Washington recupera el control de la Triple Frontera sudamericana

Mike Pompeo, secretario de Estado estadunidense y el canciller argentino Jorge Faurie, durante un encuentro en Buenos Aire. Foto: AP / Natacha Pisarenko Mike Pompeo, secretario de Estado estadunidense y el canciller argentino Jorge Faurie, durante un encuentro en Buenos Aire. Foto: AP / Natacha Pisarenko

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pasado 19 de julio el secretario de Estado estadunidense, Mike Pompeo, asistió en Buenos Aires al 25º aniversario del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y encabezó, al mismo tiempo, la II Cumbre Antiterrorista del área latinoamericana.

Ahí, aunque no hay una investigación conclusiva, se ratificó la línea oficial que adjudica el ataque contra la AMIA –y otro anterior contra la embajada de Israel en 1992– al grupo chiita libanés Hezbolá, apoyado por la legación diplomática iraní en la capital argentina. Coincidentemente, la Casa Blanca autorizó la publicación de documentos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), según los cuales “no existen dudas acerca de la autoría de Hezbolá con el apoyo de Irán”.

Sobre esta base, el presidente Mauricio Macri incluyó a Hezbolá en el listado argentino de organizaciones terroristas. De inmediato, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, lo telefoneó para agradecerle el gesto. Y también el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, lo elogió al considerar que esta inclusión facilitaría el rastreo de las redes financieras del grupo y la identificación de sus representantes.

Tras rubricar que Hezbolá mantiene “una presencia fuerte y amenazante” en el Cono Sur, en la cumbre contra el terrorismo el secretario Pompeo llamó a todos los gobiernos de la región a seguir el ejemplo argentino, y consideró que “entramos en una nueva era en cuanto a la cooperación entre Estados Unidos y los países latinoamericanos”.

El documento final de la reunión fue firmado por los ministros de Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, ante la presencia como observadores de México, Uruguay y el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE).

En ese documento se hace un llamado a la cooperación regional para combatir “el extremismo violento y la radicalización de la violencia”, y se incluyen algunas “sugerencias” de Washington como elaborar registros de personas y organizaciones sospechosas; aprovechar las nuevas tecnologías (con compra de equipos y asesoría técnica avanzada); intercambiar información de inteligencia, sobre todo financiera; y monitorear movimientos y patrones de conducta que indiquen vínculos con grupos de la delincuencia organizada nacionales o trasnacionales.

El primer aterrizaje concreto de esta iniciativa ha sido la creación de un “grupo de coordinación antiterrorista” para vigilar la Triple Frontera que traza el río Paraná entre Argentina, Brasil y Paraguay, y que habrá de reunirse antes de este fin de año en Asunción, para establecer su estructura y líneas de funcionamiento.

Reputada como una zona sin ley, el área ostenta también otros valores geoestratégicos. Según la Enciclopedia Latinoamericana, detenta, por ejemplo, el tercer yacimiento subterráneo mundial de agua dulce. Alimentado por la cuenca hidrográfica del Paraná, el llamado Sistema Acuífero Guaraní abarca alrededor de un millón 200 mil kilómetros cuadrados, y también abastece parcialmente a la represa de Itaipú, una de las más grandes del orbe; agua y electricidad son sus dos principales aportes.

Pero la fertilidad de su suelo circundante también ha llevado a explotaciones intensivas. Así, la deforestación avanza, mientras se expande la industria maderera y se introducen cultivos de soja transgénica a gran escala; una planta que no es apta para el consumo humano, contamina la tierra con pesticidas y acelera la desertificación, pero que se transforma fácil y rápidamente en biodiésel.

Todo ello en medio de una actividad frenética entre Ciudad del Este (Paraguay), Puerto Iguazú (Argentina) y Foz do Iguazú (Brasil), cuya población es variopinta. Muchos son guaraníes o de otros pueblos autóctonos, pero también se han asentado grandes comunidades de origen árabe, sobre todo libaneses, y también núcleos importantes de europeos, dando paso a un fuerte mestizaje. Se calcula que la población del área pasó de apenas 60 mil habitantes en 1971, cuando se construyó la represa de Itaipú, a casi 700 mil en 2001; y sigue creciendo.

Con fronteras historicamente abiertas, que rara vez exigen papeles, esos habitantes comparten actividades económicas, sociales y culturales. Aunque el mayor intercambio se da entre Ciudad del Este y Foz do Iguazú. Diariamente se calcula que entre 30 mil y 40 mil personas, y 20 mil vehículos, cruzan el Puente de la Amistad entre Brasil y Paraguay. Y anualmente, las transacciones comerciales entre estas dos ciudades pueden alcanzar hasta los 15 mil millones de dólares, la mayoría en efectivo.

