Decepcionados del gobierno de la Cuarta Transformación... Así dicen sentirse representantes de pueblos aledaños a la zona donde el presidente Andrés Manuel López Obrador se empeña en construir el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Pese a las promesas oficiales previas y un diálogo incipiente, y durante una reunión celebrada el jueves 25 en la Ciudad de México, un grupo de funcionarios federales les quitó el aliento a los lugareños y sus abogados con una consigna: "Es un proyecto innegociable". En respuesta, estos últimos se aprestan a dar la batalla legal e informativa contra la obra. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- “¿Habrá voluntad política de consultar a los pueblos sobre Santa Lucía?”, preguntó el activista Ricardo Ovando del Frente de Pueblos Originarios en Defensa del Agua a los funcionarios del gobierno federal que lo citaron el jueves 25 de abril en las oficinas de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. La reunión confirmó lo que Ovando había visto un día antes por televisión cuando en la base aérea de Santa Lucía, flanqueado por un militar y un marino, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el inicio de la construcción del nuevo aeropuerto. “Es un proyecto innegociable, es de los más importantes del gobierno”, le dijo la doctora en ciencias antropológicas Patricia Legarreta Haynes, directora de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil de Segob. “Con decepción, porque nosotros votamos por él, vemos que se trata de una imposición de la presidencia”, les reclamó Ovando, vocero de la Coordinadora Nacional de Agua para Tod@s, Agua para la Vida y miembro del sistema comunitario de agua potable de la cabecera municipal de Tecámac. La demanda principal de los sistemas comunitarios de agua de Zumpango y Tecámac es que se garantice que el aeropuerto comercial de Santa Lucía General Felipe Ángeles no los va a dejar sin agua.  Su temor comenzó en 2007 con el megaproyecto de vivienda Ciudades Dormitorio, luego rebautizado como Ciudades Bicentenario, que impulsó Enrique Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México.  Ahora la propia Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Instituto de Ingeniería de la UNAM reconoce que Santa Lucía requerirá de 6 millones de litros de agua al día y que hay tres pozos en la base militar que son parte del acuífero Cuautitlán-Pachuca, que se encuentra sobrexplotado.  De este acuífero se extraen 750 mil litros al día, ya que ayuda a abastecer a los estados de México, Hidalgo y parte de la Ciudad de México y ya tiene un déficit de 40 millones 493 mil 762 metros cúbicos al año, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua). “Estos acuíferos abastecen a una población considerable y muy probablemente se pueden ver afectados o ya se encuentren afectados por las extracciones o la sobreexplotación de los mantos acuíferos”, indica la MIA, que como alternativa propone la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales y una red para captación y manejo de aguas pluviales. En la mencionada oficina de Segob, ubicada en Londres 102, en la Colonia Juárez, ninguno de los funcionarios pudo asegurar el abastecimiento de agua en la zona que circunda al aeropuerto. De un lado se encontraban los representantes del gobierno, entre ellos Legarreta y Noemí Ramírez, de la Secretaría de la Función Pública (SFP), y del otro Ovando y las abogadas Fabiola Vite y Gloria Méndez, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL). La reunión duró más de una hora, pero para el activista y las abogadas se redujo a una frase: la decisión del aeropuerto en Santa Lucía está tomada y ya se hizo una consulta (en referencia a la encuesta nacional de octubre de 2018 sobre el futuro del aeropuerto en el antiguo Lago de Texcoco, pese a que no contempló los estándares del Convenio 169 de la OIT). Legarreta dijo que con el apoyo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) hicieron una consulta a uno de los pueblos originarios afectados: Xaltocan, en el municipio de Nextlalpan, donde la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) negocia la compra de 304 hectáreas como parte del área de amortiguamiento con el propósito de que no crezca la mancha urbana. –¿Por qué solamente se consultó a Xaltocan si hay otros pueblos involucrados? –se le preguntó a la funcionaria de Segob durante la reunión. –¿Esas comunidades ya solicitaron la consulta? –repreguntó Legarreta. Xaltocan lleva más de dos meses sin agua y el ayuntamiento de Nextlalpan solicitó la reunión. Funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el INPI, acompañados por la “superdelegada” federal Delfina Gómez, acudieron el 10 de marzo a Xaltocan y prometieron la rehabilitación de un pozo, la reubicación de otro y conectar a la localidad la batería de pozos de la Conagua que corre detrás de las vías del tren. Ese 10 de marzo, en asamblea, los ejidatarios de Xaltocan acordaron decir “sí” al aeropuerto.  