Sargazo: amenaza latente para arrecifes, playas y el turismo

Sargazo en Quintana Roo. Foto: Twitter @SedeturQROO Sargazo en Quintana Roo. Foto: Twitter @SedeturQROO

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Desde 2013 en que se registró el primer arribo masivo de sargazo a las costas de Quintana Roo su volumen ha aumentado de forma exponencial cada año y para especialistas, empresarios y autoridades de los tres niveles de gobierno representa ya una amenaza latente para la destrucción de arrecifes, la erosión de playas, la contracción turística y, lo peor, el posible impacto a la tercera fuente de ingresos del Producto Interno Bruto nacional.

Durante estos últimos seis años, las estrategias para atender la contingencia con recursos públicos superan ya los 470 millones de pesos, que han sido suficientes para crear una especie de mercado emergente donde casi por generación espontánea surgieron “especialistas” y “empresas expertas” en sargazo ofreciendo infinidad de soluciones para controlar su peligroso arribo y su posible impacto económico.

También surgieron nuevos oficios como el sargacero (encargado de limpiar las playas) o propuestas insólitas para aprovechar el reciclaje de esta alga en la fabricación de tabiques, zapatos, inclusive producción de combustible… y con todo ello se abrió otra veta para la corrupción gubernamental, como han denunciado el sector empresarial del estado y legisladores federales.

Las mediciones oficiales apuntan que los focos rojos se prendieron en 2015 por un atípico arribo masivo de sargazo, que obligó al gobierno federal, entonces encabezado por Enrique Peña Nieto, a destinar recursos por la cantidad de 150 millones de pesos al gobierno del ahora ex gobernador encarcelado Roberto Borge Angulo.

Información de transparencia revelada por el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), revela que de ese monto permanecen en el limbo la cantidad de 79 millones 202 mil 74 pesos, mientras que los restantes 70 millones 797 mil 926 pesos que sí se ejercieron para el propósito, algunos registraron anomalías como la compra de una máquina supuestamente especial para recoger sargazo que no se utilizó y se dejó abandonada en Puerto Morelos, o el pago para un estudio del fenómeno que fue archivado.

En el desglose de los gastos, se comprobó que por la renta y adquisición de maquinaria para remover el alga se destinaron 25 millones 630 mil 629 pesos; para la compra de una “embarcación de recolección”, seis millones de pesos; un catamarán de “recolección” con valor de 752 mil 500 pesos; “bandas transportadoras”, 2 millones 897 mil 720 pesos; barreras de contención, un millón 207 mil 500 pesos; vehículo con “remolque para transporte de sargazo”, 568 mil 487 pesos y un tractor “con barredora” por 2 millones 212 mil 262 pesos.

También están documentados el arrendamiento de maquinaria pesada por un total de 11 millones 992 mil 157 pesos y adicionalmente se utilizaron 30 millones de pesos a través del Fonatur para la prestación de servicios “de recolección, acopio, transporte y disposición del sargazo varado en las playas de los municipios de Tulum, Othón P. Blanco, Solidaridad y Cozumel”.

El “Proyecto piloto para el manejo integral de sargazo” comenzó con la elaboración de un estudio científico por el que el Gobierno estatal pagó casi un millón de pesos, y el cual comprendió un análisis de calidad de agua, del ecosistema marino y del correcto manejo del alga.

En 2018 el arribo masivo de sargazo volvió a ser atípico y tanto el gobierno federal como el estatal, ya encabezado por el panista Carlos Joaquín González, invirtieron en total más de 320 millones de pesos, que legisladores federales ahora están solicitando transparentar su manejo.

Ante la falta todavía de estrategias para atender la contingencia, legisladores federales pidieron elevar a rango de desastre natural el arribo masivo de sargazo para que de inmediato se asignen recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), lo que no ha encontrado acuerdo ni entre los propios senadores y diputados por Quintana Roo.

En medio de la contingencia, el pasado martes 29 de abril un grupo de empresarios quintanarroenses acudieron al senado de la república para lanzar un S.O.S a fin de que se actúe de inmediato y se establezca ya un presupuesto para evitar los riesgos de sufrir un impacto económico.

Al día siguiente, durante la sesión donde los senadores debatían sobre la urgencia de atender la contingencia del sargazo, la morenista Marybel Villegas Canché promovió un punto de acurdo para exhortar al gobernador panista Carlos Joaquín a que transparente la aplicación de los 240 millones de pesos que el gobierno estatal aportó para la causa en 2018.

En opinión de la legisladora, la estrategia implementada el año pasado no obtuvo los resultados esperados y se presumen actos de corrupción.

“Da la impresión que el gobierno del estado está enriqueciéndose con la tragedia porque no hay resultados, y nosotros por eso presentamos este punto de acuerdo firmado por prácticamente todos los grupos parlamentarios, excepto Acción Nacional que no quiere transparentar”, acusó.