Tales condiciones han propiciado un cúmulo de actividades ilegales, que incluyen el tráfico de drogas, armas y personas, así como el lavado de dinero, el contrabando de toda clase de mercancías comunes, el fraude con tarjetas de crédito y la piratería de marcas y productos. Todo ello cobijado por una corrupción institucional rampante, que se hace de la vista gorda o se beneficia directamente de las ganancias.

Según fuentes policiales de los tres países, hay delincuentes autóctonos de Argentina, Brasil y Paraguay. Sin embargo se han encontrado grupos delictivos de territorios tan disímbolos como Chile, Colombia, Córcega, Ghana, Libia, Italia, Costa de Marfil, Nigeria y Rusia. Pero las mafias más activas son las de chinos, coreanos, taiwaneses y libaneses. Y es entre estos últimos que se ubica a personeros de Hezbolá, que de esta manera se allegarían fondos para sus actividades terroristas.

Junto con su perfil delincuencial, la Triple Frontera siempre ha sido también un foco de interés geopolítico. Aparte de sus enormes recursos naturales, ya desde la época de las dictaduras militares en Sudamérica constituyó un punto crítico para la contrainsurgencia, mediante la coordinación de los tres países limítrofes dentro de la Operación Cóndor, para evitar evasiones de guerrilleros y opositores, pero también para cazarlos y desparecerlos.

No obstante, con la caída del bloque comunista, los ataques contra intereses judíos en Argentina y, sobre todo, los atentados de septiembre de 2001 en Estados Unidos, el radar viró hacia un nuevo enemigo: el terrorismo islámico. Casi inmediatamente Washington empezó a presionar a los países sudamericanos para establecer bases militares en la Triple Frontera, arguyendo que, además de Hezbolá, células de Al Qaeda se habían establecido en esa zona. Luego, en 2003, se puso en marcha el Mecanismo de Seguridad Tres más Uno, que debía coordinar a Argentina, Brasil y Paraguay con Estados Unidos.

Pero ni las bases ni el mecanismo prosperaron, porque en esa coyuntura una mayoría de gobiernos sudamericanos se orientaba a la izquierda, y vio en ello una maniobra injerencista que amenazaba su soberanía nacional. El único país que aceptó un acuerdo con Estados Unidos fue Paraguay, que autorizó la presencia permanente de militares estadunidenses en su territorio, para “realizar ejercicios de entrenamiento y reconocimiento geográfico y social”.

Desde luego el Pentágono quería más. Un cable filtrado por Wikileaks y al que tuvo acceso el diario argentino Página/12, da cuenta de que el embajador de Estados Unidos en Brasil, Clifford Sobel, instaba en 2009 a revitalizar el Tres más Uno, “como única forma de mantener un pie dentro de las discusiones de seguridad regional… puesto que el gobierno brasileño está empeñado en construir una arquitectura de seguridad en Sudamérica que no incluye a Estados Unidos (por ejemplo, los grupos de seguridad del Mercosur y el Consejo Sudamericano de Defensa de Unasur).

Pero ahora esa orientación política ha cambiado y los gobiernos sudamericanos, sobre todo los directamente implicados, han virado a la derecha. Y Washington no ha desaprovechado la coyuntura para revivir su estrategia de seguridad en la región y, concretamente, en la Triple Frontera. Y en ese esfuerzo no está solo.

En mayo de este año se celebró en Foz do Iguazú la segunda reunión de jefes de policía de Interpol en América del Sur. En ella se aprobó casi lo mismo que en la junta de cancilleres de Buenos Aires: combatir el terrorismo y la delincuencia organizada nacional y trasnacional. Y para ello se acordó modernizar los cuerpos policiales, más apoyo operativo y en trabajo de investigación, ampliar el uso de las bases de datos y la red de comunicación entre las oficinas regionales, y renovar los equipos tecnológicos e informáticos.

Como para recrear la situación, en marzo pasado la cadena Netflix estrenó una película titulada precisamente Triple Frontera. No se filmó ahí, pero alude inequívocamente al lugar. En ella, veteranos de guerra y exmiembros de fuerzas especiales de Estados Unidos se unen esta vez para robar a un rico narcotraficante. Si bien el actor Ben Affleck sostuvo que intentan no seguir estereotipos, su colega guatemalteco, Óscar Isaac, opinó que se trataba de “una gran parábola acerca de las intervenciones militares estadunidenses alrededor del mundo. Ellos van a un lugar y manipulan a la gente diciendo que van a hacer algo positivo, que entrarán y saldrán pronto y con muy pocas pérdidas humanas; pero eso luego continúa por años”.

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