TOLUCA, Edomex. (apro).- Esta semana se reanudarán los trabajos de la autopista Toluca-Naucalpan que construye la empresa Autovan-Teya, filial de Higa –propiedad de Juan Armando Hinojosa-, en San Francisco Xochicuautla, derivado de los acuerdos alcanzados por los comuneros con autoridades y corporativo, en los que se incluye un fideicomiso con ingresos de la concesión para infraestructura de los pobladores. “Nunca sostuvimos reuniones privadas con funcionarios, no firmamos convenios personales. Nuestros logros no son individuales, son colectivos y públicos… No nos vencieron”, aclararon en conferencia de prensa los comuneros otomíes en resistencia desde hace 12 años. El convenio tripartita obliga la creación de un Fideicomiso con motivo de la Recomendación 56/2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) con ingresos de la autopista Toluca-Naucalpan que deberá destinarse a obras de infraestructura de la comunidad (incluidos pozos de captación de agua pluvial), mientras dure la concesión –asignada a 30 años-. La empresa debió replantear el trazo de la obra, con lo que fue posible “imponer diez pasos que se traducirán en puentes ecológicos y vehiculares (uno de ellos mide 260 metros); pasos superiores multiusos con flora, (que servirán para mantener el continuo biológico de todas las especies) y un paso superior vehicular”. Las autoridades también deberán cumplir un “Plan de Desarrollo Integral” para los comuneros basado en siete ejes estratégicos: educación, cultura, salud, deporte, productivo (sustentable y autosuficiencia alimentaria), forestal e infraestructura, cuyos contenidos y acciones serán propuestos y decididos de manera autónoma por la comunidad. Yadira Linares, integrante del Concejo Indígena; José Luis Fernández, vocero del movimiento, José González y Antonio Reyes, integrantes de los Bienes Comunales, consideraron importante que su lucha de 12 años llevó al reconocimiento moral de Xochicuautla como una comunidad indígena en resistencia que logró crear una alternativa técnicamente superior a la del gobierno y la empresa. “No hemos dejado de pelear ni un solo día por nuestra comunidad. Hemos arriesgado nuestra integridad y las de nuestras hijas, hijos, esposas, esposos, hermanas y hermanos, madres y padres. Nos golpearon, nos reprimieron, nos criminalizaron, nos encarcelaron, nos amenazaron; destruyeron nuestros hogares. Perdimos 12 años preciosos de compartir con nuestras familias, recorrimos todo el país y parte del mundo difundiendo nuestra lucha. No nos sentamos a esperar a que otras y otros pelearan lo que nos tocaba hacer”, expusieron. Los acuerdos, fueron resultado de dos años de mesas técnicas con la empresa, y los gobiernos federal y del Estado de México, “en todo momento acompañados por testigos como la CNDH, la Organización de las Naciones Unidas y Servicios y Asesoría para la Paz”. En 2007, Enrique Peña, entonces gobernador del Estado de México, autorizó la construcción de la autopista; el proyecto, sin embargo, no se sujetó a los requerimientos por usos y costumbres y, por el contrario, implicó la violación a los derechos humanos de los pobladores. “El proyecto original elaborado por SAASCAEM y la empresa, nunca fue consensado ni dado a conocer a la comunidad”, señalaron. Con la última agresión a la comunidad, ocurrida el 11 de abril del 2016 –la obra mostraba un avance de 93.7%-, los afectados decidieron proponer una alternativa de solución al conflicto; integraron un equipo multidisciplinario con expertos para mantener la posesión y el vínculo con el bosque y las rutas de peregrinación a los lugares sagrados. Ahora, concluyeron, es momento para “reencontrarnos como comunidad, reconciliarnos y reconstruir nuestro tejido comunitario. Es un momento de trabajo y de esperanza. Llamamos a la reconciliación y a transformar positivamente nuestras diferencias”.