TOLUCA, Edomex. (apro).- Familiares de los defensores del agua de Tlanixco rechazaron la oferta del Poder Judicial mexiquense para reponer el proceso de tres de los seis indígenas detenidos por la muerte de un empresario español en 2003, tras asegurar que son inocentes y advertir que la propuesta sólo aumentaría su plazo en reclusión injusta. “Rechazamos tajantemente la reposición del procedimiento porque mantiene la prisión de nuestros familiares. Ya pasaron entre 13 y 16 años en prisión y reponer el procedimiento desde el principio es condenarlos a muchos más años en encierro, siendo inocentes”, alertaron. Desde el punto de vista de los afectados, “es inaceptable que 15 años después el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM) diga que apenas se dieron cuenta de que nuestros familiares son indígenas”; éste tardío reconocimiento, destacaron, revela ineptitud, negligencia e ignorancia de las autoridades judiciales y defensoras de los derechos humanos. Por el contrario, exigieron al TSJEM y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) atender las recomendaciones que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) planteó el año pasado y liberen a los presos de Tlanixco. “Se demostró que lo único que tiene a nuestros familiares en prisión es defender el agua, nunca debieron pisar la cárcel y menos aún deben de seguir allí”, expusieron, en un posicionamiento fijado ante la opinión pública. Por esta razón, anticiparon que se encuentran en la antesala de realizar manifestaciones públicas pacíficas, pero enérgicas, para dar a conocer la gravedad del caso, pues consideran que sus familiares deben ser liberados, y advirtieron que las movilizaciones no se detendrán hasta lograr que se haga justicia. En días pasados, la Comisión de Derechos Humanos de la entidad (Codhem) informó que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM) “resolvió reponer el procedimiento penal” relacionado con el Toca de Apelación 113/2018, por lo que también quedan sin efectos las sentencias a más de 50 años de prisión emitidas en contra de los tres sentenciados en noviembre pasado. “El Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca indicó que resolvió reponer el procedimiento única y exclusivamente por cuanto hace a las personas agraviadas que guarda el Toca de Apelación 113/2018, a fin de dejar sin efectos todo lo actuado, incluyendo la sentencia motivo de impugnación”, refirió. Bajo esta consideración, la reposición del proceso aplicaría para Dominga González Martínez, Marco Antonio Pérez González y Lorenzo Sánchez Berriozábal, pero excluiría a Teófilo Pérez González, Pedro Sánchez Berriozábal y Rómulo Arias Mireles, sentenciados en 2007. La Codhem detalló que los indígenas nahuas le solicitaron “observar ante la autoridad judicial si se respetó su calidad de indígenas dentro del proceso ejecutado en su contra”, por lo que ofreció mantenerse atenta a la reposición del proceso. En julio y noviembre pasados, la ONU advirtió que el proceso judicial en estos casos “carecería de las garantías del debido proceso, y la condena a 50 años de cárcel por los delitos de homicidio calificado y privación ilegal de la libertad habría sido adoptada para criminalizar a las personas involucradas en la defensa del derecho al agua”. El organismo internacional indicó que los procesos “se habrían visto afectados por varias irregularidades”, como la “ponderación basada exclusivamente en declaraciones de los testigos de cargo que no estaban presentes en el momento y lugar del hecho delictivo; valoración de testimonios incoherentes e inverosímiles; desigualdad frente a los tribunales y en el acceso a la justicia; no respeto del principio de individualización de la pena; verificación de una inversión del onus probandi y consecuentemente violación del principio in dubio pro reo”, y el desconocimiento de la calidad de pueblo originario durante los juicios. Por tanto, demandó al Estado Mexicano información para esclarecer el caso y la protección de los derechos de los detenidos, pues “sin implicar de antemano una conclusión sobre los hechos o el fondo de los juicios, quisiéramos señalar nuestra grave preocupación por el hecho de que las acusaciones presentadas y las sentencias adoptadas… no parezcan estar basadas en pruebas imparciales y que, en consecuencia, no se les proporcionó una oportunidad justa para defenderse ante los tribunales ni/o un debido proceso legal.”