TOLUCA, Edomex. (apro).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) revisará uno a uno los casos de los seis defensores del agua de Tlanixco, comunidad del municipio de Tenango del Valle, sentenciados a más de 50 años de prisión, a fin de determinar en cuáles casos resulta viable el desistimiento, como lo planteó la Legislatura local. El fiscal Alejandro Gómez confirmó que la dependencia a su cargo explora las vías jurídicas más apropiadas para lograr la libertad de los sentenciados, “pero dentro del marco de la ley y dentro del marco del proceso penal”, pues del otro lado también hay víctimas y ofendidos por los delitos que se acusan. La semana pasada, el Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca resolvió reponer el procedimiento de los indígenas nahuas que recurrieron al Toca de Apelación 113/2018, de tal manera que quede sin efectos todo lo actuado, incluyendo la sentencia a más de 50 años de prisión impuesta (después de 13 años de encierro) a Dominga González Martínez, Marco Antonio Pérez González y Lorenzo Sánchez Berriozábal. No obstante, esta medida excluiría a Teófilo Pérez González, Pedro Sánchez Berriozábal y Rómulo Arias Mireles, sentenciados en 2007 –y quienes ya han pasado en la cárcel 16 años, el resto del tiempo en espera de la sentencia-, cuya apelación en su momento ratificó la sentencia, y para cuyo caso los defensores exploran como vía el amparo. Gómez Sánchez destacó que, por esta razón, se realiza el análisis jurídico caso por caso, según la situación procesal en la que se encuentra cada uno de los sentenciados. “Tenemos que entender que se trata de situaciones procesales distintas en las que se encuentran tres de las personas implicadas, y otros tres que ya tienen sentencia condenatoria”, manifestó. Por separado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), Sergio Medina Peñaloza, admitió que hubo errores en el juicio, entre ellos la ausencia de un intérprete, dada la calidad de pueblo originario de los procesados, y no descartó la alternativa de la libertad. Los comuneros fueron acusados de la muerte de un floricultor de Villa Guerrero ocurrida en 2003, quien les disputaba su derecho al uso del agua del Río Texcaltenco. No obstante, diversos organismos defensores de derechos humanos, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), advirtieron la existencia de irregularidades diversas durante el proceso judicial. Entre las anomalías, la ONU enlistó una “ponderación basada exclusivamente en declaraciones de los testigos de cargo que no estaban presentes en el momento y lugar del hecho delictivo; valoración de testimonios incoherentes e inverosímiles; desigualdad frente a los tribunales y en el acceso a la justicia; no respeto del principio de individualización de la pena; verificación de una inversión del onus probandi y consecuentemente violación del principio in dubio pro reo”, y el desconocimiento de la calidad de pueblo originario durante las audiencias. El juicio, desde el punto de vista de la ONU, habría carecido de “las garantías del debido proceso, y la condena a 50 años de cárcel por los delitos de homicidio calificado y privación ilegal de la libertad habría sido adoptada para criminalizar a las personas involucradas en la defensa del derecho al agua”. Por tanto, demandó al Estado Mexicano información para esclarecer el caso y la protección de los derechos de los detenidos, pues “sin implicar de antemano una conclusión sobre los hechos o el fondo de los juicios, quisiéramos señalar nuestra grave preocupación por el hecho de que las acusaciones presentadas y las sentencias adoptadas… no parezcan estar basadas en pruebas imparciales y que, en consecuencia, no se les proporcionó una oportunidad justa para defenderse ante los tribunales ni/o un debido proceso legal.”