Pobres y migrantes en su propia patria

Campamento de migrantes agrícolas en Barretos. Foto: Verónica Espinosa Campamento de migrantes agrícolas en Barretos. Foto: Verónica Espinosa

Los jornaleros oaxaqueños y guerrerenses que van a trabajar a los campos de Guanajuato cumplen una importante función en la economía de esta entidad, pero viven en condiciones precarias. Estas familias, que se acomodan en campamentos temporales, presentan necesidades que hasta ahora los tres niveles de gobierno no han satisfecho, sobre todo en cuanto a seguridad, educación de los menores y alimentación.

BARRETOS, Gto. (Proceso).- Cristina abre la reja y cruza el patio de la estancia caminando muy despacio hasta donde está su hijo jugando con otros niños. Se deja caer en la primera silla que ve; el cansancio está en sus pies, en su cuerpo, en sus ojos.

Son las seis de la tarde y acaba de dejar el campo donde corta chiles desde hace más o menos un mes. Normalmente comienza a las siete de la mañana y termina a las cinco de la tarde. Pero como llovió en la mañana, comenzaron hasta las nueve.

“Hoy no tengo ganas de cortar”, murmura mientras mira sus pies descalzos. Aun así alcanzó a llenar ocho arpillas con chiles; en días mejores suelen ser 10 o más.

Originaria del poblado de San Jerónimo, en Tlacoachistlahuaca, viajó a esta comunidad perteneciente a León en su recorrido con el grupo de migrantes agrícolas guerrerenses que, más o menos entre abril y julio, trabajan en estas y otras tierras de Guanajuato desde hace ocho años. Ella ha venido los últimos cinco o siete años.

En la mano, Cristina trae una bolsa de plástico con fármacos que le dio un médico de la Secretaría de Salud estatal. Una brigada llegó este día (martes 18 de junio) al campo y pudo revisar a varios jornaleros y jornaleras. A ella le recetaron Fluoxetina y Soltrim. El primero es un antidepresivo: “Es que a veces me entra como miedo o algo así”.

–¿Miedo de qué?

–No sé… por tantos corajes.

La mujer está instalada con su pareja y su hijo en un campamento en esta misma comunidad de Barretos. No tiene papeles y no los ha conseguido por una razón: “No me acuerdo cuándo nací”.

Algunas familias se juntaron para rentar una bodega, pero la de Cristina y otras cuatro o cinco no alcanzaron lugar o no tuvieron para pagar, así que levantaron sus tiendas con techos de hule azul y negro a un lado del galerón, donde descansan en las cobijas sobre la tierra y el pasto.

En la tienda apenas caben los tres. Hay un garrafón de agua medio vacío, una pelota de plástico verde, un par de cobijas, algo de ropa. Otro plástico cubre a medias algunos trastes y el montón de leña de un rudimentario fogón.

Algunas familias llegaron antes que el grupo de Cristina y se salieron de la bodega porque los primeros días no tuvieron agua ni luz. A unos metros, en un tinaco negro con logo de la Secretaría de Desarrollo Social (ahora Secretaría del Bienestar) y su eslogan del sexenio pasado, inalcanzable: “Vivir mejor”. A veces llena ese tinaco una pipa que manda el gobierno municipal de León.

En la bodega se quedan algunas mujeres, como Imelda, que acaba de parir en el hospital comunitario. Pero no descansarán. Dada la inseguridad que afecta esta y otras regiones del estado, ellas hacen labor de vigilancia: “Si no, roban todo”.

Barretos pasó de ser una zona segura a un lugar que los grupos de migrantes pasan de largo. Prefieren buscar en otra parte casas en renta, porque aquí se han reportado, en los años recientes, muchos robos cometidos por jóvenes de la localidad. Los pobladores reconocen que hay un severo problema de adicciones.

Marginación y delincuencia

En la estancia Casa Na’Valí, el niño de Cristina juega con el grupo que es cuidado durante las tardes por dos mujeres de esta comunidad, Vicky y Araceli. El sitio fue abierto por la asociación civil Centro de Desarrollo Indígena Loyola para atender a los hijos de los migrantes agrícolas en esta temporada. La comunidad prestó la casa ejidal y la asociación costeó pintura, vidrios nuevos, malla perimetral y lámparas.

