CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con el fin transferir más recursos a Petróleos Mexicanos (Pemex) y liberar mayores recursos para el desarrollo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció nuevas medidas de “austeridad republicana”. A través de un memorándum emitido por el presidente, las nuevas disposiciones deberán “aplicarse en las más de 300 instituciones de la Administración Pública Federal a partir del mes de mayo”. El anuncio lo hizo Carlos Urzúa Macías, secretario de Hacienda y Crédito Público, en Palacio Nacional, donde estuvo acompañado por Irma Eréndira Sandoval, su par en la Función Pública. “Hemos decidido destinar todo lo ahorrado con estas medidas a incrementar los beneficios fiscales adicionales que se otorgarán a Pemex con el objeto de fortalecer esta gran empresa estratégica de la nación”, dijo Urzúa. En materia de servicios personales y recursos humanos, no se contará con asesores en la Administración Pública Federal (APF) –solo 5 para la presidencia--, y los gabinetes de apoyo se reducirán en 30 por ciento, puntualiza la SFP en un comunicado. “No habrá personal de confianza ni altos mandos en las delegaciones federales de las Dependencias y Entidades. Y se eliminarán las plazas con nivel de Dirección General Adjunta”, indica el documento. También se ajustarán las plazas de las oficinas de representación en el extranjero. Únicamente podrán contar con choferes y vehículos asignados el titular del Ejecutivo federal, los secretarios de Estado, subsecretarios y sus homólogos, y no habrá compra ni arrendamiento de vehículos nuevos. Eréndira Sandoval subrayó que la implementación de estas medidas se realizará con respeto a los derechos de los funcionarios públicos, no afectarán al personal operativo y de base, ni tampoco la capacidad operativa de las instituciones. Asimismo, se reducirá en un 30 por ciento el monto aprobado para 2019 en materiales, combustibles, viáticos y pasajes aéreos nacionales, así como en estudios e investigaciones. Habrá una reducción del 50 por ciento en viáticos y pasajes aéreos internacionales, exposiciones, alimentación, asesorías para operación de programas, subcontratación de servicios con terceros y congresos, entre otros. En materia de comunicación social habrá una reducción del 30 por ciento en servicios de monitoreo, difusión de mensajes y actividades gubernamentales y de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios.