Buitrago: Ahora hay que investigar a quienes ocultaron la verdad de Ayotzinapa

Buitrago. Nuevos retos. Foto: Octavio Gómez Buitrago. Nuevos retos. Foto: Octavio Gómez

Exintegrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la abogada colombiana Ángela María Buitrago muestra su optimismo por el nombramiento de Omar Gómez Trejo como titular de la Unidad Especial de la Fiscalía General para el caso Ayotzinapa.­ Él tiene mucha sensibilidad y conoce el caso; a él no le van a dar gato por liebre, dice en entrevista con Proceso. Y añade: debe investigarse a los funcionarios del gobierno de Peña Nieto que ocultaron o destruyeron pruebas fundamentales, pero también a los militares, pues tienen información que no quieren entregar.

BOGOTÁ (Proceso).- La exintegrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) Ángela María Buitrago aplaude la creación de la Unidad Especial de la Fiscalía General para el caso Ayotzinapa y la designación de Omar Gómez Trejo como su titular, y habla sobre las prioridades que debería plantearse el nuevo organismo.

De acuerdo con la exfiscal colombiana, para esclarecer lo que ocurrió con los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, es necesario investigar a los funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto que llevaron “al ocultamiento, la destrucción o la modificación de pruebas fundamentales en la investigación”.

Afirma: Es importante saber a quiénes estaban protegiendo y por qué lo hicieron, porque eso significa avanzar en el camino que “lleva a la verdad”.

En entrevista con Proceso, Buitrago considera que Gómez Trejo encontrará una investigación “torcida” que hay que “enderezar”.

Y entre los que deben ser investigados, señala la doctora en derecho, están los autores de la “verdad histórica”, desde el exprocurador general Jesús Murillo Karam hasta el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Tomás Zerón. También, indica, a los diferentes titulares y agentes ministeriales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) que llevaron las indagatorias del caso Ayotzinapa el sexenio anterior.

“Tendrían que contar de dónde vinieron las órdenes para no seguir determinadas líneas y por qué hicieron diligencias irregulares en las que hubo torturas”, asegura.
Y agrega: “Lo primero que hay que mirar es quiénes obstaculizaron y manipularon la investigación”.

En el mismo expediente del caso, indica, “hay datos duros muy reveladores, como las declaraciones de agentes periciales, de seguridad pública, ministeriales, que dicen una cosa y luego surgen pruebas de que fue otra cosa lo que ocurrió”.

La exintegrante del GIEI sostiene que en la actual Fiscalía General de la Nación (FGN) hay funcionarios que provienen de la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) y que “pueden contar qué pasó ahí adentro” con el manejo del caso Ayotzinapa.

Pero considera que, para ello, Gómez Trejo y el fiscal general, Alejandro Gertz, tendrían que comenzar “por barrer la casa”.

–¿Barrer la casa significa ir contra los culpables de la obstrucción que siguen ahí adentro? –se le pregunta a Buitrago.

–Creo que sí y en eso puede aportar mucho la gente buena que está ahí. Si se le dan garantías de seguridad, esa gente habla. De eso estoy segura. Es gente comprometida con la justicia que puede decir quién dio las órdenes. Ellos saben muchas de las cosas que sucedieron.

Aunque esto, aclara, “no quiere decir que todos los que investigaron el caso son culpables; ni que todos los funcionarios a investigar sean responsables de delitos”.
–¿Usted cree que desde los altos niveles del gobierno y desde la PGR se intentó proteger a alguien en especial?

–Yo creo que sí. Es mi percepción como investigadora. Cuando a ti te dicen: fulano estuvo aquí y yo ni siquiera pregunto dónde vive fulano; y cuando yo sé que fulano vio todo, y yo ni siquiera le pregunto: “Oiga, ¿usted qué vio?”… Uno, como investigador, se pregunta: ¿Por qué? Entonces es importante saber qué es lo que se estaba protegiendo.

El video revelador

Para Buitrago, quien ha sido invitada por el gobierno mexicano, junto con otros exintegrantes del GIEI, para coadyuvar en la nueva investigación que realizará la Unidad Especial para el Caso Ayotzinapa, el expediente oficial sobre la desaparición de los 43 normalistas está plagado “de cosas que no son ciertas, porque fueron obtenidas bajo tortura”.

