AMLO genera claroscuros en derechos humanos; ONG celebran liberación de presos políticos pero ven con recelo a la Guardia

BERLÍN. (proceso.com.mx).- Organizaciones no gubernamentales internacionales perciben con claroscuros los primeros tres meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de derechos humanos: si bien celebran medidas como las liberaciones de los denominados presos políticos, miran con recelo y preocupación decisiones como la creación de una Guardia Nacional, y alertan sobre una continua criminalización de defensores de derechos humanos y periodistas, quienes siguen siendo asesinados y violentados en todo el país. Desde finales del 2017 el Observatorio Internacional sobre México, integrado por 11 organizaciones europeas y de Estados Unidos, sigue con detenimiento el desarrollo de la situación de los derechos humanos en el país y llama la atención sobre el constante deterioro en la materia.

Con motivo de las recientes reformas constitucionales, aprobadas el pasado 22 de febrero por el Senado de la República, para la creación de la Guardia Nacional, la coalición permanente de organizaciones internacionales alertó sobre el hecho de que el modelo policial que busca implementar el gobierno de López Obrador -en el que queda abierta la posibilidad para que su mando sea asumido por militares en activo o retiro – contradice el derecho internacional. “Quienes integramos el Observatorio Internacional sobre Derechos Humanos en México queremos expresar nuestra gran preocupación por la reforma a la Constitución mexicana para que crear una Guardia Nacional como nuevo organismo de seguridad pública, medida que agravaría la militarización de la seguridad en México”, señalaron en un pronunciamiento público.

Explican: “La participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana durante los últimos dos sexenios ha traído como consecuencia un considerable aumento de las violaciones a derechos humanos cometidas en ese contexto. El trabajo de documentación realizado por las organizaciones firmantes permite afirmar que los crímenes de derecho internacional cometidos por miembros del Ejército permanecen prácticamente en absoluta impunidad”. Las organizaciones internacionales -entre las que destacan ACAT France, Amnesty International, la Organización Mundial contra la Torura, y la Open Society Justice Initiative- advierten además que la creación de una corporación como la que pretende el presidente mexicano contradice los estándares internacionales y la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del Sistema de las Naciones Unidas, que establecen que las tareas de orden y seguridad pública deber ser reservada a fuerzas policiales civiles.

Por ello se pronunciaron públicamente para que la administración de López Obrador “busque alternativas al plan de reemplazar a la policía federal civil con una nueva fuerza, que estaría controlada mayormente por la Secretaría de la Defensa Nacional”. “Consideramos esencial la lucha contra la impunidad prevaleciente y la construcción de un plan de seguridad nacional sostenible, en el cual el fortalecimiento de las instituciones civiles y del sector judicial sean la base para construir el cambio estructural que necesita México”, considera el Observatorio.

En cuanto a las liberaciones de presos políticos, 16 durante el primer mes del nuevo gobierno y 368 casos más en estudio, las organizaciones internacionales celebran la puesta en libertad de defensores de derechos humanos, como los oaxaqueños Damián Gallardo y Enrique Guerrero, y piden que este sea el inicio de una política de Estado que ponga fin a la criminalización. Y es que, a decir de ellos, es preocupante “el mantenimiento de un patrón de criminalización en México que busca acallar las voces de los defensores de derechos humanos. “Este patrón ha sido corroborado por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas que ha emitido ocho opiniones sobre México -que permanecen incumplidas- en las que declara la detención de 32 personas defensoras como arbitraria y exige su liberación inmediata”, señala en un posicionamiento público. Más aún, Amnistía Internacional sección Alemania denunció recientemente lo peligroso que representa defender los derechos humanos en México. Como parte de su campaña internacional Valor requiere protección, la ONG ha tomado como bandera el caso del activista rarámuri Julián Carrillo, asesinado en octubre del año pasado. “El asesinato de Julián Carrillo plantea un problema fundamental: aunque México es uno de los países en los que más amenazados se encuentran los defensores de derechos humanos, en un comparativo internacional, el Estado no los protege lo suficiente.

Según la organización Front Line Defenders, durante 2018 fueron asesinados 48 defensores de derechos humanos en el país y aunque existe un mecanismo nacional de protección, no es suficiente.

Además, las amenazas y agresiones casi nunca resultan en castigos para los perpetradores”. Al igual que en el caso Carrillo, AI Alemania pide a las autoridades mexicanas se ejerza acción en contra de los responsables de amenazas y asesinatos contra activistas pues “es la única manera de evitar nuevos ataques”. Desde el inicio de la nueva administración, en diciembre de 2018, la Coordinadora alemana por los Derechos Humanos en México (CDHM) urgió al presidente López Obrador a poner en práctica las más de 260 recomendaciones que la comunidad internacional presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para la mejora de la situación de los derechos humanos en México, cuyos temas centrales tienen que ver con poner fin a la impunidad, la protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como el esclarecimiento del paradero de los miles de desaparecidos que hay en el país. La CDHM forma parte del Observatorio Internacional y aglutina, a su vez, a 15 organizaciones alemanas que velan por la situación de Derechos Humanos en México.

A 120 días de haber dado inicio el nuevo gobierno mexicano, la red de colectivos organizará a finales de este mes, junto con la Fundación alemana Heinrich-Böll, un congreso en el que se analizarán los retos, compromisos y acciones en derechos humanos de la administración entrante de López Obrador. “Amlo prometió sacar al país de la violencia y mejorar el desastroso historial en material de derechos humanos. ¿Hasta qué punto su gobierno está a la altura de las expectativas que formó? ¿Qué medidas están adoptando contra la impunidad y corrupción? Es lo que queremos saber y es el motivo de este Congreso”, explica la vocera de la Coordinación Alemana, Carola Hausotter, quien asegura al igual que se ha hecho con las pasadas administraciones, se seguirá de cerca desde Europa el progreso o retroceso de México en la materia.

Comentarios