El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala la obligación de los Estados y el derecho de los pueblos a que participen de manera previa, libre e informada sobre decisiones que les afecten directamente. El artículo 133 constitucional establece que la Carta Magna y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados por el presidente con aprobación del Senado, son la ley suprema. México suscribió el Convenio 169 en 1989 y entró en vigor en 1991, luego de ser ratificado por el Senado en 1990. Puras promesas El 19 de febrero, Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, recibió a Ovando, a Nicanor García –habitante de San Lucas Xolox, municipio de Tecámac– y a los abogados del CDHZL. Les garantizó que habría diálogo, que no se quería imponer nada y que habría mesas informativas y consultas conforme a derecho en sus comunidades. Pero esas promesas no se han cumplido.  En contraste, el 24 de abril, horas después de que se le vio en primera fila en un jeep militar junto al presidente recorriendo la pista para aeronaves militares de la base aérea, Sandoval aseguró en su cuenta personal de Twitter: “Vamos con todo para la construcción del Nuevo Aeropuerto en Santa Lucía”. Aunque ese día el presidente dijo que su “pecho no es bodega” y anunció, en medio de aplausos de militares y marinos, que la obra iniciaría el 29 de abril, dos días después tuvo que recular.  En su conferencia matutina en Palacio Nacional el viernes 26, López Obrador dijo que el lunes 29 irá a Santa Lucía, pero será hasta junio cuando arranque la construcción para evitar que sus “adversarios” critiquen el proyecto por no contar todavía con todos los requisitos, entre ellos la aprobación de la MIA. “El lunes (29) voy a estar en Santa Lucía, pero sí les digo que va a empezar a construirse el aeropuerto. Ya sé qué van a responder los adversarios que se sienten afectados porque no pudieron hacer su agosto. Van a decir: ¿y dónde está la declaratoria de impacto ambiental?”, y soltó una carcajada. Después agregó que ya se había consultado a “los ciudadanos” de la zona, sin dar detalles de cómo, entre quiénes, cuándo y dónde, ni explicar por qué nadie sabía de esa consulta. “Les doy una mala noticia a los adversarios: ya se hizo la consulta con los ciudadanos de la zona, y ya aceptaron la construcción. Ni modo”, aseguró. El aeropuerto internacional Felipe Ángeles se construirá en las 2 mil 331 mil hectáreas que tiene la Base Aérea Militar No. 1, ubicada a tan sólo 23 kilómetros del Ejido Santa María Cuevas, Zumpango, donde los pobladores también se organizan por usos y costumbres. Jorge Ángeles Escamilla, voluntario del sistema comunitario de agua potable de Santa María Cuevas, confirmó a Proceso que tampoco se ha consultado a su comunidad. La MIA que la Sedena entregó el miércoles 17 a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) habla de la compra de terrenos en las inmediaciones de la base con el propósito de establecer un área de mil 284 hectáreas de amortiguamiento acústico y de seguridad que requiere el proyecto, para lo que contempla un gasto de 3 mil 30 millones de pesos.  Se trata, por ejemplo, de 353 hectáreas en San Lucas Xolox y 58 en Ozumbilla, ambos en Tecámac, y 245 en Santa Ana Nextlalpan. En ninguno de esos ejidos se realizó una consulta previa, libre e informada. #YoPrefieroElAgua De la reunión del jueves 25 en la oficina de la Subsecretaría de Gobernación, Ovando y las abogadas salieron con un sentimiento de decepción y con un informe en la mano que les obsequiaron las funcionarias cuyo título remite a una ironía involuntaria: Hacia el cumplimiento del Derecho Humano al agua. La primera estrategia de Ovando y las abogadas era agotar el diálogo. Ahora preparan la batalla legal e informativa bajo el eslogan “Yo prefiero el agua”.  