Y en esta nueva etapa también será importante “profundizar en todas las líneas de investigación que están perfiladas en los expedientes y en las que no se avanzó porque muchas autoridades no quisieron hacerlo”.

Entre esas líneas, Buitrago menciona la que apunta a que los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos fueron trasladados por sus atacantes hacia Huitzuco, al este de Iguala, y en dirección contraria al basurero de Cocula, que queda al oeste y donde según la “verdad histórica” que defendió el gobierno de Peña Nieto fueron incinerados los cuerpos de los 43 normalistas.

“Esa línea –explica la abogada penalista– nunca la pudimos concluir porque cuando entramos a Huitzuco y Pololcingo se nos acabó el mandato del GIEI (que fue de marzo de 2015 a abril de 2016).”

Dice que al concluir su encomienda en México dejaron como recomendación seguir 17 líneas de investigación que fueron ignoradas por la PGR.

“Nosotros recomendamos ampliar el radio de investigación más allá de la zona de Iguala, hacia Mezcala (ubicada al sur de Iguala), Santa Teresa, Huitzuco y Pololcingo”, recuerda.

La línea de Mezcala cobró vigencia la semana antepasada, al conocerse un video en el que Carlos Canto Salgado, El Pato, es torturado por agentes de la PGR, entre ellos Carlos Gómez Arrieta, quien al producirse la desaparición de los 43 normalistas era el jefe de la Policía Federal Ministerial en Guerrero, que dependía del entonces director de la AIC, Tomás Zerón.

Para Buitrago, ese video, en el que Canto Salgado dice bajo tortura que entre 12 y 13 estudiantes fueron llevados a Mezcala a bordo de tres patrullas de la Policía Ministerial, indica que desde octubre de 2014, cuando ocurrió ese interrogatorio, la SEIDO y la PGR sabían que los normalistas pudieron haber sido llevados a Mezcala “a casas de Los Peques (grupo de pistoleros de Guerreros Unidos)” por policías ministeriales.

Canto Salgado también refiere que los estudiantes fueron entregados a los ministeriales en el sector Tomatal, donde están las salidas hacia Mezcala y Huitzuco.
“Si tú, como Ministerio Público, tenías una declaración de esa naturaleza, la pregunta lógica es: ¿por qué nunca investigaste Mezcala y a los ministeriales?”, plantea Buitrago.

La exintegrante del GIEI se dice convencida de que Canto Salgado se refiere a policías ministeriales federales porque así lo escuchó en un video y porque durante su estancia en México el grupo de expertos nunca encontró evidencia de que la Policía Estatal Ministerial haya participado en el ataque a los normalistas.

En cambio, el GIEI descubrió que policías federales ministeriales sí estuvieron al menos en unos de los sitios de las agresiones a los estudiantes, la avenida Juan N. Álvarez de Iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014.

Los agentes de la Policía Ministerial estatal interrogados por el GIEI –entre ellos Andrés Barrera, Carolina Segura, Miguel Martínez y Cándido Salado– coincidieron en que su actuación esa noche se limitó a resguardar las instalaciones de la Policía Municipal de Iguala y a retener a los agentes de esa corporación para que fueran investigados por la desaparición de los estudiantes.

En su primer informe, entregado en septiembre de 2015, el GIEI publicó un acta de los agentes de la Policía Federal Ministerial Romeo Ortiz y José Manuel Dirzo en la que ambos dan cuenta de su presencia en una calle de Iguala donde había “desmanes por supuestos estudiantes” (sic).

Buitrago dice que hay múltiples evidencias y pruebas documentales de que policías ministeriales federales “estaban actuando en Iguala” la noche de la desaparición de los estudiantes.

“Y tenemos pruebas –agrega– de que todos los ministeriales federales se movieron por una orden impartida por la PGR cuando empiezan a denunciarse los ataques contra los estudiantes. En ese momento. La Policía Federal Ministerial dependía de Tomás Zerón.”

El GIEI descubrió que una diligencia realizada el 28 de octubre de 2014 por Zerón en el río San Juan, cerca del basurero de Cocula, quedó sin registrarse en el expediente del caso Ayotzinapa. Al día siguiente apareció en el río una bolsa con restos óseos de Alexander Mora, uno de los estudiantes desaparecidos, como parte de la presunta construcción de la “verdad histórica”.

