CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las irregularidades y el tinglado de relaciones políticas en la minería del carbón quedaron expuestas una vez más al perder la vida un trabajador en una auténtica cueva sin condiciones elementales de seguridad, el pasado viernes. En el contexto del reinicio de actividades extractivas en el norte de Coahuila, tras la reanudación de compras por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), José Rico Hidrogo, de 50 años, perdió la vida en el socavón. El minero trabajaba en unas cuevas de Minera El Junco, cuyo dueño es Miguel Ángel Valdez. Sin embargo, conforme a la base de datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, estaba registrado a nombre de otro patrón, identificado como Roberto Valdez, de acuerdo con datos obtenidos por la organización Familia de Pasta de Conchos. Minera El Junco, opera en la concesión 217372 “Cloete Norte”, que en diciembre fue materia de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la secretaría de Economía federal, así como a otras autoridades, por haber permitido su operación violando normas ambientales, laborales y agrarias. La concesión Cloete Norte, estaba a nombre del político priista Álvaro Jaime. Minera El Junco no aparece en la lista de quienes están surtiendo carbón a la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila (Prodemi), una paraestatal del gobierno del estado que funge como intermediaria entre pequeños productores y la CFE. Lo anterior es relevante pues no hay otro cliente más que la CFE al que, por la calidad del carbón extraído, pueda venderle Minera El Junco, que sin embargo, pertenece a la Unión Mexicana de Productores de Carbón, presidida por el empresario carbonero Óscar Fuentes Yáñez, quien forma parte del grupo político del senador morenista Armando Guadiana Tijerina. Desde octubre de 2016, el ejido de la Villa de Cloete, obtuvo la protección constitucional para que Minera El Junco abandonara sus operaciones en esa zona, después de un litigio que por una década permitió a la empresa avanzar hasta invadir zonas habitadas. Pero, con todo y las órdenes judiciales para que abandonara el predio, mantuvo sus operaciones hasta que el pasado viernes perdió la vida el trabajador. La minería del carbón es una de las actividades extractivas más peligrosas y en la región carbonífera de Coahuila se acumulan alrededor de 150 muertes, la mayoría relacionadas con la operación de cuevas ilegales, o bien de pocitos sin condiciones mínimas de seguridad. Sin embargo, políticos de PRI, PAN y  Morena, han abogado a favor de esas operaciones, se rehúsan a prohibirlas y suelen gestionar contratos con la CFE para que sigan funcionando.