medios de comunicación colombianos por políticos y analistas del conflicto armado. Al final de cuentas, se desechó ante la contundencia de las pruebas que indicaban que el autor del atentado fue el ELN. Cuatro horas después del ataque, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, dijo que el autor material, quien murió al estallar el carro bomba que conducía, había sido identificado como José Aldemar Rojas Rodríguez, a cuyo nombre estaba el vehículo. Y menos de 24 horas después del atentado, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, señaló a Rojas Rodríguez como un antiguo militante del ELN. “No hay evidencia alguna que muestre que esto haya sido realizado por otro grupo armado organizado”, aseguró Botero. Es decir, en menos de 24 horas se descartó que ese atentado terrorista hubiera sido cometido por las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo o los cárteles mexicanos de la droga. Y hoy que el ELN reivindicó el ataque ya nadie pone en duda la autoría. Pero el solo hecho de que organizaciones como el Cártel de Sinaloa hayan sido mencionadas como eventuales autores del ataque revela el grado de protagonismo que ya tienen esos grupos delictivos en el conflicto colombiano y en la violencia que azota a muchos territorios cocaleros del país. Es evidente que la colaboración judicial y el intercambio de información entre los gobiernos y fuerzas de seguridad de México y Colombia debe ser más estrecha que nunca. Las alianzas entre organizaciones criminales de los dos países amenazan a ambas naciones. El presidente colombiano Iván Duque ha expresado su preocupación por la creciente presencia de enviados de cárteles mexicanos en Colombia. Es un tema que debería estar como una prioridad en la agenda bilateral de México y Colombia. Los organismos colombianos de seguridad tienen información de que los cárteles mexicanos hacen negocios con estructuras del ELN involucradas en la producción de hoja de coca y cocaína. En el suroccidental departamento del Cauca, en los sectores El Plateado, El Sinaí y El Mango, agentes de la Policía Nacional de Colombia detectaron hace unos meses una “alianza” entre dos grupos criminales que trabajan para el Cártel de Sinaloa --“Los Cabezones” y “Los Mexicanos”-- y ELN. Esto, “para el tráfico de clorhidrato de cocaína con altos grados de pureza”, según un reporte de inteligencia que señala, además, que el Cártel de Jalisco Nueva Generación tiene una presencia cada vez mayor en el Catatumbo, uno de los bastiones del ELN.