En referencia a la creación del comité especial para atender la contingencia del sargazo, la legisladora dijo que la Cancillería está encabezando estos trabajos, “pero no en las mismas condiciones que el año pasado que pidieron dinero y que esto finalmente se fue por el caño de la corrupción, eso no va a volver a pasar, señores”, en referencia al Comité Estatal Científico Técnico, constituido en agosto de 2018 por el gobierno de Carlos Joaquín.

“Que les quede claro, que les quede claro que cada peso que sea invertido en el sargazo se transparente. Que les quede claro que va a ser un comité integrado por los hoteleros, por los ayuntamientos y también por el gobierno del estado para transparentar cada peso… que el gobernador dé una explicación en qué se gastó cada peso el año pasado, el 2018, y que está observado por la Auditoría Superior de la Federación”, advirtió.

“No queremos lo que siempre pasaba en el antiguo régimen; que venía una tragedia, los gobernadores pedían dinero, se les concedía y la reconstrucción se convertía en desvíos, corrupción y en el olvido de las comunidades afectadas”, añadió la senadora.

En respuesta, su compañera de la bancada del PAN también por Quintana Roo, la senadora Mayuli Martínez Simón le exigió a Villegas Canché no aprovechar la tribuna de la cámara alta para protagonismos políticos y le reprochó no incluir en su punto de acuerdo la solicutud de los empresarios.

Si bien se sumó a la propuesta de la morenista de transparentar los recursos aplicados en 2018, Martínez Simón enfatizó que ahorita la prioridad es que el gobierno federal se haga cargo de la situación y asuma su responsabilidad para atender esta problemática.

Por su parte, el gobierno del estado a través de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, a cargo de Alfredo Arellano Guillermo, rechazó las acusaciones y aseguró que la inversión total durante 2018 fue del orden de 322 millones de pesos: 62 millones aportados por la federación, 240 millones por el gobierno estatal y 19 millones por el ayuntamiento de Benito Juárez.

El funcionario añadió que la aplicación de las participaciones fue debidamente justificada con las licitaciones otorgadas a nueve empresas que se encargaron de las tareas de contención marina de sargazo, colecta en mar, limpieza de playas y retiro del sargazo: Chaktumen de Quintana Roo S de RL de C.V. (Grupo Ar.Co); Consorcio Costructor Ambiental S.A. de C.V.; Grupo Rambri S.A. de C.V.; Materiales y Construcciones Modernas MC, S.A. de C.V.; Grupo Otermo S.A. de C.V.; TDA Ingeniería y Proyectos S.A. de C.V. y la persona Física Georgina Guadalupe López Tum.

Tan sólo la empresa Chaktumen de Quintana Roo fue cuestionada el año pasado por no contar con la experiencia, ni el equipo y hace dos años se dedicaba a la distribución de ultramarinos y abarrotes; en su objeto social ni siquiera figuraba alguna actividad marítima.

De acuerdo con sus antecedentes en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el estado, la empresa se constituyó el 12 de julio de 2011 y apenas el 9 de septiembre de 2017 realizó modificaciones a su objeto social para dedicarse primordialmente a la “importación, exportación, compra, venta, almacenamiento, fabricación manejo, transportación y maquilación de todo tipo de productos petroquímico, asfalto, emulsiones, polímeros, combustóleo, diésel, combustibles, lubricantes, sileno, mercancías y productos todos, de lícito comercio, distribuir, comercializar los productos”.

A esta empresa se le otorgó la licitación por 222 millones de pesos para desempeñar los servicios de contención marina de sargazo, colecta en mar, limpieza de playas y retiro del sargazo.

El ruido que hace a los legisladores en este asunto es la existencia del contrato SEMA/0014/EXT-05/2018, del 2 de agosto de 2018, firmado entre la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, a cargo de Alfredo Arerllano Guillermo, con la persona moral Goimar Logistica y Servicios S.A. de C.V., por la cantidad de 240 millones de pesos incluído el IVA para la contención del sargazo en altamar y su redireccionamiento hacia aguas internacionales, con la instalación de redes sobre los 27 kilómetros de distancia que van de Cancún a la Riviera Maya.

En contraste con la empresa Chaktumen de Quintana Roo, Goimar se dedica a proveer servicios a la industria petrolera, principalmente a Petróleos Mexicanos, con más de 20 años de experiencia y un capital humano de alrededor de 700 personas especializadas en la prestación de servicios de logística, marinos, terrestre con apoyo en embarcaciones marinas a entidades públicas, según información de su página web.

En su momento, Arellano denunció que la empresa había incumplido los tiempos del contrato y estaba valorando dárselo a otra, no obstante que las barreras que se alcanzaron instalar sólo para la protección de las playas de Cancún fueron fabricadas por Goimar, como esta misma empresa lo denunció a través de su equipo de logística de comunicación.

Mientras se transparentan los recursos aplicados en la atención de la contigencia por sargazo como solicitaron los legisladores federales, el titular del Ejecutivo Federal cortó las alas a todas aquellas empresas que esperaban bajara la inversión de mil millones de pesos anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para desarrollar los trabajos de contención marina de sargazo, colecta en mar, limpieza de playas y retiro del sargazo, los cuales ahora realizarán elementos de la Secretaría de la Marina.

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