CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez y el colectivo #SeguridadSinGuerra, reaccionaron ante el anuncio del despliegue de 6 mil efectivos de la Guardia Nacional en la frontera sur, para contener la migración de centroamericanos. Entrevistado luego del homenaje al periodista opositor al régimen de Porfirio Díaz, Paulino Martínez, el ombudsman nacional advirtió que así como el organismo ha condenado que el gobierno de Estados Unidos “militarice la frontera sur de su país, México no debe caer en la misma prospectiva”. Al anunciar que personal del organismo esta desplegado en la frontera sur para vigilar que no haya violaciones a derechos humanos, González Pérez exhortó a que “no se entienda una medida de que el envió de esas fuerzas sea una política de priorizar la seguridad nacional por encima de la seguridad humanos”. Abundó: “La política de brazos abiertos en un principio pasó por la política de ofrecer trabajo aquí en México y, ahora, esperemos que no sea solamente una contención, y también deseo que las negociaciones no sean en detrimento de las personas, sino que por encima de los acuerdos esté la dignidad de las personas”. Destacó que la política de brazos abiertos aplicada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “identificó también la falta de infraestructura que tenemos para resguardar a un éxodo de migración que no habíamos tenido en el pasado”. Al señalar que los migrantes que atraviesan México en busca de llegar a Estados Unidos, “huyen de pobreza o de violencia”, el presidente de la CNDH señaló que está ha solicitado a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la realización de un encuentro con los ombudsperson de Guatemala, El Salvador y Honduras, y él mismo para “prevenir violaciones a derechos humanos”. Tras el anuncio dado a conocer primero en Washington por el canciller Marcelo Ebrard Casaubon, y después confirmado por Sánchez Cordero, el colectivo de 300 organizaciones sociales, activistas y académicos reprobaron la decisión de bloquear la frontera sur con elementos de la Guardia Nacional. “El colectivo #SeguridadSinGuerra condena enérgicamente que la militarización, la criminalización de personas en movilidad con necesidades de protección internacional y de defensores de migrantes y refugiados, sea moneda de cambio por la que podrían derivarse violaciones a derechos humanos”, se lee en un comunicado. Las organizaciones y defensores que integran el colectivo, alertaron que los migrantes se encuentran en un “estado de desprotección” en la legislación secundaria de la Guardia Nacional recientemente aprobada, que le da facultades para detener a las personas en movilidad. Para defensores y organizaciones, el despliegue “se inscribe en un contexto de creciente militarización de las funciones del Estado y una continuada tendencia a usar los recursos públicos para defender intereses de gobiernos extranjeros en detrimento de los intereses ciudadanos mexicanos”. Anteriormente la justificación para la militarización fue detener el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, lo que trajo consigo el incremento de violaciones graves a los derechos humanos como tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, señalaron los firmantes. “Hoy, el anuncio de la cancillería parece una forma de profundizar la subordinación de las instituciones a la agenda estadunidense, dando una excusa para mantener la militarización de la vida pública, justo cuando México y el mundo comienzan a transitar de la prohibición a la regulación de las drogas”, apuntaron. Los integrantes de #SeguridadSinGuerra condenaron la detención de los defensores de migrantes, Irineo Mújica y Cristóbal Sánchez el pasado 5 de junio, situación ocurrida en medio de las negociaciones en Washington para evitar la aplicación de aranceles a los productos mexicanos. “A la luz de las presiones norteamericanas para que México se convierta en tercer país seguro, esto no puede ser entendido como casualidad”, consideraron los integrantes el colectivo. Advirtieron en la criminalización de Mújica y Sánchez que los defensores de derechos humanos han sido ofrecidos como “ficha de cambio en el proceso de militarización y subordinación a la agenda estadunidense”, sumada a la presencia militar en la ruta migratoria y en los espacios para contener a la población migrante y solicitante de asilo, como lo han denunciado defensores y académicos en la frontera sur. “Antes fue un problema de salud el que fue abordado como problema de seguridad, hoy se busca atender una crisis humanitaria con el uso del ejército -extirpando facultades a las instituciones política (Segob) para entregarlo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana militarizada en los hechos”, señalaron los activistas. En el pronunciamiento, el colectivo llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a la “prudencia y a la congruencia” en el uso de la fuerza contra las personas más vulnerables. “La fuerza amenaza con ganarle a la razón cuando nuestro país emula medidas como las que el gobierno estadunidense ha determinado para militarizar su frontera sur”, puntualizaron. “La retórica de la unidad nacional no debe servir para justificar el poner en riesgo la vida, la seguridad, dignidad y libertad de las personas. Mucho menos para satisfacer propósitos políticos ni intereses extranjeros”, concluyeron los integrantes de #SeguridadSinGuerra.