Muerte de capitán torturado en cárcel militar sacude al gobierno de Nicolás Maduro

El capitán Rafael Acosta Arévalo. Foto: Twitter @TAMARA_SUJU El capitán Rafael Acosta Arévalo. Foto: Twitter @TAMARA_SUJU

CARACAS.- El capitán de corbeta de la Armada venezolana, Rafael Acosta Arévalo, murió bajo custodia de un tribunal militar, según admitió el régimen de Nicolás Maduro mediante un comunicado que señala al uniformado de estar presuntamente involucrado en un golpe de Estado contra el líder chavista. Su familia denunció que el oficial murió debido a las torturas que sufrió en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Waleska Pérez, esposa del militar, dijo que perdió contacto con su marido el 21 de junio, el mismo día que Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, culminaba una visita a Venezuela para constatar violaciones a los serruchos humanos en ese país.

La cónyuge del capitán fallecido relató que fue llevado a un tribunal militar para la primera audiencia de presentación. Indicó que su esposo presentaba graves signos de tortura por lo que la juez ordenó su traslado a un centro asistencial en el Fuerte Tiuna, complejo militar donde también esta la sede del Ministerio de Defensa, en Caracas.

“Ayer (viernes) lo presentaron, estaba sumamente golpeado, en sillas de ruedas, ni podía hablar, no se valía por sí mismo y lo torturaron mucho, tanto que lo torturaron, que lo mataron”, dijo Pérez en una entrevista con EVTV Miami.

El capitán iba a una reunión social con amigos el día que lo detuvieron, señaló su esposa en un video divulgado en las redes sociales.

En un comunicado publicado la noche del sábado 29, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, dijo que Maduro ordenó a la Fiscalía General investigar las circunstancias en las que murió el capitán Acosta, sin dar detalles de cómo ocurrió la muerte. Agregó que el oficial fue “imputado por graves actos de terrorismo, sedición y magnicidio”.

Pero en un mensaje de Twitter, el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, dijo que el militar estaba siendo “presentado ante los tribunales competentes por su presunta participación en el intento de magnicidio y golpe de Estado”, y anunció la designación de un fiscal para la investigar la muerte del funcionario.

El comunicado emitido por el Ministerio Público señala que Acosta Arévalo se encontraba imputado por delitos de terrorismo, sedición y magnicidio en grado de frustración.

La abogada venezolana defensora de los derechos humanos y directora ejecutiva de Casla Institute, Tamara Suju, dijo que el capitán llegó al juzgado con evidentes signos de tortura.

“No hablaba, solo pedía auxilio a su abogado. No entendía ni escuchaba bien”, escribió Suju en Twitter donde colgó una foto del militar en su uniforme antes de ser detenido, y agregó que el capitán fue capturado por funcionarios de la DGCIM.

La activista añadió que Acosta Arévalo habría confirmado en el juzgado, (el viernes), “asistiendo con la cabeza a la pregunta de si fue torturado por el Dgcim, pero no podía casi articular palabras”, y aseguró que llevará su caso a la Corte Penal Internacional.

Por su arte, el presiente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, dijo que habrá justicia por el caso de Acosta.

“Hoy se confirma el asesinato del capitán de corbeta, luego de haber sido torturado”, dijo Guaidó en un video divulgado en las redes sociales. “Hablé con la viuda (…) No hay mensaje para reconfortar. Habrá justicia”, agregó el jefe del Parlamento tras efectuar un nuevo llamado a los oficiales.

“¿Es que no escuchan? Desde la tumba, desde sótanos recibiendo torturas, la exigencia de un pueblo que necesita cambio, que se pongan del lado de la Constitución”, señaló Guaidó, quien mencionó el caso del concejal Fernando Albán, quien murió en extrañas circunstancias en octubre de 2018. El régimen de Maduro aseguró que se suicidó al lanzarse de un piso 10 mientras estaba bajo la custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Asimismo, el presidente del Parlamento se refirió al piloto Óscar Pérez, quien fue ejecutado por las fuerzas de seguridad de Maduro junto a otras seis personas en “la masacre de El Junquito” en enero de 2018.