–¿El video de la tortura a Canto Salgado es una evidencia de obstrucción? –se le pregunta a Buitrago.

–A mí lo que me parece rarísimo es que la SEIDO y la PGR, teniendo una línea de investigación dada por una persona que ellos consideran que oyó lo que oyó y que vio lo que vio, no hicieron ninguna investigación sobre los ministeriales, sobre Mezcala y sobre la tortura.

Además, “nos pareció muy extraño que en los reportes que hicieron los policías ministeriales federales sobre los hechos de Iguala denominan a los estudiantes ‘pseudoestudiantes’, con esa connotación despectiva”.

Para la exintegrante del GIEI, el elemento “más interesante” del video de la tortura de Canto Salgado, un profesor de secundaria que convivía en un bar de su propiedad con integrantes de Guerreros Unidos, “es lo que nos revela el hecho de que la SEIDO y la PGR no siguieron las líneas que marcaba el interrogatorio”.

Por eso, agrega, una vez más “uno se pregunta qué estaban protegiendo y a quiénes estaban protegiendo…”.

Buitrago planea que si eran policías ministeriales estatales o policías ministeriales federales a los que se refería Canto Salgado “es finalmente lo de menos, porque no investigaron ni a unos ni a otros”.

De acuerdo con la abogada, la revelación del video de la tortura al Pato es “una confirmación radical de la forma en que se practicaron algunas diligencias en el caso Ayotzinapa”.

El Patrón intocable

Ángela Buitrago, quien es una respetada abogada penalista y académica de la Universidad Externado de Colombia, tiene una buena opinión de Gómez Trejo, el fiscal a cargo de la Unidad Especial de la FGR para el caso Ayotzinapa.

Dice que Gómez Trejo, quien fue secretario técnico del GIEI, conoce el mundo de los derechos humanos, ha trabajado en casos de mucha connotación y sensibilidad y está informado respecto al caso, por lo cual “no le pueden dar gato por liebre”.

“Me parece que va a hacer un buen papel siempre y cuando sepa escoger con quién trabajar. Es un nombramiento muy adecuado y creo que puede hacer buenas cosas.”
Sobre la creación de la nueva Unidad Especial para el caso Ayotzinapa, que fue presentada el jueves 27, Buitrago sostiene que el GIEI la había pedido desde que iniciaron su actuación en México en 2015, pero que nunca le interesó al gobierno de Peña Nieto.

“La pedimos porque consideramos que el caso requería una unidad independiente y funcionarios independientes. La SEIDO, que en realidad nunca soltó el caso, no daba ninguna garantía de imparcialidad, que es lo que necesita esta investigación.”

Entre los elementos importantes que la nueva Unidad deberá investigar, Buitrago menciona la identidad del Patrón de Huitzuco, a quien se menciona en varias declaraciones “como alguien que tenía que decidir qué se hacía con los muchachos”.

–¿Había indicios para presumir que El Patrón era alguien de la familia Figueroa?

–En este caso lo que nosotros decíamos es que había elementos para referir esas investigaciones, pero no se hizo, y es algo que ahora se puede hacer. Yo tengo claro que hay un Patrón, que él actuó, que estuvo muy involucrado, que era de Huitzuco, que le llevaron a los muchachos, y tengo claro que El Patrón definió qué se hacía con ellos. En ese momento, El Patrón fue intocable.

–O sea, ¿hubo una deliberada operación para no llegar al Patrón?

–Había muchas cosas que llevaban a que había obstrucción cuando uno mencionaba ciertas líneas y ciertos personajes, y uno de ellos era El Patrón de Huitzuco, claro. En mi criterio y en el del GIEI, ese era un tema fundamental; si El Patrón actuaba en todo y era el que decidía, ¡cómo no va a ser importante!

–Los integrantes del GIEI supieron que algunas de las órdenes para obstaculizar las investigaciones salían de una oficina de Los Pinos. ¿Eso es algo que debería investigarse?

–Mientras tú no tengas pruebas es muy difícil lanzar una afirmación de esa categoría. Pero te puedo decir que hay casos en los que uno puede ver que existen elementos como para seguir esa línea de investigación. Ese puede ser uno de esos casos.

Esta entrevista se publicó el 30 de junio de 2019 en la edición 2226 de la revista Proceso

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