Misión de Observación denuncia “estrategia de desgaste y contención” hacia migrantes en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Luego de tres días de recorrer la frontera sur mexicana, la Misión de Observación de la Crisis Humanitaria de Personas Migrantes y Refugiados en el Sureste Mexicano documentó una flagrante violación sistemática desde las instituciones oficiales en contra de las personas de diversos países que entran a México y que buscan llegar a Estados Unidos.

Además de registrar “un enfoque de seguridad militarizada por encima del respeto y protección de los derechos humanos de las personas en movilidad”, destacaron que en esta región del país existe “una estrategia de desgaste y contención que tiene la intención de generar cansancio, desmovilización y disuasión de las personas ante el acceso al derecho a solicitar refugio y a procedimientos de regularización, así como restringir y criminalizar la movilidad humana”.

En el informe titulado “La frontera sur es una tortura silenciosa”, investigadores y activistas dieron a conocer que se creó la Misión de Observación de la Crisis Humanitaria de Personas Migrantes y Refugiados en el Sureste Mexicano, convocada y conformada por 24 organizaciones de México, Centroamérica y Estados Unidos.

Surgió en respuesta a la preocupación de organizaciones de derechos humanos de la región, ante los éxodos centroamericanos de los últimos meses.

El objetivo fundamental de la Misión se ha enfocado en fortalecer la documentación y acompañamiento que han realizado las organizaciones locales en defensa de la vida, la libertad y la dignidad humana.

Los integrantes de la Misión recorrieron diversos puntos de la costa y frontera sur de Chiapas, donde se dieron cita con autoridades de los tres niveles de gobierno y organismos internacionales con presencia en la región. También monitorearon la Estación Migratoria Siglo XXI, cinco estancias provisionales, así como extensiones de estos centros de detención como la Feria Mesoamericana, entre otros.

Derivado de este trabajo, confirmaron que continúa y se agudiza un enfoque de seguridad militarizada por encima del respeto y protección de los derechos humanos de las personas en movilidad.

Documentaron múltiples puntos de control migratorio con fuerte presencia de fuerzas de seguridad del Estado, particularmente Policía Federal y Policía Militar, sin que haya claridad sobre sus funciones y facultades en el contexto migratorio.

De igual manera, observaron una práctica de Estado sistemática e intencional, que es incongruente con el discurso oficial de una política migratoria respetuosa de los derechos humanos.

Burocracia deliberada

Señalaron que el manejo de los procedimientos de acceso al derecho a la protección internacional o a permisos de estancia por parte de la autoridad están deliberadamente burocratizados por las autoridades para dilatarlos al máximo y desalentar a las personas que quedan atrapadas en ellos.

También documentaron que la detención migratoria funge como estrategia de represión y castigo. En ese sentido, se han intensificado las redadas y operativos de control migratorio a lo largo de toda la costa, y las condiciones de la detención migratoria, de por sí violatorias de los derechos humanos, se han recrudecido, llegando a constituir formas de tortura física y psicológica y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Igualmente, identificaron prácticas racistas y xenófobas que discriminan grupos específicos.

Los participantes en la Misión se dijeron preocupados por las consecuencias que esta estrategia tiene sobre las familias que son separadas en redadas, durante la detención, liberación y deportación, vulnerando así el principio de unidad familiar, incluso en aquellas que han solicitado el reconocimiento de la condición de refugiadas.

Y particularmente les indignó la privación de la libertad de niñas, niños y adolescentes migrantes y solicitantes de asilo en centros de detención, la falta de ayuda humanitaria y falta de respeto generalizado a sus derechos, contrario a su interés superior.

Explicaron que las precarias condiciones de vida, el sometimiento a la represión institucional, las carencias en los campos de refugiados y, sobre todo, la ausencia absoluta de trato digno en los centros de detención en términos de higiene, aboca a la población a graves padecimientos para su salud física y mental.

Además, se percataron de la falta de coordinación institucional y corresponsabilidad entre los distintos niveles de gobierno, así como de una carencia de protocolos de atención integral en materia migratoria y humanitaria con enfoque de derechos humanos, prevaleciendo reacciones improvisadas, asistencialistas y con un énfasis en la seguridad.

Entre otras cosas, observaron con especial alarma que aumenta la estigmatización y criminalización de la migración, derivando en la negación del derecho al debido proceso y a contar con una defensa en los procedimientos migratorios. Y, en consecuencia, se obstaculiza y se criminaliza la solidaridad y la labor de defensa de derechos humanos.

Finalmente, demandaron al gobierno mexicano pasar de una política de Estado en materia de movilidad humana, basada en la seguridad nacional, a una centrada en la seguridad humana.

Y exigieron al Estado que cumpla y sea congruente con su compromiso de implementar una política migratoria de respeto a los derechos humanos y no represión, al tiempo que no contribuya al fortalecimiento de los discursos y políticas violatorias de derechos humanos de los gobiernos de la región.

 

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