Un fiscal desaparecido

Integrantes de organizaciones de familiares de desaparecidos de todo el país marcharon de la Glorieta de San Jerónimo a la sede de la CNDH. Foto: Miguel Dimayuga Integrantes de organizaciones de familiares de desaparecidos de todo el país marcharon de la Glorieta de San Jerónimo a la sede de la CNDH. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El próximo 18 de julio, México deberá tener su primer fiscal especial para derechos humanos. Es una designación que está en manos del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

La ley orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) le impone a su titular hacer público el perfil del fiscal especial que deberá atender la crisis humanitaria con sus más de 40 mil desaparecidos y el número indeterminado de migrantes secuestrados y asesinados en territorio mexicano, como la vergüenza internacional que significaron las masacres de San Fernando.

El fiscal también tendrá que hacerse cargo de investigar las violaciones que ocurran -como ya se están viendo- tras el acuerdo migratorio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el de Donald Trump.

La tarea del nuevo fiscal será la de investigar y procurar justicia en los casos de graves violaciones a derechos humanos, por lo que también deberá responder ante las numerosas situaciones de tortura que están documentadas, los ataques sufridos por periodistas y defensores de derechos humanos, la trata de personas, incluidos niños, y feminicidios, así como los crímenes de lesa humanidad, como las ejecuciones de civiles a manos de agentes del Estado (militares o policías) o cometidas por particulares con la connivencia de representantes del Estado.

Por ley, el fiscal general debe también emitir una convocatoria para escuchar a las víctimas y a la sociedad respecto a la idoneidad del fiscal. Pero hasta ahora, los familiares de las víctimas están en espera de ser recibidos por Gertz Manero.

Han recurrido al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, para que el gobierno federal también se pronuncie. El Senado tampoco ha propiciado que se aborde el tema del próximo fiscal especial, a pesar de la facultad que le da voz para participar en la discusión pública.

El temor de los familiares es que llegado el plazo, el régimen morenista designe a un fiscal que no esté a la altura del enorme reto.

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, que aglutina a más de 70 colectivos y organizaciones de familiares en todo el país, en el reclamo de su legítimo derecho a ser parte del proceso para encontrar a sus desaparecidos, se pronunció el martes para exigir un perfil adecuado, un procedimiento transparente y participar en la designación del fiscal especial.

No sólo se trata de que el fiscal tenga gran conocimiento técnico y trayectoria en el campo de los derechos humanos, sino que sea alguien carente de vínculos políticos o de grupo y comprometido con la procuración de justicia.

El fiscal especial de derechos humanos será punta de lanza para resolver el tema de los desaparecidos. Se deberá coordinar con la Comisión Nacional de Búsqueda, que preside Karla Quintana, (@kiquinta), para dar con los desaparecidos o sus cuerpos y tener la certeza de lo que ocurrió con ellos. Fijará, por tanto, la pauta para las fiscalías locales.

Lo que haga o deje de hacer el fiscal especial definirá a la administración de López Obrador en materia de derechos humanos. Más que ningún otro gobierno, tiene el imperativo moral de cumplirles a los familiares y a la sociedad mexicana.

Los desaparecidos no han tenido justicia y sus familiares no tienen paz. Gertz Manero tiene en sus manos la oportunidad de contribuir para saldar la deuda histórica con los familiares.

“Es una deuda pendiente que tiene el Estado mexicano para dar con el paradero de nuestros familiares, conocer la verdad y hacer justicia sancionando a los responsables”, dice Diana Iris García, quien busca a su hijo Daniel desde hace 12 años, y que forma parte de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec), que es parte del Movimiento Nacional por los Desparecidos.

Hace casi 20 años, el gobierno de Vicente Fox tuvo esa misma deuda con las víctimas de la guerra sucia de los años sesenta y hasta entrados los ochenta del siglo pasado. Nunca se interesó ni le importó realmente el tema. Su fiscalía especial fue un fracaso por falta del compromiso presidencial. Lo que hizo el fiscal especial, Ignacio Carrillo, quedó muy lejos de lo que la sociedad demandaba.

La exigencia es ahora para el presidente López Obrador y el fiscal general Gertz Manero.

@jorgecarrascoa

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