Este lunes 29, mientras el presidente anuncie los avances del proyecto en Santa Lucía, el Centro Zeferino Ladrillero solicitará que se revise la MIA en una reunión pública. Cualquier ciudadano que se sienta afectado por la obra puede solicitar una consulta pública del proyecto antes de que se cumplan 10 días a partir de la publicación del documento en la Gaceta Ecológica. Una vez que Semarnat concluya la evaluación de la MIA tiene un plazo de 60 días para emitir su resolución. En caso de que el estudio no retome el sentir de la comunidad en cuanto a las medidas de mitigación y prevención, podría ser impugnado. Las abogadas dicen a Proceso que alistan una batería de amparos en contra del proyecto aeroportuario por vulnerar derechos humanos. Gloria Méndez considera que hablar de consultas previas a la publicación de la MIA refleja que en ella existen “violaciones y deficiencias porque tienen que ser culturalmente adecuadas y sobre todo informadas. No se puede garantizar ese derecho si todavía no se conoce el proyecto que están consultando”.  Fabiola Vite agrega que debe haber un orden: “Generar la información, generar el proyecto ejecutivo, y entonces puedes ir a consultar a las comunidades. Tiene que ser apegado a derecho”.  La MIA de la Sedena desconoce a los pueblos que se reivindican como originarios en Tecámac, Zumpango, Xaltocan y Nextlalpan. “La zona del proyecto no presenta comunidades indígenas cercanas, ya que éstas se encuentran asentadas mayoritariamente en 21 municipios”, señala la MIA y enlista los siguientes: Aculco, Amanalco, Acambay, Chapa de Mota, Villa del Carbón, Morelos, Temascalcingo, Temoaya, Jilotepec, Jiquipilco, Otzolotepec, Soyaniquilpan, Timilpan, Capulhuac, Lerma, Ocoyoacac, Tianguistenco, Xonacatlán, Zinacantepec, Metepec y Toluca. “Si bien es cierto que la construcción del AISL viene a representar un cambio en el desarrollo habitual de los pueblos, también lo es que representará un beneficio para el desarrollo”, concluye el documento.  “En la Manifestación Impacto Ambiental copiaron los artículos correspondientes de la Ley de Derecho y Cultura Indígena del Estado de México. Esa ley es inconstitucional y parte de criterios totalmente indigenistas, donde las autoridades se sienten con la atribución de reconocer quién es y quién no es un pueblo indígena originario”, critica Méndez. Corta vida al AISL El aeropuerto de Santa Lucía todavía no cuenta con un plan maestro ni un proyecto ejecutivo; el único documento oficial que existe es la MIA, que tiene que ser aprobada por Semarnat. La MIA reconoce que en octubre de 2018 la consultora Navblue, filial de Airbus, presentó un Estudio de Viabilidad Técnica del Diseño del Espacio Aéreo para Operaciones de Forma Simultánea entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la Base Militar de Santa Lucía, pero ninguna “conclusión definitiva sobre la viabilidad de convertir la base área en un aeropuerto mixto civil-militar y operar simultáneamente ambos aeródromos”. El informe tampoco oculta que el proyecto del aeropuerto, que estaría operando en tres años, impactará ambientalmente en los municipios mexiquenses de Zumpango, Tecámac, Jaltenco, Nextlalpan y Tonanitla. El costo de la obra se incrementó ya. El proyecto requerirá una inversión pública total de 78 mil 557 millones de pesos, que significa un sobrecosto de 11.7% con respecto a los 70 mil 342 millones contemplados en el anteproyecto elaborado por Grupo Rioboó, el cual fue presentado durante la transición de gobierno. El aumento se debe a la compra de tierras, la construcción de una vía de interconexión entre la Terminal 2 del AICM hasta el AISL y la presencia del cerro de Paula, cuya elevación máxima es de 2 mil 625 metros sobre el nivel del mar y que obstruiría la ubicación de una de las dos nuevas pistas por diseñarse a sólo 10 kilómetros de distancia. “Por tal razón, se estableció de común acuerdo entre las partes involucradas que dicha pista se considerara exclusivamente para uso militar”, asienta el documento elaborado por la Escuela Militar de Ingenieros y el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Los militares calculan que la vida útil del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía será de unos 30 años como mínimo a partir del inicio de su operación comercial. El proyecto del aeropuerto de Texcoco sostenía que éste tendría una vida útil de 50 años. “El AISL puede ser modernizado alargando la vida útil del mismo, tal como sucedió con el AICM”, concluyeron.   Este reportaje se publicó el 28 de abril de 2019 en la edición 2217 de la revista Proceso