Guaidó expresó que “no hay palabras para describir este abominable hecho”, e indicó que ya han establecido contacto con la familia y la comisión de la ONU en Venezuela. “He girado instrucciones a embajadores y equipo internacional para elevar denuncia a gobiernos y especialmente a la Alta Comisionada Michelle Bachelet”, agregó.

El hecho también fue repudiado por los países que forman parte del Grupo de Lima. “La gravedad de su estado de salud llevó al juez a remitirlo a un centro hospitalario, donde falleció este 29 de junio”, señala un comunicado divulgado este domingo por la cancillería peruana.

Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Venezuela manifestaron en el comunicado su condena por el “asesinato” del militar y expresaron su solidaridad a la familia.

El Grupo de Lima agregó que “repudia las continuas prácticas de detenciones arbitrarias y torturas a las que el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro somete a quienes considera sus opositores”.

De la misma forma, pidió a la comunidad internacional, en especial a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “actuar sin dilación para que los derechos de los venezolanos sean restablecidos y su integridad protegida”.

Contradicciones

La abogado y presidente de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, Rocío San Miguel, denunció en su cuenta de Twitter que en el caso de la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo ha habido contradiciones en las versiones de los voceros del régimen de Maduro que, en su opinión, “son claves para el ocultamiento o verdad de los sucedido”.

El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, dijo a través de su cuenta en Twitter que el militar había sido presentado y que el fallecimiento ocurrió “durante el acto de presentación frente al tribunal competente”. Por su lado, el fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab, afirmó que Acosta “estaba siendo presentado ante los tribunales”, y el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, precisó que el oficial se desmayó antes de iniciar la audiencia de presentación.

San Miguel señaló que “los tres comunicados emitidos por el poder con ocasión de la muerte del capitán presentan una contradicción fundamental que permite establecer la responsabilidad de la Dgcim los hechos y la de quienes acusaron al capitán de corbeta pública y comunicacionalmente antes de ser imputado legalmente”.

Resalta que “el capitán Acosta Arévalo muere siendo inocente, pues nunca desde su detención fue formalmente imputado por el Estado venezolano, quien violando las garantías constitucionales más elementales del debido proceso, intentó presentarlo ante el Tribunal Militar Tercero de Control, a cargo del Capitán (GNB) Maikel Amezquita Pio; 8 días después de su captura (capturado el 21 de junio y presentado el 28 de junio), en condiciones tan graves de afectación a su integridad, el juez ordenó su inmediato traslado al centro hospitalario más cercano (El Hospitalito, a escasos metros de la propia Corte Marcial) en Fuerte Tiuna, con carácter de urgencia”.

Muertos en custodia

Este no es el primer caso de un preso político que muere estando bajo custodia militar o policial en el gobierno de Maduro. Al menos cuatro presos políticos han fallecido en estas circunstancias.

El primero fue el piloto Rodolfo González, quien murió el 12 de marzo de 2015 en El Helicoide, donde se encuentran los calabozos de la policía politica (Sebin) y de la Policía Nacional Bolivariana.

Carlos Andrés García, concejal del municipio Guasdualito en ella estado Apure, murió el 17 de septiembre de 2017 en la sede del Sebin en esa región.

Uno de los casos más sonados fue el de Fernando Albán, concejal del municipio Liberador del Distrito Capital, quien fue lanzado del piso 10 de la sede del Sebin en Caracas, el 8 de octubre de 2018. El parte oficial indica que supuestamente se suicidó.

En todos los casos, familiares, abogados y organizaciones sociales defensoras de derechos humanos han denunciado torturas practicadas contras las víctimas por parte de funcionarios policiales o militares.

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