GUANAJUATO, Gto., (apro).- Por unanimidad, el Congreso local aprobó en periodo extraordinario una reforma al Código Penal del estado para tipificar el delito de “uso indebido de información y colaboración delictiva”. La sanción es hasta de 13 años de prisión para civiles o servidores públicos relacionados con tareas de procuración, seguridad o administración de justicia que incurran en ese ilícito conocido como “halconeo”. “Es preocupante cuando el crimen recurre a la población en general para realizar esta indigna labor, es incluso peor cuando los informantes son servidores públicos que traicionan, en primer lugar, a sus propios compañeros, a la ley y la confianza de los ciudadanos. Estos traidores no pueden estar libremente por las calles poniendo en riesgo a más personas, convertidos ya en deleznables tentáculos del monstruo de la delincuencia”, soltó en tribuna la presidenta de la Comisión de Justicia, Cristina Pérez Alcalá. Los 34 integrantes de la Legislatura local que asistieron a la sesión del periodo extraordinario --de 36 en total-- votaron a favor de la reforma que adiciona el Capítulo 1 del Código Penal estatal, según la propuesta presentada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), que es mayoría en el Congreso. La reforma impacta en el artículo 222 A y adiciona un 222B en el Capítulo de “Información para que se cometa un delito”. Para los civiles, la pena sería de máximo 10 años y para servidores de hasta nueve años, pero si éstos están relacionados con las tareas de seguridad, procuración o administración de justicia, alcanzarían los 13 años de prisión. En forma específica se contempla proporcionar información con el fin de entorpecer el cumplimiento de las acciones de ejecución de penas y funciones de seguridad, procuración e impartición de justicia. El artículo 222B incluye penas para quienes informen y también para aquéllos que pretendan obtener información sobre las actividades de las mismas instancias con el objetivo de cometer crímenes. El recurrir a menores o incapaces, o utilizar equipo que interfiera las comunicaciones institucionales, serán agravantes en el caso de exservidores que incurran en el delito tipificado. “De lo que se trata con esta reforma es de proporcionar a la sociedad guanajuatense una herramienta jurídica, efectiva, para castigar el halconeo, y dejar claro que quienes traicionen la confianza de los ciudadanos y de las instituciones enfrentarán todo el peso de la ley”, afirmó la presidenta de la Comisión de Justicia al presentar los argumentos de la bancada panista para impulsar la tipificación del delito y la sanción carcelaria. Añadió: “Guanajuato puede y debe volver a ser el ejemplo de seguridad y de certeza que ha sido durante muchos años; no nos vamos a acostumbrar a la violencia. (Esto debe ser) Un reflejo de la unidad de Guanajuato en la encomienda de recuperar la tranquilidad de nuestros municipios”. Endurecen castigo por robo a mano armada En la misma sesión extraordinaria, también por unanimidad se aprobó otro dictamen relativo al mismo Código Penal para endurecer la sanción de prisión a quienes cometan robos a mano armada –con cualquier tipo de arma--, de cinco años establecidos hasta este día a ocho años. Según el diputado priista Hugo Varela Flores, en 2018 se cometieron 43 mil robos de este tipo en la entidad, cifra por la cual se colocó en el cuarto sitio nacional en este delito. La iniciativa, de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), incluyó eliminar la posibilidad de que en los casos de robo a mano armada se reduzca un tercio de la pena si se cubre la reparación del daño a la víctima. “Consideramos erróneo y adverso que un Código Penal como el nuestro, aunque de corte garantista, en el que se establecen normas de carácter punitivo, existan garantías, beneficios o cualesquiera que se le parezca a favor de los delincuentes… no existe motivo suficiente para que éstos lleven a cabo este tipo de hechos delictivos en perjuicio de terceros”, señaló el grupo parlamentario priista en su exposición de motivos. También alegó que “la mentalidad que prevalece en la mayoría de los agentes del Ministerio Público es la del menor esfuerzo, ya que buscan archivar la mayoría de las carpetas de investigación, mediante la conciliación de las partes o la inhibición a la parte ofendida para que se busque una pena ejemplar, lo que conlleva a desalentar a las víctimas a denunciar y a los testigos a participar ante la falta de una adecuada atención y la evidente pérdida de tiempo”.