Otras mujeres, contratadas por la asociación, atienden en el horario matutino a 20 o 25 niños y niñas. El programa incluye a jóvenes que prestan su servicio profesional para dar atención escolarizada por las mañanas, y una dieta especial para paliar la desnutrición que presentan la mayoría de los menores.

El Centro de Desarrollo Indígena Loyola es una de las principales organizaciones civiles que atienden a esta población en el estado. Hace cuatro años convocó a mujeres de Barretos para echar a andar un proyecto de recepción a las familias de indígenas migrantes, a fin de reducir la discriminación que sufren y hacer lo posible por integrarlas, especialmente a las mujeres. Con ellas también se realizan talleres de perspectiva de género sobre el cuerpo como territorio.

“Son dos proyectos relacionados directamente con la población jornalera, con niños y niñas, y las mujeres, que nos parecen los dos grupos más lastimados y vulnerados en todos sus derechos, para acompañarlos. El proyecto de Na’Valí inició como campamentos en los campos, para sacarlos de allí y darles atención educativa y nutrición, y este año con la casa para que estén bajo un resguardo seguro, digno”, explica a Proceso la directora del CDI Loyola, Giovanna Battaglia.

En contraste, la respuesta de los gobiernos en los tres niveles siempre ha sido deficiente y desarticulada, aunque han pasado ocho años desde que se detectó la presencia de los grupos originarios de Guerrero y Oaxaca en los campos de León, San Francisco del Rincón, Romita, Dolores Hidalgo, Silao, Manuel Doblado y Purísima del Rincón.

Con el pretexto de la veda electoral del año pasado y hasta la fecha, el gobierno federal no envía a nadie por aquí, señalan los jornaleros. Ni siquiera porque en censos como el de 2014 ya se contaban más de 3 mil de estos trabajadores en Guanajuato, 30% de los cuales son menores, de acuerdo con un estudio de David Martínez Mendizábal, investigador de la Universidad Iberoamericana en León.

Mónica, otra de las mujeres de Barretos que colabora en la estancia infantil como cuidadora, dice que este año les ha costado trabajo acercarse a las familias, pues casi todas llegan por primera vez. Las que vinieron en años anteriores no volvieron; ella cree que en parte por los robos.

Eso le ocurrió a la familia de Roberto, que sale de Huamuxtitlán, Guerrero, también a cortar chiles en estas tierras. Este año se instalaron en Romita, a unos 22 kilómetros de Barretos, donde consiguieron una casa para que se acomodaran sus padres, él con su familia directa, así como su hermano y su hermana con sus cónyuges e hijos.

“Es la segunda vez que me quedo en Romita –comenta–. A veces me quedo por Barretos, La Arsina, la Loma, por la Aldea. La renta está cara, tres mil pesos. Ya vamos para dos meses. No sé cuánto más dure el jale”.

Pero ahora también Barretos “se puso feo; hay mucho ratero. Entran en el día, cuando uno sale al trabajo. Los cabrones no trabajan porque están en la calle o en la casa. Cuando ven que no hay nadie, entran y se llevan lo que encuentren; lo venden en cinco pesos, diez pesos para su pinche cigarro”.

El año pasado, Roberto y sus hermanos casi sorprendieron a un ratero: “Cuando llegamos nos dijeron los niñitos que el cabrón había ido y los había asustado mucho. Fui a ver a su familia y le encargué que ya no fuera, porque no sabe de dónde somos y a dónde nos movemos. Si vuelve…”.

En el aire queda la advertencia.

Este grupo de migrantes asentados en Romita no ha visto al personal de salud ni a las maestras. Tampoco le tocó recibir el apoyo de 900 pesos por arribo, que entregaba la Sedesol, aunque sus padres todavía lo cobraron el año pasado.

Obstáculos a la educación

Según la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), este año contrató a 47 docentes para atender a un promedio de 500 menores, hijos de jornaleros en 19 comunidades de siete municipios. El 19 de junio eran 514, pero la cifra varía de un día al otro por la movilidad de los grupos.

