Campesinos de Colima exigen la entrega de 137 hectáreas dotadas hace 40 años

COLIMA, Col. (apro).- Cuatro décadas después de haberse emitido la resolución presidencial que dotó de 234 hectáreas de tierras al ejido Luis Echeverría Álvarez, en el municipio de Armería, los campesinos de ese núcleo agrario continúan exigiendo la entrega de más de la mitad de esa superficie que quedó pendiente.

Mediante un oficio, la mesa directiva del ejido, que preside Irma Leticia Rivera Acevedo, solicitó la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) gestione la reposición de los procedimientos para la ejecución de la entrega de 137 hectáreas faltantes o la compra de nuevas tierras para saldar el adeudo.

La resolución presidencial fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 1978, y la ejecución parcial se realizó el 9 de marzo de 1981 con la entrega únicamente de 131 hectáreas, porque las restantes 103 se encontraban sujetas a un trámite de juicio de amparo, que al final fue ganado por una pequeña propietaria.

Posteriormente, en lugar de avanzar en la recuperación de la tierra faltante, el ejido perdió más espacios debido a un error de la entonces Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), que permitió a otro pequeño propietario ganar un juicio para quedarse con un predio de 29 hectáreas, mientras que una asociación de productores de sal se adjudicó cinco hectáreas más.

En el documento entregado a López Obrador, la presidenta del ejido, Irma Leticia Rivera, y demás miembros de la directiva, narraron una serie de obstáculos interpuestos por las autoridades agrarias en los últimos años para lograr la culminación de una solución negociada en el caso del predio de 29 hectáreas, mediante la participación del programa Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer).

Expusieron que después de casi 50 años de lucha, desde que en 1971 presentaron la primera solicitud de tierras ante las autoridades correspondientes, los campesinos han sufrido un desgaste económico y emocional extraordinario.

“Muchos de los solicitantes originales han muerto, aunque sus sucesores mantengan sus derechos agrarios y parcelas como un patrimonio familiar, y también muchos de los actuales titulares de derechos son personas de edad avanzada que hasta ahora no han podido conocer la tranquilidad en su posesión durante tanto tiempo, pues hemos tenido que sortear demasiados obstáculos”, subrayaron.

Añadieron: “Empezamos ya a acusar el cansancio de tan larga jornada. Y los gastos y las deudas se han acumulado a lo largo de todos esos años, como puede resultar lógico suponer. La verdad es que no tenemos fondos para continuar la lucha por nuestro patrimonio y los ánimos se ven cada vez más menguados”.

Para sustentar su solicitud de intervención de las autoridades agrarias en la resolución de su caso, citaron el criterio jurisprudencial 238204 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:

“Para cumplimentar en sus términos exactos una resolución dotatoria o ampliatoria de ejido, las autoridades agrarias están facultadas legalmente para ordenar y realizar ejecuciones complementarias, precisamente porque la propia ejecución no ha sido ejecutada en su totalidad”.

Por último, la directiva del ejido expresó al presidente López Obrador su “modesto reconocimiento y apoyo a la política pública que instrumenta a través de su gobierno contra la corrupción e impunidad, en claro combate contra la cultura del abuso de poder en agravio de nuestro pueblo y del peculado en agravio del patrimonio de la nación”.

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