OAXACA, Oax. (apro).- El caso de la “desaparición forzada” de autoridades electas de Zimatlán de Lázaro Cárdenas, Putla, podría llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la incapacidad de la Fiscalía General de Oaxaca y su nula voluntad para dar con su paradero. Así lo manifestó el presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), Maurilio Santiago Reyes, quien precisó que desde el 28 septiembre de 2018 denunciaron la “desaparición forzada” del agente municipal electo Erick Hernández Sánchez, de 37 años, y de su suplente José Israel Barrios Jiménez, de 27 años, a manos de un grupo armado de San Sebastián Nopalera. Ambos contaban con medidas cautelares de la CIDH. De acuerdo con Santiago Reyes, el pasado 5 de diciembre se efectuó una reunión de trabajo en la sede de ese organismo en Washington, en relación con la medida cautelar MC-102-10, entre habitantes de la comunidad indígena mixteca de Zimatlán de Lázaro Cárdenas. El gobierno mexicano también fue convocado, pero la Fiscalía General de Oaxaca no compareció, pese a que el requerimiento de la reunión de trabajo era en especial por la desaparición forzada de Hernández Sánchez y Barrios Jiménez. Lo que hizo la Fiscalía General de Oaxaca es desdeñar esta reunión al nombrar un vicefiscal y responder vía skype, situación que incomodó a la comisionada, porque reflejó el desinterés del Estado Mexicano, apuntó. “Las autoridades no han aparecido y siguen los hechos de violencia con la persona que asesinaron (este martes, Bernardino García Hernández, representante de Zimatlán de Lázaro Cárdenas), entonces se puede solicitar medidas provisionales por el hecho de no cumplir las medias cautelares porque se siguen cometiendo daños irreparables”, finalizó.