Al personal le paga el estado, porque este año el gobierno federal no autorizó plazas ni contrataciones. También aquí se consiguen los libros de texto, pero no en sus lenguas (mixteco, náhuatl y tlapaneco), porque la Secretaría de Educación Pública no atendió la solicitud para enviarlos.

“No tenía yo idea de este problema cuando llegué a Guanajuato. Yo vengo de la Ciudad de México, completamente ajena a estas formas de operar, aunque se sabe que se mueven de un lado a otro, pero sin tener la percepción directa de qué es eso”, reconoce en entrevista con Proceso Yoloxóchitl Bustamante, exdirectora del Instituto Politécnico Nacional y designada titular de la SEG en septiembre pasado por el gobernador panista Diego Sinhué Rodríguez.

Según datos del propio CDI Loyola, en la región 1, con cabecera en Dolores Hidalgo, la SEG ha logrado un impacto en la cobertura educativa, mientras que en el resto de las zonas los resultados son irregulares.

La dependencia se enteró de este proceso por la delegada de la zona, Montserrat Bataller Sala, quien llegó en 2015. Desde entonces supo de la presencia de grupos numerosos hijos de jornaleros y habilitó horarios y personal para darles clases, que ahora abarcan desde educación inicial hasta secundaria.

Dos empresas chinas y una china-canadiense aceptaron colaborar con la delegada para habilitar o construir escuelas en las comunidades de El Ramillete, Montelongo y Jamaica, en Dolores Hidalgo. Incluso acordaron condicionar el empleo a los jornaleros: se lo dan sólo si los niños se inscriben a clases. De esa forma se les brinda atención a los menores prácticamente todo el año, no sólo durante los tres o cuatro meses en que sus familias se mueven de Guerrero y Oaxaca a Guanajuato.

Los primeros centros de atención se instalaron en Río Laja 1 y la comunidad de San Gabriel. En 2015, el primer año, tuvieron una cobertura de 130 niños y niñas en el turno vespertino en las propias escuelas de las comunidades.

Al año siguiente, el patrón en San Gabriel echó a las maestras y ya no permitió que se atendiera a los niños; desde entonces ha negado que haya menores en sus tierras, aunque las docentes saben que eso no es verdad. “Nuestros maestros cuestionaron las condiciones en las que estaban viviendo estos niños, se preocupan por la higiene, la alimentación, y los sacaron. Ya lo reportamos y van a entrar autoridades a ver eso”, dice la delegada de la SEG.

Ambas funcionarias admiten que se enfrentan a varios retos: el modelo educativo nacional, que no sirve para atender a esta población; la poca articulación entre los estados que reciben a jornaleros; la necesidad de ofrecer atención integral, es decir, que incluya actividades recreativas, físicas y culturales, además de ampliar el acceso a las niñas ante la resistencia de sus familias a que continúen sus estudios después de los 10 años; además de la problemática de la sexualidad temprana, a través de la cual los adolescentes adquieren el estatus de jefes de familia y pueden trabajar.

En San Francisco del Rincón, más de 90 de estos migrantes ocupan el albergue Benito Juárez, construido entre 2015 y 2016 por el gobierno federal con recursos del Programa de Apoyo a Jornaleros Agrícolas (PAJA). Muchos provienen de Cochoapa el Grande, Guerrero, donde –dice uno de ellos– “no hay trabajo, nada”.

El lugar es sostenido por el gobierno municipal, que le paga 2 mil pesos al encargado, quien se queja del vandalismo de algunos vecinos.

Hay varios cuartos, cada uno con dos o tres familias, y dos áreas comunes con literas. Los que no caben se instalaron en tiendas de hule en el patio, junto a las tres mesitas donde dos jóvenes maestras egresadas de la carrera de Pedagogía dan clases por la tarde a unos cuantos de los más de 30 niños y niñas que actualmente viven ahí.

En las áreas comunes, sobre el pasillo que forman las filas de literas, dos carpas de malla cubren a dos muchachas hincadas en cartones cubiertos de cobijas. Lupita tiene dos recién nacidas a las que alimenta por turnos; y Martina, de 17 años, acaba de dar a luz una niña a la que quiere llamar Cecilia.

Las tres niñas nacieron a fines de mayo, en esas carpas…

Este reportaje se publicó el 7 de julio de 2019 en la edición 2227 de la revista Proceso

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